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Miércoles 08 de Febrero de 2012
La FECh y la reforma al CAE

El nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, ha presentado un video en que la entidad plantea sus criterios sobre la entrega de créditos a los alumnos o sus familias por parte del Estado y critica los cambios que se han propuesto al llamado CAE (crédito con aval del Estado) para reducir la actual tasa de interés, objeto de un proyecto de ley en actual trámite parlamentario. Desde luego, cabe estimar esta iniciativa estudiantil como un paso positivo para precisar mejor sus demandas en forma razonada y, según manifiesta, abierta también al diálogo con las autoridades, actitud que ojalá se mantenga en adelante. La FECh no renuncia a su exigencia de gratuidad en la educación, pero declara saber que ello "no se logra de la noche a la mañana", lo que a lo menos abre camino a consensuar avances concretos.

Puede anotarse de paso que el tema del CAE afecta sobre todo a quienes optan a centros de estudio ajenos al Cruch que integra la Universidad de Chile, pues para los del 40% más vulnerable de las universidades tradicionales existe el Fondo Solidario, que ya cobra la tasa de interés del 2% que ahora se busca para el CAE, mecanismo éste de aplicación general. Ocurre, además, que (aparte del señalado proyecto que se debate en el Parlamento como fórmula de alivio inmediato a los estudiantes) ya ha estado trabajando la comisión de expertos, entre los cuales estaba el ahora ministro Harald Beyer, designada por el Gobierno para analizar a fondo el conjunto del sistema de becas y créditos en la educación superior, lo que no sólo abarca la disminución de dicha actual tasa de 5,5% sino asimismo otros elementos que inciden en el costo familiar de las carreras.

Así pueden mencionarse, aparte de ese monto, la posibilidad de unificar las numerosas modalidades del sistema, la consideración del ranking de notas de la enseñanza media como un factor del puntaje de acceso a las universidades, la revisión de las brechas entre los aranceles de referencia y los reales, y el eventual acortamiento en la duración de las carreras profesionales. Todo esto supone una labor compleja que debe conducir a las propuestas finales y al correspondiente debate público.

Sin embargo, ya es posible observar un cariz ideológico del video de la FECh -más allá de su demanda de gratuidad absoluta- en cuanto a la oposición frontal a que el CAE sea administrado por los bancos. La idea de que el costo "con plata de todos los chilenos" (y ya no sólo de las familias de los alumnos) que tendría la diferencia de la tasa actual y la futura sea un subsidio a la banca es errónea. Pase el crédito por el sistema bancario o lo entregue directamente el Estado, siempre el costo del aporte final será con fondos fiscales, y si se obligara a privados a darlo al 2% sin ninguna compensación se les impondría una pérdida neta que ha sido estimada en otro 2%. Lo que justifica la intermediación es simplemente su capacidad operativa en el otorgamiento de créditos (en este caso a una tasa fija predeterminada por ley) y en su cobranza, evitando crear para ello un nuevo mecanismo burocrático estatal. Por cierto, sí cabe evaluar si tal ventaja compensa los costos -efectivamente altos- que el actual sistema implica para el Estado, así como estudiar los alcances y efectos de eventuales fórmulas alternativas. El punto es que tal análisis debe ser pragmático y no partir rechazando a priori una opción simplemente por prejuicios doctrinarios. Tampoco la necesidad de ese análisis de fondo al sistema de créditos debiera obstaculizar el rápido avance de la iniciativa hoy en trámite y que apunta a aliviar desde ya la situación de los estudiantes y sus familias.

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