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Durante los últimos años se ha avanzado una enormidad respecto de la institucionalidad de las políticas macroeconómicas. Las dos décadas de autonomía que recientemente cumplió el Banco Central son un reflejo de ello. Ningún candidato discute sobre la conveniencia o no de un Central autónomo. Esto es especialmente notable si se analiza en detalle que una institución como ésta es una «camisa de fuerza» que se autoimpone el Estado para que el gobierno de turno no pretenda financiar sus déficit mediante inflación.

Incluso ahora se ha logrado un amplio consenso respecto de la regla de superávit fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal, no sólo desde el punto de vista macroeconómico, sino también como mecanismos de protección social.

Lamentablemente, no pasa lo mismo con las políticas sociales. Si bien se ha avanzado notablemente en expandir la cobertura de los programas, intentando crear un red de protección social efectiva, la institucionalidad en que se desenvuelven las políticas tiene vacíos evidentes.

Todavía se discute respecto de la pertinencia de Mideplan como organismo evaluador de las inversiones públicas. No tenemos buenos indicadores de seguimiento ni tampoco objetivos explícitos y exigibles de las políticas sociales, e incluso algunos de ellos, como los indicadores de pobreza, son calculados por el propio gobierno que ejecuta las políticas. No contamos con una buena «camisa de fuerza» que impida al gobierno de turno expandir rápidamente la cobertura de un programa que ni siquiera ha probado su efectividad mediante un piloto, o que incluso puede estar mal evaluado. Tampoco tenemos cómo impedir que el gobierno de turno privilegie la cantidad de beneficiarios de un programa (que otorga dividendos electorales en el corto plazo) en vez de la calidad del programa propiamente tal (que muchas veces otorga beneficios en el largo plazo, como la educación preescolar).

Las políticas sociales parecen el «pariente pobre» de las políticas públicas en cuanto a construir institucionalidad. La lista de ejemplos es larga, pero la de soluciones discutiéndose, corta.

Una institucionalidad adecuada para las políticas sociales no sólo garantiza un criterio técnico, sino que les da continuidad, desfasándolas del ciclo político. Esto es clave en áreas que requieren reformas de largo plazo, como educación, que tantos dolores de cabeza nos ha provocado por estos días.