M. Inés de Ferrari-Moisés Sánchez


M. Inés de Ferrari-Moisés Sánchez
Acceso a la información: ¿Podemos sacar cuentas alegres?

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, hay avances para sentirnos orgullosos como país y elementos en los que estamos en deuda. Por una parte, el Consejo para la Transparencia (CPT) se ha ido consolidando con un modelo de gestión eficiente y abierto, ha dictado fallos que van marcando jurisprudencia y, a nivel internacional, Chile se presenta como uno de los países que ha tenido avances importantes en esta materia. Sin embargo, tanto los datos que entrega periódicamente el CPT como los recabados por organizaciones de la sociedad civil dan pie para no quedarnos en la autocomplacencia y nos obligan a enfocar la atención en dos aspectos fundamentales.

El primero es el bajo nivel de conocimiento que la ciudadanía tiene de la ley y, específicamente, del CPT. Según un estudio encargado por la misma institución, sólo alrededor del 20% de los encuestados ha escuchado hablar o sabe de la existencia del Consejo y la ley. Lograr la promulgación de esta última fue un hito que marcó el comienzo de una nueva etapa en el país. A su vez, casos como el del puente mecano en el Biobío han ayudado a poner a la transparencia en la agenda pública. Sin embargo, esto no asegura que la ciudadanía se eduque sobre este derecho que, además, permite el ejercicio de otros. Desde esta perspectiva, es fundamental una estrategia de difusión masiva que explicite la aplicación práctica de la ley, de manera que el sistema esté, efectivamente, a disposición de todos.

En segundo lugar, es de toda relevancia que el Consejo cuente con la fortaleza institucional y el respaldo presupuestario necesarios, así como que también tenga una participación más activa en la dirección de la política pública de transparencia y acceso a la información. Para ello se requiere profundizar las políticas de control, monitoreo y fiscalización, y perfeccionar los mecanismos de coordinación con el Poder Ejecutivo y las municipalidades. En este sentido, es positiva la firma del convenio de cooperación para la generación de un portal único de transparencia, entre el CPT y la Segpres

Pero todos estos objetivos se transformarán en una meta lejana si el Consejo no cuenta con el piso legal para una mayor incidencia en la acción de los órganos públicos. Lo anterior plantea la necesidad de estudiar mecanismos que garanticen la independencia, autonomía y efectividad de este órgano, en especial los presupuestos plurianuales y la autonomía constitucional.

Para avanzar hacia una «cultura de la transparencia» es necesario que los discursos acerca de la defensa e importancia de estos derechos sean coherentes con acciones concretas.

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