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Recientemente el Ejecutivo ingresó al Congreso una iniciativa que plantea compensar en dinero a los municipios por la instalación de proyectos eléctricos en sus comunas. Con ello se busca propiciar la sustentabilidad ambiental, compatibilizando el desarrollo y la necesidad de mayor oferta energética, con los efectos locales y globales que generan los proyectos. Para esto se establece un pago único de 270 UTM de beneficio municipal por cada MW de potencia instalada, a todos quienes instalen un proyecto de generación en el SIC y en el SING. El pago se incorpora al patrimonio municipal y estos recursos deberán destinarse a obras de desarrollo.

Los mecanismos de compensación actuales, regidos por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, son poco flexibles: sólo se limitan al reemplazo o restitución de los recursos afectados y no permiten compensar directamente a los afectados. Ello ha generado un sistema informal de negociaciones al margen de la institucionalidad y que depende del poder de las partes.

Pero no obstante el correcto fin de la iniciativa, no logrará sus objetivos. Ello, debido a que no discrimina entre diferentes tipos de centrales, en circunstancias de que los impactos dependen fundamentalmente de la alternativa de generación elegida, de la población afectada y también de la tecnología escogida.

El pago de compensaciones debe estar ligado al tipo y magnitud de la externalidad que se produce, por lo que no parece correcto resolverlo con medidas de carácter general. Adicionalmente, se asume que toda obra de generación impone un costo a la localidad donde se instale, lo que es discutible: también pueden existir externalidades positivas asociadas. Finalmente, respecto del pago de un monto de dinero por MW, se ha discutido lo inapropiado de la medida porque representa un costo adicional para las empresas debido al costo financiero involucrado (los recursos pagados serían devueltos posteriormente mediante créditos fiscales).

Además, se está legislando respecto de un sector en particular, siendo que no es el único que genera externalidades no compensadas, y hay instrumentos más eficientes que permitirían reducir el impacto de esas externalidades. Así, podría estudiarse la conveniencia de aplicar impuestos directos, o bien, la posibilidad de crear derechos de compensación transables. Esto último requeriría crear derechos de propiedad entre los involucrados y el diseño de sistemas de negociación que minimicen los costos de transacción.