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“(…) no con mis manos, porque no somos delincuentes como ese desgraciado, pero voy a dejar hasta mi último aliento en no dejar esto impune”. Esas fueron las palabras del padre del menor de 5 años asesinado el pasado domingo por una bala que venía de atravesar y asesinar a otro menor de 16 que participaba en una reyerta de pandillas al interior de un microbús. La bestialidad del acontecimiento no puede dejar indiferente a nadie. Y bestial aparece también por su total sinsentido para el espectador neutral: según los testigos, una conversación entre dos grupos de jóvenes que coincidieron en el microbús habría subido de tono hasta que finalmente uno de ellos sacó un arma y disparó contra otro.

El padre del menor también se refirió al incumplimiento de las promesas del actual mandatario en relación con la reducción de la delincuencia. Es obvio que una tragedia como ésta no puede dar lugar al oportunismo político. Eso sería pedir públicamente que el Gobierno “cumpla con sus compromisos”. No se trata de pasar cuentas. Sin embargo, es necesario oponerse al creativo ingenio mediático que el Ejecutivo ha desplegado recientemente para explicar a la ciudadanía la falta de resultados en su área más pródiga en promesas: culpar al Poder Judicial porque no atiborra aún más el sobresaturado sistema penal chileno.

Pasa con la delincuencia lo mismo que con el lucro en la educación. El Gobierno se empeña en una visión simplista, que apela a los principios retributivos más toscos como factores de producción de eficiencia, que no sólo no pueden orientar las políticas, sino que no van solucionar (disminuir) el problema ni a corto ni a largo plazo.

La delincuencia sólo llega a ser problema público de primer orden en una sociedad sumida en la violencia, de la cual sólo es una de sus formas. Los altos índices de femicidio y abuso infantil son otras. Las desigualdades sociales extremas, que la gran mayoría de los chilenos aprecian diariamente y que tienen múltiples expresiones, son el entorno de la sociedad en donde se vive la violencia. Otra de las formas en que se manifiesta ésta la constituyen las pésimas condiciones del sistema carcelario. De hecho, uno de los acontecimientos más violentos ocurridos en los últimos dos años no fue obra ni de encapuchados ni de anarquistas. Ocurrió cuando, por irresponsabilidad del Estado, un incendio en la cárcel de San Miguel dejó 81 muertos. Todos los presos que perecieron en ese incendio pertenecían a los sectores más pobres del país.

Por supuesto que los jueces cometen errores, pero cualquier abogado sabe que no se debe someter a las personas, así como así, al apremio que significan medidas cautelares como la prisión preventiva y otras. Uno de los logros importantes de la democracia chilena, desde el fin de la dictadura , ha sido ampliar las garantías que tienen los ciudadanos frente a los desempeños del Estado. Detrás de este llamado a meter preso a todo el que comparezca ante un tribunal se esconde banalidad, populismo y un prejuicio clasista. Además, ¿qué de bueno ocurriría si las presiones sobre jueces y fiscales prosperan y se multiplica el hacinamiento de nuestras infames prisiones?

No se trata aquí de ser condescendientes con el crimen, como es la caricatura que le gusta a la derecha dibujar de quienes tenemos enfoques más sociales en este tema. El peligroso avance del narcotráfico como fuerza política y militar en Centroamérica y sus efectos devastadores avisa que en nuestro país debemos cerrar filas en una política activa en contra del crimen organizado. Pero una lección que nos deja esa experiencia es el error garrafal de concentrarse en la batalla policial. Aquello sólo escala la violencia. Ningún Estado puede afirmar que ha ganado la “guerra” contra el “narco”.

Necesariamente entonces la solución implica también oponerle políticas redistributivas.

Denunciar la violencia que vía explosivos y capuchas elude la política democrática, es también crucial. Pero no se deben amparar garrafales errores procesales ni la violación de derechos individuales. Nuestras instituciones se hacen genuinamente fuertes frente a amenazas y ataques cuando no temen la renovación constante de sus prácticas y establecen explícitamente el escrutinio permanente de representantes y mandatarios. Lo otro, la pura confrontación, así sola, no ha producido en ningún lugar del mundo mejores sociedades.