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Editorial
Martes 02 de Marzo de 2010
Liderazgo

Las palabras de la Presidenta Bachelet hoy, asegurando que se aplicará “el máximo rigor de la ley” a los responsables de saqueos, no hacen más que reflejar el sentir de una población indignada ante los inaceptables hechos que se han sucedido luego del terremoto y tsunami del 27 de febrero. Inevitable es sin embargo, para quienes ya han sido víctimas de esa violencia —entre ellos, no sólo los dueños de grandes locales comerciales arrasados, sino modestos pobladores, incluso de la Región Metropolitana, que han pasado noches en vela defendiendo sus casas de posibles ataques—, sentir tardías esas declaraciones, como ha ocurrido con muchas de las reacciones posteriores a la catástrofe: desde la lentitud de la ayuda en las zonas más brutalmente afectadas por el sismo, hasta la transversalmente cuestionada (incluso por medios internacionales) demora en declarar estado de excepción constitucional e involucrar a las Fuerzas Armadas en la solución de los problemas.
En verdad, el terremoto del 27, si bien mostró a un país en muchos aspectos altamente preparado para enfrentar una situación de esta naturaleza, también dio cuenta de una serie de falencias impensadas.
Entre ellas, un sistema de comunicaciones que creíamos altamente desarrollado y que hoy se muestra particularmente débil, producto a su vez de los efectos del sismo sobre la distribución de energía; casos puntuales, pero muy preocupantes, de edificios modernos cuyas estructuras colapsaron, y hasta inesperados daños en autopistas concesionadas cuya modernidad nos enorgullecía.
A ello se agregan situaciones que lindan en lo insólito, como la polémica respecto de si hubo o no una adecuada alerta de tsunami por parte de la Armada (en pleno siglo 21 resulta a lo menos sorprendente que un fax sea la forma de informar ante riesgos inminentes) o la precariedad de nuestro sistema de instrumentos sísmicos, pese a que hace tres años se había anunciado su completa renovación. Tan grave como todo ello ha sido constatar los problemas de la autoridad para dimensionar desde un principio la magnitud de la catástrofe y ordenar todos los recursos para afrontarla.
Declaraciones como las del comandante en jefe de la FACh, señalando haber estado a la espera de órdenes que no llegaron, hablan precisamente de eso.
Por cierto, tales demoras resultan en parte explicables precisamente por los problemas ya señalados en los sistemas de comunicación, y a eso se añaden las dificultades del momento en que ocurrió la catástrofe, no sólo cuando buena parte de la población (incluido el aparato público) se encontraba de vacaciones, sino también cuando el actual gobierno está a días de concluir su mandato, lo cual estrecha su margen de maniobra. Se trata de una administración que —no obstante la derrota de la coalición oficialista en la última elección— finalizaba sus tareas con razones para sentirse exitosa, encabezada por una Presidenta que rompe récords de popularidad y que ahora ha sufrido un súbito cambio de agenda.
Evidentemente una emergencia como la que se vive era impredecible y nunca un gobierno se encuentra del todo preparado para afrontarla, pero precisamente ése es el sentido de los liderazgos: señalar un camino y, sobre todo, ofrecerles seguridad a las personas en un mundo cambiante e incierto, máximo ejemplo de lo cual es una catástrofe natural. Esa es la demanda latente tras fenómenos como los aplausos con que fueron recibidas las tropas uniformadas ayer en los barrios penquistas o el que vecinos de comunas santiaguinas se organicen para defender sus propiedades. Y es que ni traumas del pasado ni cálculos comunicacionales deben pesar más que el cumplimiento de la tarea básica del Estado, que es garantizar un orden público sin el cual resulta imposible recuperar cualquier normalidad. Recuerdos como la celeridad (48 horas) con que en 2004 se alistó el envío de tropas en misión de paz a Haití o el notable manejo el año pasado frente a la epidemia de gripe muestran un capital de eficiencia en nuestro aparato público que corresponde saber usar. Es de esperar que las palabras de la Presidenta marquen un punto de inflexión en ese sentido.


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