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Viernes 17 de Febrero de 2012
¿Y dónde está la Concertación?

Entre las imágenes de la ONEMI aquel 27/F volviendo a acaparar la atención y la omnipresencia del ex ministro Vidal tomándose los micrófonos como en sus mejores tiempos de vocero, ésta ha sido una semana con bastante de déjà vu. Algo inevitable tras la decisión de la fiscal Solange Huerta, de pedir formalizar, entre otros, a un ex subsecretario del Interior y a una ex directora de la ONEMI por su actuación frente a la mayor catástrofe sufrida por el país en lo que va del siglo: una determinación cuyos alcances van mucho más allá de las responsabilidades individuales de los imputados, al reabrir el que debe ser, para la Concertación, uno de los más incómodos debates: la discusión sobre el modo en que la administración Bachelet y la propia ex mandataria se manejaron ante la catástrofe.

Porque, con independencia de las (lógicas) intenciones de algunos por sacar provecho político del caso, el registro de aquella noche —captado por un camarógrafo de la propia ONEMI que esta semana dio su testimonio en La Segunda— resulta en sí mismo tan demoledor como la más feroz de las críticas.

Y en ese contexto, aparece especialmente revelador el casi solitario protagonismo asumido por Vidal estos días, no sólo reivindicando su propia actuación el 27/F (y el rol allí de las FF.AA.), sino transformándose en el gran contradictor del oficialismo en el tema...

Efecto verano. Es ya una tradición la ausencia de figuras políticas durante febrero y ello en parte explica que —aun contando los casos del mismo Vidal, sus ex colegas Bitar e Insulza, el ex asesor Carvajal y algún diputado o dirigente— sean muy escasas las voces levantadas hasta ahora para defender a Bachelet. No cabe duda de que, en otra época del año, la «operación blindaje» ya estaría desplegada. Y es que la ex mandataria es también la más segura candidata presidencial del bloque, su gran factor unitario y en rigor la única que le ofrece perspectivas ciertas de regresar a La Moneda. En esas circunstancias, y con el oficialismo decidido a pasarle la cuenta y a hacer de éste un tema de campaña, parece inverosímil la debilidad de una respuesta opositora donde incluso algunos de los miembros de su gabinete que estuvieron con ella el 27/F mantienen hasta ahora silencio, para no hablar de los líderes partidarios. Pareciera, en cierta forma, que la Concertación se preparó para enfrentar el nuevo aniversario del tsunami con la esperable artillería de críticas al Gobierno por la reconstrucción, pero que, con el cambio de escenario provocado por la fiscal Huerta, simplemente se quedó sin libreto. O bien, que el bloque sigue confiado en la incombustibilidad mostrada hasta ahora por Bachelet en las encuestas; después de todo, aunque ya inmediatamente después de la catástrofe de 2010 la ciudadanía se formó un juicio crítico de lo obrado por las autoridades, ello no produjo variaciones en la adhesión a la ex mandataria, de modo que muchos pueden creer que ahora tampoco ocurrirá nada. Habría allí un razonamiento plausible, pero también una apuesta arriesgada y, sobre todo, la confirmación de que, como estiman los analistas, hoy por hoy el bloque opositor poco aporta y hasta se vuelve un lastre para la ex jefa de Estado.

La duda de fondo. Pero incluso al margen de cualquier efecto sobre la performance de Bachelet en las encuestas, las imágenes del 27/F también implican un cuestionamiento para toda la Concertación. Las debilidades del aparato estatal para responder a la catástrofe, la falta de capacitación de funcionarios clave, los errores cometidos por personal de confianza y la paralización de las decisiones resumen bien una de las razones básicas por las cuales ese bloque perdió el poder en 2010: el agotamiento de cierto modo de ejercicio de la función pública (qué tanto se haya cumplido la promesa de Sebastián Piñera de instaurar una «nueva forma de gobernar» es otro asunto). Y si las formalizaciones pedidas por Huerta vuelven a poner en primer plano el tema, la ciudadanía puede preguntarse con razón si la coalición opositora está en condiciones de garantizar que ese estilo de gestión ya una vez repudiado no volverá a repetirse. Un compromiso difícil, cuando los niveles de renovación en el bloque han sido menos que discretos y ni siquiera hubo capacidad para concordar con el oficialismo un informe en la Cámara de Diputados que al menos asumiera las distintas responsabilidades políticas en el manejo tras la catástrofe del 27/F.

¿Un adelanto? Con una oposición política que evidencia esas debilidades, no es extraño que los mayores problemas para el Gobierno vengan desde otros frentes. Esta semana son las protestas en Aysén. Pero aunque la comparación más frecuente sea con el movimiento en Magallanes del año pasado (y los esfuerzos de La Moneda se dirigen a evitar que se repita el fenómeno), el conflicto en la XI Región plantea también otra arista. Con su heterogeneidad de dirigentes y demandas (desde reivindicaciones de los pescadores hasta reclamos estudiantiles y protestas ecologistas) podría constituir un verdadero adelanto de lo que los líderes universitarios (incluida una Camila Vallejo recién llegada de su gira a Europa) vienen anunciando desde hace meses: la intención de estrechar lazos con otras organizaciones sociales en un movimiento de protesta mucho más amplio que el de 2011.

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