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Colodro, Max

Sebastián Piñera comienza a dar forma al equipo ministerial con que iniciará la gestión de su gobierno el próximo 11 de marzo. La semana pasada dio a conocer el nombre de los ministros y antes de este viernes estarán sobre la mesa las identidades de los subsecretarios. Es una etapa decisiva en la instalación del nuevo equipo, en la que el Presidente electo empieza a definir el perfil de su administración y a calibrar el tenor de sus definiciones políticas. Los ojos y la atención pública están puestos en el proceso en curso, pero ya es posible esbozar algunas líneas de análisis respecto de las decisiones concretadas.

Ha sorprendido la dureza con que senadores de la propia Coalición por el Cambio han reaccionado a los primeros nombramientos. Sobre todo, porque las críticas provienen de parlamentarios que tendrían o más bien tuvieron aspiraciones ministeriales; una alternativa posible que adquirió fuerza y visibilidad desde el momento en que la actual Presidenta decidió convocar hace un tiempo a una diputada en ejercicio a un cargo ministerial. Como se ha hecho manifiesto en estos días, el precedente fue a todas luces una mala señal política, una decisión que, si bien legal y constitucional, terminó borrando con el codo el sentido inherente a la representación parlamentaria; un escenario que a su vez deja a las directivas de los partidos en situación de poder reemplazar por secretaría aquello que han decidido los ciudadanos y, lo que es más delicado aún, que convierte a los parlamentarios en potenciales incumbentes en toda definición de un cargo ministerial. En rigor, la rabieta y el berrinche de algunos en estos días no tendría espacio ni legitimidad si no fuera precisamente por el mal precedente sentado por la actual administración. Si la decisión del nuevo mandatario apunta a corregir esa distorsión y a debilitar futuras pretensiones, el criterio de dejar fuera a parlamentarios electos o en ejercicio por sobre cualquier otra consideración es bueno para el sano equilibrio y la independencia que se requiere entre los poderes del Estado.

Otro hito de este nuevo gabinete ha sido el enorme peso de los independientes, que destaca frente a la presencia exigua de cuatro militantes de RN y cuatro de la UDI. Es, con seguridad, la apuesta más arriesgada de Piñera, una definición que echó por tierra la nociva lógica del cuoteo, pero que puede anticipar dificultades similares a las vividas por el gobierno de Bachelet al inicio de su administración. Con todo, y como anticipando lo que ya se observa como un maridaje difícil entre el Ejecutivo y sus partidos, Piñera dispuso en La Moneda un triunvirato destinado a concentrar y a canalizar el conjunto de la iniciativa política del gobierno. El perfil técnico y gerencial de la mayoría de los ministros sectoriales no tiene en este esquema mucho espacio para las definiciones estratégicas y ese será probablemente un área de posibles tensiones en la nueva administración. El peso político de un Hinzpeter, la experiencia y el manejo legislativo de Larroulet, y el bagaje en materia de análisis político y electoral de Von Baer no tienen hoy día correlato ni equilibrio posible en el resto del gabinete, ni siquiera en el ministro de Hacienda, tradicional factor de equiparidad entre la lógica política y la lógica técnica dentro de todo equipo ministerial.

En ese punto radica, quizás, uno de los nudos políticos más delicados que el nuevo gobierno deberá encarar desde el primer día. El eventual divorcio entre un equipo político omnipresente y un gabinete sectorial casi decorativo es un riesgo alto en una administración que tendrá una oposición políticamente dura, y donde los temas de gestión tenderán a un natural rezago en la agenda pública. La fuerza y el peso específico de los ministros de La Moneda es sin duda el principal acierto del primer gabinete de Piñera, pero bien pudiera ocurrir el efecto paradójico de que la iniciativa política termine a la larga por desdibujar los desafíos y los logros sectoriales, hasta el punto que la frondosidad del bosque impida ver los árboles. Un lujo que no se puede dar un gobierno obligado a mostrar logros tangibles, y cuyo principal desafío histórico es asegurar al menos una administración de continuidad.