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Martes 04 de Mayo de 2010
Nueva oportunidad para debatir destino de La Nación

Pese a dichos previos de sus ministros, el Presidente Piñera volvió a abrirse ayer a la posibilidad de revisar la actual situación del diario La Nación, incluso considerando la opción de venderlo. Se trata de un tema en el que La Moneda ha dado señales oscilantes. Tradicionalmente, la postura de la Alianza ha sido la de cuestionar la posesión por parte del aparato público de medios de comunicación escritos. Ello, tanto por razones de principios (desde la subsidiariedad del Estado a la libertad de expresión), como por la experiencia práctica de un diario que, a lo largo de su historia, ha terminado siendo instrumentalizado sucesivas veces por gobiernos de muy distinto signo político.

Lo ocurrido en la última campaña electoral, cuya parcial cobertura originó duros roces de ese medio con el entonces abanderado de la centroderecha, hacía presumir que la nueva administración daría un corte definitivo al asunto. En lugar de ello, y pese a la posición favorable a vender expresada por numerosos líderes de la Alianza, el Gobierno tomó inicialmente otro camino: el de convertirlo en un periódico «ciudadano», entendiendo por éste uno que privilegie la información no política, en la idea de que así no sería instrumentalizable ni objeto de controversias. La factibilidad de tal proyecto es, sin embargo, discutible: es ya largo el historial de frustrados intentos —algunos protagonizados por destacadísimos periodistas, de reconocida valía profesional— por relanzar La Nación, los que finalmente siempre han terminado chocando con la permanente tentación intervencionista de las autoridades. Por cierto, incluso manteniendo una improbable línea de asepsia política, tampoco parece clara la justificación para que el Estado asuma como una de sus tareas la de editar medios «ciudadanos». De hecho, las áreas que, según se ha señalado, se pretendería privilegiar (deportes, cultura o policía), gozan hoy de amplia cobertura por parte del resto de la prensa.

Por consideraciones como ésas es que resultaba difícil de entender la persistencia de algunos de los altos funcionarios del gobierno en defender el status actual de La Nación. Máxime, cuando tampoco se trata de una actividad particularmente rentable para el Estado: lejos de ser un periódico exitoso comercialmente, sus utilidades como empresa se deben a su vinculación con el Diario Oficial, la cual a estas alturas no sólo es discutible conceptualmente (ambas actividades son perfectamente separables), sino que constituye un sorprendente —y discutido por algunos— buen negocio para los accionistas privados que, en porcentaje minoritario pero con acciones preferentes, participan en la propiedad de La Nación.

Tal vez la compleja situación contractual allí involucrada ha sido otro factor que ha desalentado la idea de resolver el tema de un modo claro. Con todo, la coyuntura generada tras el fallido nombramiento de un nuevo director para el diario, paradójicamente, parece estar sirviendo para que las autoridades reevalúen su postura y se decidan a tomar medidas de fondo.

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