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Editorial
Miércoles 26 de Octubre de 2011
«Bloqueo» de colectivos: Un abuso inaceptable

Ya ayer en la tarde el presidente de la Confederación Nacional de Taxis y Colectivos había anunciado para hoy un paro de este último medio de transporte de pasajeros, que sólo en la capital afectaría la actividad diaria de un millón de personas. Esta mañana, en efecto, esos vehículos dejaron de cumplir su tarea habitual hasta después del mediodía y, a la vez, ocuparon en diversos sectores las principales vías urbanas con excepción de una pista, lo que en la práctica produjo en el sur de Santiago el bloqueo o un lentísimo avance de buses y de automóviles particulares, en especial en la Gran Avenida, Vicuña Mackenna y la autopista a San Antonio, así como en parte de la Alameda y varios puntos hacia el norte de la ciudad, además de diversos problemas en regiones, con las consecuencias predichas.

La razón de esta manifestación de protesta, invocada por los dirigentes del gremio, es la negativa del Gobierno a suprimir o rebajar el impuesto a los combustibles, tema sobre cuyas ventajas e inconvenientes se ha desarrollado un amplio debate en los últimos meses y ha formado parte de una negociación pendiente de ellos con las autoridades. Se señala que esto es una advertencia que el gremio está dispuesto a profundizar con otras medidas si no se acoge su petición. Ayer mismo, a raíz de un paro parcial el día lunes por quejas económicas de un grupo de choferes de buses alimentadores del Transantiago, pero también en conocimiento de la amenaza para hoy, el ministro de Transportes pidió que el Gobierno aplicara en este caso la Ley de Seguridad Interior del Estado (como, por lo demás, lo hizo en 2002 el ex Presidente Lagos), y de hecho así se anunció que se haría, lo que ha ratificado, desde Paraguay, el Presidente Piñera.

Es obvio que este movimiento está inserto en una oleada de demandas sociales —entre las cuales la de convocatoria más masiva y de larga duración es la estudiantil— que recurren como elemento de presión a la interrupción de actividades, propias o ajenas. En cada caso (y la protesta de la Confech y los secundarios no está libre de ello) se trata de defensas corporativas que, más allá de lo justo que puedan ser algunos de sus objetivos, privilegian el interés de una parte de la sociedad, prescindiendo o incluso perjudicando a otros sectores o al bien general. El que ellas tengan la capacidad de afectar la vida normal del país, y en cierta medida su economía y hasta su futuro, más aun cuando deciden o permiten utilizar métodos violentos, les otorga un injusto poder frente al ciudadano común, que carece de esa ventaja y que es de ordinario el que más sufre sus costos y perjuicios.

Es deber de la autoridad —sin perjuicio de atender oportunamente (lo que no siempre ocurre) las demandas sectoriales justas— proteger también de las desproporcionadas o injustas a quienes no pueden defenderse de este tipo de presiones, y lograr que el proceso se encauce por las vías institucionales. Tanto el alegato de que el uso legítimo de las normas vigentes o de la fuerza pública constituyen represión como la falta de claridad o de información suficiente de las políticas en curso en los distintos temas que se plantean, incluyendo el del orden público, dificultan una solución razonable. Pero ésta es una tarea de todos, que abarca por cierto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus órbitas respectivas, pero también a los medios de comunicación y a la ciudadanía, que suele dejarse presionar fácilmente por consignas y discursos de grupos de interés bien organizados. El compromiso de la autoridad de enfrentar con rigor el inaceptable bloqueo de hoy debiera constituir una señal en cuanto a la decisión de marcar con claridad los límites entre el derecho a expresarse y los actos que, en los hechos, constituyen un verdadero abuso de fuerza.


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