¿Qué tiene que ver Freirina con la descentralización? Mucho. El problema se origina en un proyecto autorizado por las autoridades ambientales regionales y que debe ser fiscalizado a ese nivel. Pero, al igual que en Pelequén hace un mes, o en Aysén un poco antes, la gente en regiones sabe que el poder para resolverlo no está en el alcalde o en el intendente, sino que en el gobierno central, en Santiago. Por eso, resulta más efectivo implementar medidas de presión para lograr convocar autoridades del nivel central, que lograr soluciones a nivel regional o local.

Como señaló el Presidente en 2010, el centralismo asfixia a Santiago y a nuestras regiones. Pero el “aire” que se requiere no sólo se compone de recursos económicos, sino que también implica arrebatarle poder al nivel central y trasladarlo a regiones y comunas. Se necesitan mayores recursos, porque gran parte de los fondos que se deciden a nivel regional están condicionados desde el gobierno central y porque los municipios terminan subsidiando, con dineros propios, el déficit que les produce implementar las políticas diseñadas desde el nivel central. Es por ello que aumentar el FNDR, crear el Fondo de Inversión y Reconversión Regional o incrementar el Fondo Común Municipal son avances importantes.

Sin embargo, autoridades regionales o locales con mayores recursos, pero con el mismo poder actual, seguirán siendo percibidas como débiles y carentes de las facultades para resolver los problemas de fondo. En este ámbito, no ha habido avances significativos durante este gobierno. Hay tres proyectos de ley (elección de consejeros regionales, traspaso de funciones al gobierno regional y probidad y personal municipal) que todavía se encuentran en un estado muy incipiente de avance y que abordan muy tímidamente la transferencia de poder que se requiere. Se necesita y es urgente un cambio de paradigma en la distribución del poder en el país, que fortalezca el nivel regional y comunal. De lo contrario, los ministros en regiones seguirán siendo necesarios para resolver todos nuestros problemas locales.

En general, las iniciativas se fundan en razones atendibles, como promoción de hábitos saludables, entrega de información a los consumidores y necesidad de dirigir la publicidad de ciertos productos a los adultos. Junto con ello, profundizar en la solución de fondo, que no es otra que educar. Sin embargo, las buenas intenciones vienen con restricciones cuestionables, como regulaciones que tienden a emitir juicios más que a informar sobre el contenido de los productos o advertir de los riesgos del consumo excesivo. Un tema aparte es la comida no envasada, que difícilmente cumplirá los estándares de exigencia que se imponen, lo que puede afectar gravemente a las pymes.

Sobre el tabaco, se prohíbe el placement o inserción de un producto en la narrativa de un programa. Cabe preguntarse si ello permitiría censurar películas que contengan imágenes de fumadores o cigarrillos, lo que es un exceso, con indicios de inconstitucionalidad. Aunque en el texto actual se aplicaría sólo al placement financiado por las tabacaleras, se genera un problema de prueba y fiscalización de la norma a las producciones extranjeras.

La prohibición de fumar en colegios u hospitales es adecuada, pero en otros sitios debe regir la lógica de las zonas diferenciadas, en consideración no sólo a las inversiones efectuadas por los empresarios gastronómicos, sino a la libre elección de los adultos de acudir o no a esos locales.

Respecto del alcohol, se prohíbe la publicidad directa o indirecta en actividades deportivas y merchandising, que no permite incluir advertencias o disociar la marca del producto. Se prohíbe también la publicidad en actividades destinadas a menores, planteando la pregunta de si, por ejemplo, una viña auspicia un espectáculo cultural, los menores podrán o no asistir.

Así, este tipo de regulaciones parten del supuesto de que la vida sana es un imperativo del todo incompatible con aquello que, en torno a la mesa, da alegría y sabor a la vida de las personas. Al menos habemos algunos que pedimos al Estado dejarnos la sal…

Cuando los presidentes los construyen, se reiteran patrones de estilo que nos remontan a cientos de discursos más o menos invariables a las circunstancias, lo que genera una sensación de familiaridad que exaspera hasta a las más nobles y resistentes almas republicanas. Los discursos presidenciales, en definitiva y a estas alturas de la historia, resultan incomprensiblemente sobrevalorados.

Todos ellos contienen —esencialmente— medias verdades, trasuntan algún grado de invención literaria, comunican predecibles concesiones populistas, expresan aquello que Goffman llamaba “la presentación de la persona en la vida cotidiana” y, algo mucho más interesante que lo anterior, en el caso del discurso del Presidente Piñera, exhibe inconfundibles huellas de su identidad.

Así, frente a las críticas por la ineptitud, él ofrece una apelación a la emoción. Recordemos no obstante que, desde la recuperación de la democracia, los discursos han comenzado recurriendo a la victimización como fuente de compasión de las audiencias. Podríamos decir, a manera de resumen de esa idea, que “la culpa no es mía, sino de la naturaleza”.

En conjunción con lo anterior, el Presidente descalifica la controversialidad presente en la praxis política chilena, desconociendo una facción importante de opiniones en filosofía política, desde los griegos a Jacques Ranciere, por nombrar algunos, que elevan la controversialidad a fuente de la democracia.

La solicitud de perdón es otra de las huellas de identidad en el discurso. Como todo acto intencional, la solicitud de perdón debe adecuarse a ciertas reglas para que la aceptemos como un legítimo acto de habla; por ejemplo, que sepamos cuáles son los actos por los que se nos pide que excusemos al sujeto de la solicitud. Pero en el discurso tampoco es el que habla portador de la culpabilidad de esos errores, dado que pide el perdón en primera persona plural; es entonces un colectivo de personas las que yerran, y acto seguido, es sólo uno el que solicita las disculpas. Esto es, el estatus del solicitante nunca baja al ámbito de quienes son culpables de los errores por los cuales se pide perdón. Así, más que un acto de contrición moral, en las formas, parece un acto de cortesía. Y en tanto acto de cortesía es bastante descortés, porque recae en el receptor la necesidad de otorgar el perdón a ciegas, no hay en el solicitante la identificación de la materia a perdonar, ni su identificación con los culpables del error, ni la comunicación del arrepentimiento.

En los temas internacionales se ha demostrado que es posible la construcción de modelos de integración entre Estados cuando se comparten principios y objetivos. Hoy existen diversas relaciones de asociatividad entre países que incorporan tanto a los entes estatales, como al sector privado en proyectos compartidos. Es la idea central que da vida a acuerdos con objetivos comerciales y otros de muy diversa naturaleza.

Este tipo de pacto que genera ganancias para todas las partes es el que Chile esperaría poder construir con sus vecinos. Nuestra vocación para tejer acuerdos es incuestionable. De ello da cuenta la amplia red de vecindad virtual que se ha concretado incluso con países muy distantes, como Australia, China, Islandia, Malasia y otros.

Sin embargo, y pese al empeño desplegado para lograr el mismo tipo de vínculo con los vecinos reales, ello ha resultado más complejo y con menores resultados. Algunos manifiestan que a nuestro país le falta vocación de integración, argumentando que optamos por apostar a confines lejanos, olvidando el vecindario. Hay muestras de que eso no es así. Lo evidencia la apuesta de capitales chilenos que han invertido en la región. Al respecto, a diciembre de 2011, la inversión chilena directa en países de América Latina alcanzó a los US$ 52.469 millones, lo que representa el 83,7% del total de capitales chilenos en el extranjero.

Las recientes decisiones de la Presidenta Fernández y del Presidente Morales reflejan la razón de fondo que dificulta un proceso de integración vecinal potente. Argentina y Bolivia han optado por modelos de corte populista que los llevan a prácticas arbitrarias y a generar incertidumbre sobre su actuar. Así, se dificultan los proyectos compartidos en energía, integración física u otros de carácter estratégico.

Los principios y formas que tiene el modelo chileno son absolutamente diferentes a aquellos que inspiran a estos gobiernos de nuestros vecinos. Al país se le hará difícil aspirar a una potente relación vecinal que a todos beneficiaría. Pese a ello, creo que Chile debe persistir en la búsqueda de acercamiento y construcción de confianzas, partiendo del supuesto básico que es tarea de dos. 

Hace pocos días visitó nuestro país el ex presidente del Perú, Alan García. Vino invitado a dictar conferencias al sector privado, fue recibido al más alto nivel por nuestras autoridades y compartió con buena parte de nuestra dirigencia, .

Llaman la atención sus declaraciones formuladas a un matutino -"no echar combustible a la hoguera"- en relación al diferendo de La Haya. Resulta curioso que el ex presidente del Perú llame a la prudencia y al buen trato, soslayando que fue su gobierno el que inició el litigio. El que encendió la hoguera.

Esta actitud paradójica, o en el mejor caso frívola, de parte de un ex mandatario que no se hace cargo de sus actos y de sus dichos, no ayuda. Es comprensible que peruanos y chilenos tengamos diferencias, así como también tenemos amplios acuerdos. Pero eso se basa en el diálogo franco, en el cual lo que se dice en privado también se sostiene en público. Peruanos y chilenos tenemos que dialogar; es más, vamos a convivir por siempre en el mismo barrio y necesitamos construir un futuro. Para lograrlo, se requiere que nuestra relación se impregne de seriedad, respeto y franqueza.

Siempre es bueno conversar, pero para que el diálogo sea fructífero, debe ser franco. El ex presidente acostumbra tener estos desplantes y, a veces, radicales cambios de giro. Entre ellos, la vez que nos llamó "republiqueta", así como la otra, en la cual al general que nos ofendió pública y groseramente, luego de anunciar un castigo, lo dejó impune. La lista es larga. Pero no sólo respecto de nosotros. Promete lo que no tiene, como lo hizo con Bolivia, al ofrecerle un puerto y una "base naval" en Ilo.

Frente a ello, también llama la atención la actitud de nuestro establishment, que ignora y soslaya lo anterior. Pareciera que cualquiera puede ofendernos, demandarnos y nosotros seguimos como si nada, sin responder, sin poner límites, dándole escucha y ofreciéndole tribuna.

Chile es un país que ofrece una mano amiga desde el sur a todo el mundo, que no demanda ningún centímetro cuadrado de otro país. Hemos transparentado nuestra política de defensa y queremos construir un futuro basado en la democracia, la paz y el respeto al derecho. También en el legítimo derecho de toda nación a defender lo propio. Fortalecer la democracia y construir nación y República implica asumir visión de Estado en nuestras relaciones exteriores, con serena firmeza. 

La medida ha sido criticada porque beneficiaría a los que pueden pagar los colegios de sus niños y que, en el contexto global, son un grupo reducido. La crítica no toma en cuenta que las rebajas sólo pueden aplicarse a quienes pagan impuestos y no a quienes están exentos de ellos. Estos sectores, los de menos recursos, gozan de ayudas y subsidios que se financian con cargo a los impuestos que pagan los de mayores ingresos. En cambio, las personas que, no siendo millonarias ni mucho menos, ganan sueldos propios de clase media, no califican prácticamente para ningún subsidio estatal y son proporcionalmente más impactadas por la carga impositiva; mucho más que los titulares de grandes fortunas que tributan a través de sociedades.

En vez de criticar esta medida de mayor justicia tributaria, habría que recomendar su ampliación. Pueden añadirse otros incentivos que, sin mayor impacto en la recaudación, pueden reconocer el aporte que hacen las familias a la sociedad. En España y otros países europeos existen, por ejemplo, rebajas por los mayores gastos que para un matrimonio representa un mayor número de hijos: reducción de impuesto a las familias numerosas. Una iniciativa como ésta podría contribuir (sin ser determinante, se entiende), a que nuestra tasa de natalidad no siga descendiendo.

Otra medida sería terminar con la discriminación que existe contra el régimen de sociedad conyugal. Resulta increíble que se siga manteniendo un castigo tributario para quienes se casan en comunidad de bienes. Hoy día en el Congreso se tramita un proyecto que moderniza y hace más igualitaria la sociedad conyugal. Estamos, entonces, en el momento propicio para incluir en la reforma tributaria una modificación a la norma que establece que el cónyuge que administra se entiende dueño exclusivo de todo el patrimonio social, que en realidad pertenece a ambos. En suma, debe terminarse con la situación absurda que se da en el presente, de que tributariamente conviene más estar separados de bienes o convivir sin casarse que optar por el régimen de sociedad conyugal, siendo éste el que mejor refleja la comunidad de vida que implica el matrimonio.

Queda claro que hay mucho terreno para avanzar hacia un mejor tratamiento tributario de las personas de ingresos medios y en beneficios que impulsen a las familias. El Ejecutivo y los parlamentarios pueden hacer que la valoración de éstas no se quede en los discursos y se traduzca en hechos efectivos. 

Lo sucedido en Juan Fernández es una tragedia y, como todas, sus personajes principales se ven involucrados de manera misteriosa e inevitable a un destino de muerte o destrucción moral. Así, son sacrificados a objeto de generar la catarsis necesaria para satisfacer la demanda de verdad y justicia que los espectadores reclaman.

Ciertamente hay mucho dolor. Chile perdió a personas de indudable valor simbólico, profesionales de la televisión, voluntarios de una causa noble como la ONG “Desafío Levantemos Chile”, la tripulación y, nada menos, casi todo el personal del departamento de comunicaciones de la institución, los que durante muchos años acompañaron a los medios, proporcionándoles el transporte para hacer posible y grato el cumplimiento de su misión. El viaje a Juan Fernández no era una excepción. Era lo habitual. La disponibilidad permanente de la FACh para estar presente en donde se le necesita.

¿Hubo errores comunicacionales? Por supuesto que sí. El principal, según mi opinión, fue el prolongado silencio de la institución para referirse pormenorizadamente a las múltiples aristas que el caso fue develando. El sentido común nos dice que, sobre todo en una circunstancia como ésta, cuando los que deben hablar no hablan, otros hablarán por ellos. Este ha sido el caso. Las víctimas y sus abogados tienen el derecho de exigir respuestas a interrogantes que les ayuden a sobrellevar la tragedia y, por qué no, recabar las pruebas para futuros juicios. Los medios se deben a sus audiencias, y por lo tanto buscarán siempre llenar vacíos informativos para responder a la demanda de éstas.

Terminado el sumario interno y faltando todavía las conclusiones del ministro en visita, nos queda la sensación de que la falta de acompañamiento a las víctimas y la ausencia de una estrategia comunicacional que hubiese tenido como centro el convertirse en la principal fuente de información para los medios, han dejado un vacío de confianza difícil de restituir.

En esta tragedia perdimos a muchos. Lo doloroso para nuestra Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica es que en ese vuelo iban también nuestros ex alumnos: casi la totalidad de los integrantes del departamento de comunicaciones de la FACh.

Por todos y, especialmente por ellos, llamamos a hacer el esfuerzo de no cortarle las alas a esta institución permanente de la República, que, a pesar de sus caídas, quiere y debe seguir siendo querida y respetada.

Esto, además, permite sondear en línea el nivel de gestión de la organización; es decir, saber si finalmente el presupuesto agrega —o desagrega— valor público, con todas las consecuencias motivacionales (o desmotivacionales) que esto conlleva. El valor público no es otra cosa que la percepción de los beneficios por parte de la ciudadanía, menos los costos en los cuales se debió incurrir para obtenerlos. A no confundirse: la determinación del valor final no se realiza en función de la ejecución presupuestaria ni por el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Lo atribuye la ciudadanía.

Pese a los múltiples instrumentos y metodologías del management para conocer el nivel de gestión de una organización y a sus usuarios, nada puede reemplazar el contacto genuino de un directivo público con sus clientes. Su importancia e insuficiencia en la gestión pública actual han sido relevadas por autores como Mario Waissbluth en su texto “Gestión del cambio en el sector público”, quien la conceptualiza como la caverna de Platón: en su exterior cohabitan los policy makers, directivos públicos y sus ideas, mientras que en su interior, lo que realmente ocurre en la atención al ciudadano, esto es, el clima laboral, los tiempos de espera y la duplicidad en la petición de antecedentes, entre otros. La información relacionada con este último contexto es de difícil acceso para quienes están a la cabeza de los servicios del Estado, por sus múltiples responsabilidades y un alto costo-oportunidad, sumado a los bajísimos incentivos estatales para intencionar este tipo de conductas. Son circunstancias perfectas para que lo recóndito de ese espacio interior de la caverna se mantenga en esa condición. 

El binominal creó una brecha con raíces muy profundas, que requieren un tratamiento igual o incluso más a fondo que el que se quiere dar a la educación. Ello pasa por modificar los amarres de nuestro pasado reciente para contar con una mejor democracia. De ahí el valor del acuerdo logrado en enero por la Democracia Cristiana y Renovación Nacional para comenzar a debatir una serie de reformas políticas: el exacerbado presidencialismo consagrado en la Constitución; modificar el sistema electoral binominal, que muestra signos definitivos de falta de legitimidad, y avanzar en descentralización.

Hasta ahora, las restantes fuerzas políticas y el propio Gobierno han preferido invalidar o mirar desde la distancia este debate, que ya tomó forma concreta con el primer taller de trabajo impulsado por el Centro Democracia y Comunidad y el Instituto Libertad, los dos centros de estudio ligados a la DC y RN mandatados para avanzar en este acuerdo. Una nueva cita, el próximo viernes, que convocará a los equipos técnicos de cada partido, busca seguir avanzando en dar forma a los cambios que la ciudadanía pide y a los que muchos siguen haciendo oídos sordos.

Lo más fácil, desde la perspectiva del Gobierno, sería conformarse con un sistema de primarias financiado y organizado por el Estado, una nueva ley que permita regular y hacer más transparente y participativo el sistema de partidos políticos y la elección directa de los consejeros regionales. Todos, avances que estarán en plena marcha para cuando Sebastián Piñera deba dejar La Moneda.

Sin embargo, el camino difícil, ese de dejar el palco para integrarse a las soluciones, podría ser el que más frutos le rinda a la hora del adiós. El Gobierno ha insistido en que no respaldará una propuesta meramente testimonial; esto es, sin un acuerdo político de carácter nacional. Ese es precisamente el flanco en el que los expertos del Gobierno pueden tomar la iniciativa y dar señales concretas en el sentido de facilitar, más que entrampar, los pasos que se den desde la DC y RN. Por ejemplo, buscando en la otra mitad de la Alianza espacios para debatir este acuerdo con mayor flexibilidad que la cerrazón exhibida hasta ahora. Que demuestren que, aunque con dificultad, su coalición sigue viva y puede sacar adelante iniciativas de esta altura, en beneficio de todos. Hay que ver quién del Gobierno será capaz de tomar el desafío. 

Se observan en este ámbito cambios más significativos, aunque se echa de menos una línea que dé coherencia a la reforma. Es lamentable el alza del impuesto a las utilidades retenidas, ya que se deshace lentamente el camino recorrido hacia un sistema tributario basado en impuestos al consumo, preferibles a los impuestos a los ingresos por no desincentivar el ahorro y la inversión. Sin embargo, se debe reconocer que la medida permite un trato más equitativo entre las rentas provenientes del trabajo y las del capital, aunque lo ideal hubiese sido acercar el tratamiento dado a las rentas del trabajo hacia el que se da a las del capital, y no viceversa.

La acogida de la propuesta de descontar parte de los gastos en educación es una buena noticia, ya que constituirá un incentivo a la inversión en capital humano, verdadero motor del desarrollo. Además, este tipo de medidas permite aumentar tanto la eficiencia como la equidad del sistema tributario.

Mejoran la eficiencia porque, al reconocer el carácter de inversión que tienen ciertos gastos y asociar rebajas tributarias a ellos, se acerca el sistema a uno que grave el consumo por sobre el ingreso. En este contexto, la inclusión de otros tipos de inversión en capital humano, como los gastos en salud, hubiese permitido mejorar aún más la eficiencia

También estas medidas mejoran la equidad, al permitir que, entre familias con el mismo nivel de ingresos, aquellas que tienen más hijos paguen menos impuestos. Es evidente que una familia conformada por 5 integrantes y con un ingreso de $1 millón al mes no es igual de rica -o pobre--que una que tiene el mismo nivel de ingresos pero compuesta sólo por dos personas. El problema es que los gastos asociados a un integrante adicional van mucho más allá de los pagos de matrículas o aranceles por concepto de educación. Para abarcar el problema en su totalidad, la Fundación Jaime Guzmán presentó una propuesta de tributación conjunta, transitando desde una visión individual hacia una que reconozca el carácter de unidad fundamental que tiene la familia en la sociedad y que considere sus ingresos per cápita en lugar de los ingresos totales.

Raya para la suma, no queda claro si el saldo es positivo. Tendremos que esperar a ver cómo sale el proyecto del Congreso. 

Con la primera vuelta, los franceses y toda Europa fueron sacudidos por el alza de la derecha ultra conservadora, con el 18% del Frente Nacional. La sorpresa que todos esperaban no fue el Frente de Izquierda de Melenchon, sino Marine Le Pen, la que se presenta como futura líder de la oposición y quien ya está concentrada en la «tercera vuelta», las legislativas de junio.

Francia nos ha enseñado los valores republicanos, con un modelo político de participación ciudadana y una igualdad social sin precedentes gracias a un próspero Estado de Bienestar. Pero en los últimos veinte años perdió competitividad y la economía, anquilosada, no crecía ni un 3% anual. ¿Ha fracasado el sistema republicano? ¿Es Sarkozy el «Príncipe» temido o una víctima política de la coyuntura económica?

El sucesor de Chirac ganó en 2007 prometiendo grandes cambios para promover el empleo y la competitividad, pero se encontró con las primeras protestas de jóvenes que se negaban a aceptar la reforma laboral. Desde entonces, los cambios han venido acompañados de sucesivas protestas contra la flexibilización del mercado laboral, las privatizaciones, el trato vejatorio a trabajadores inmigrantes y la reforma del sistema de protección social.

Para los franceses, no ha sido suficiente que Sarkozy haya liderado la integración europea junto a Merkel, salvando al euro de la hecatombe y a Grecia de una salida incómoda de la zona. Tampoco parecen tener en cuenta que, gracias a sus planes de austeridad, haya mantenido la confianza internacional en el mercado francés y tenga el déficit fiscal a raya. Ese buen manejo de la crisis y su reconocimiento internacional de hombre fuerte marcan a la sociedad francesa y podrían ser su fuente de esperanza para la segunda vuelta de este domingo. El Mandatario se encuentra frente a una encrucijada: obtener los votos de Le Pen y los del centro, y combinar un mensaje humanista con uno ultra conservador.

Mientras, el favorito -François Hollande- gana popularidad gracias a un discurso populista en el que las promesas electorales superan la ficción. Impuestos sin precedentes para los más ricos, ayudas sociales para los pobres, miles de puestos de trabajo para los jóvenes y atrasos en las jubilaciones. La inexperiencia política y la falta de carisma no parecen determinantes para un candidato que hace un año pasaba desapercibido. Y aunque su Partido Socialista perdió mucho del llamado «voto obrero», que pasó a Le Pen, espera recuperarlo con un guiño hacia una política de inmigración más restrictiva.

Las cartas están echadas y, como en toda presidencial, lo importante es que gane la República.

Que la participación laboral femenina aumente en nuestro país es, sin duda, positivo, pues favorece la autonomía económica de las mujeres, contribuye al crecimiento y a enfrentar el problema del envejecimiento. En ese marco, la jornada parcial se vuelve hoy relevante, toda vez que podría estar incrementando la incorporación de la mujer al trabajo remunerado.

La sustitución del artículo 203 del Código del Trabajo (que establece el pago de sala cuna en el caso de empresas con 20 o más trabajadoras), anunciada por la autoridad, podría impulsar el crecimiento de este tipo de jornada, ya que se trata de una norma que desincentiva la contratación femenina y obstaculiza el tiempo parcial.

Pero, no obstante los beneficios de continuar expandiendo la participación laboral femenina a través de la jornada parcial, se observan algunos signos preocupantes. Una proporción muy alta de este tipo de empleos son precarios. Según la Casen (2009), la informalidad ascendía al 25% del total de ocupadas en el caso de las trabajadoras en jornada completa y a 67% en el caso de aquellas que lo hacen en jornada parcial.

Además, una alta proporción de trabajadoras que laboran bajo esta última modalidad lo es involuntariamente: 53% querría trabajar más horas. A su vez, las respuestas de inactivas que querrían participar del mercado de trabajo en jornada parcial reflejan un descalce entre expectativas y salarios efectivos (estudio Voz de Mujer, de ComunidadMujer). Estos últimos son entre 20% y 40% más bajos de lo esperado por las entrevistadas para dejar su condición de inactividad. Y ello es más serio en el caso de aquellas con menor escolaridad, quienes podrían tener que movilizarse durante horas para trabajar por montos menores a los 120 mil pesos cuando esperan salarios superiores a 150 mil.

Hoy debemos analizar en qué medida la jornada parcial es el mecanismo para incorporar al mundo del trabajo a un grupo de mujeres que de otro modo no lo haría. Y cuánto de ese crecimiento responde a la falta de empleos en jornada completa para un segmento no insignificante de mujeres.

La primera vuelta fue leída como una sanción al quinquenio de Nicolas Sarkozy y a su estilo frenético de “híper-Presidente”, que terminó cristalizando todas las hostilidades. Con un 27,18% de votos, Sarkozy obtiene efectivamente el segundo peor resultado logrado por un presidente saliente. Cabe sin embargo matizar su derrota en el contexto de una crisis económica de máxima magnitud, a pesar de la cual logró ubicarse 7 puntos arriba de Chirac en 2002 y cerca de Giscard d’Estaing en 1981. El desempeño electoral de Sarkozy no pareciera serle tan adverso como el nuevo escenario político, que permite augurar su no reelección. Por un lado, el bloque de izquierda registró un crecimiento inédito desde 1995 (44%); por otro, el 17,9% alcanzado por el Frente Nacional convirtió a Marine Le Pen en posible líder de una derecha popular y radical, lista para consolidarse sobre las ruinas de la UMP. Un 44% del electorado francés no se reconoció en los dos partidos de gobierno, lastrados por la doble crisis de la mundialización y de Europa, y un tercio expresó un rechazo a una mundialización no obstante ineluctable. En este contexto, es comprensible que François Hollande destaque por defecto como el hombre de las circunstancias. Una encuesta Ipsos de abril lo mostraba de hecho en sintonía con los valores mayoritariamente “rousseauistas” de los franceses, opuestos a una competencia descarnada y preocupados por salvar el modelo social. Al respecto, una de las principales preguntas que se planteará al próximo presidente de Francia es cómo mantener un nivel excepcional de gasto público —que resultó ser a menudo ineficaz para resguardar el contrato social— en una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.

Así, la comunicación oficial de los resultados no será realizada por la autoridad política, lo que debiera permitir un avance en la objetividad y rigurosidad con que se enfrenta este análisis. Hoy es común encontrarse, cuando los resultados no son los deseados, con argumentos donde se responsabiliza a problemas “estructurales”, impermeables a las políticas, si no directamente a las autoridades anteriores. En cambio, cuando se obtienen buenos resultados, resulta que son las políticas en curso las que están produciendo ese movimiento positivo. Esta actitud, que confunde a la opinión pública y no contribuye a construir una imagen clara de los cambios educativos y sus razones, debiese acabarse con la Agencia.

Esta nueva organización institucional también debiera contribuir a disminuir el riesgo de políticas improvisadas. Lo común es que, frente a cada Simce con “malas noticias”, el ministro de turno aparezca con un conjunto de medidas “bajo la manga” que supuestamente resolverán las deficiencias en el corto plazo. Al poco andar, nadie recuerda estas “soluciones”, que suelen desviar la atención sobre lo importante y crean la falsa ilusión de que las deficiencias en el aprendizaje de nuestros alumnos o en las capacidades de nuestros docentes son cuestiones de fácil despacho.

Además, la concentración de la tarea evaluativa en una institución especializada debiera permitir un mejor uso de estos resultados. La evidencia internacional indica que, más allá de la presión que estas pruebas traen consigo, su aporte real pasa por la capacidad que tengan de transformarse en información útil para cada comunidad educativa, generando un impulso hacia una “accountability interna”. La Agencia, que no debe responder por el éxito o fracaso de las políticas vigentes, estará más libre para romper el actual desequilibrio a favor de un Simce “termómetro” del sistema en su conjunto, pudiendo poner más el foco en estas mediciones como herramienta útil para la mejora de cada escuela.

En abril o mayo de 2013, cuando el futuro director(a) de la Agencia de Calidad dé a conocer los resultados del próximo Simce, podremos apreciar si efectivamente la nueva institucionalidad significará dar un salto en la comunicación y los usos de esta estratégica información.

El tema está entregado a la Justicia, además de la investigación sumaria respectiva. Son las instancias llamadas a establecer los hechos y determinar las responsabilidades. La actitud de todos los ciudadanos y de todas las instituciones ha de ser una sola: ponerse a su disposición y proporcionar todos los antecedentes.

El incidente ha permitido también apreciar algunos aspectos de la relación civil-militar. Asumamos que la normalización de ésta, lograda con el aporte de muchos sectores a lo largo de muchos años, constituye uno de los mejores logros de nuestra historia reciente y se transforma en uno de los pilares de nuestra democracia. Por lo mismo, entre todos tenemos que cuidarla.

La mejor forma de hacerlo es cumplir con los roles. Las FF.AA. no participan en política; son disciplinadas y jerarquizadas. El poder político se relaciona con ellas a través de la cadena de mando. A su vez, cuando desde diversos sectores se plantean requerimientos legítimos hacia las instituciones, son las autoridades civiles de esa cadena las que deben intervenir.

La cadena de mando no funciona a través de los medios, y un escalón no está separado del superior, sino bajo su mando. Cuando las autoridades llamadas a representar a las instituciones ante requerimientos de la sociedad se transforman en inquisidoras, estamos dejando a las segundas en la indefensión pública. Con ello se afectan las confianzas, aunque se puedan ganar titulares.

La conducción de la defensa es uno de los deberes básicos del poder político. Y no implica sólo un desafío de política pública, sino también de liderazgo estatal. En estos días, en que se han visto decisiones políticas equivocadas, como el intento de privatización del desminado en la frontera ante presiones foráneas, es de lamentar que no se cumplan los roles de la relación civil-militar y predominen los intereses de corto plazo.

Todos queremos y deseamos justicia y transparencia: dejemos a los tribunales su definición. En cuanto a la relación entre instituciones armadas y poder político, es del todo conveniente abandonar los afanes de coyuntura y elevar la mira, como el vuelo del cóndor, mirando en profundidad, con las alas enarcadas.