Gonzalo Vial en la memoria (95)
Los últimos datos entregados por el Ministerio de Educación respecto de la matrícula prevista para este año en los establecimientos escolares municipales y particulares subvencionados, si bien no son definitivos, marcan un hecho simbólico al quedar en los segundos más de la mitad de los inscritos (el 51% frente al 40,4 que permanece en el sistema municipal). Sin embargo, lo verdaderamente significativo es que este resultado refleja un paulatino pero constante deterioro de la confianza de las familias en la educación pública, pues en el último decenio, año tras año y en forma continua, ella ha ido bajando del 53,1% de los estudiantes que tenía en 2001 al 40,4 actual. Sabemos que, apreciada en su conjunto y sin perjuicio de excepciones valiosas por el peso de las condiciones en que se desenvuelven, la educación en ambos tipos de escuelas está muy lejos de la calidad que se requiere, pero en todo caso hay diferencias entre ellas. En el último SIMCE el 77% del área municipal estuvo bajo la media en matemáticas, en comparación con el 49,5 de la subvencionada, y en lenguaje esas cifras fueron de 71,6 y 46, respectivamente. Asimismo, la reciente PSU arrojó puntajes promedio de 472 y 502 para los egresados de colegios municipales y particulares subvencionados. Sin duda esa brecha se debe en buena medida a un manejo más ordenado y eficiente de estos últimos establecimientos y a una labor docente de mejor nivel profesional, dentro de las limitaciones que a todos los afectan en mayor o menor grado, a partir de las carencias socioeconómicas y culturales La disminución de alumnos acarrea un menor aporte de subvenciones que agravará el ya cuantioso déficit municipal, y debido a ello en numerosas comunas se preparan para reducir su planta de docentes, lo que puede derivar en conflictos gremiales, pues el Colegio de Profesores demanda un cambio total en el sistema que favorezca precisamente a la educación pública y su propia situación material. Por otra parte, en la Concertación se busca una alianza con las fuerzas sociales que podría concretarse en torno a este tema, pues la ley de la Superintendencia está todavía pendiente en el Congreso, donde también se encuentra la controvertida iniciativa sobre educación pública que enviara la actual administración, lo que facilita ampliar el debate, y también la política educacional se halla entre las prioridades del nuevo gobierno. No parecen éstas las mejores condiciones para un análisis desapasionado y a fondo del problema, pero es muy probable que la crisis que tales antecedentes muestran dé a lo menos pie para que se inicie —ojalá sin las habituales presiones callejeras y más allá de la mera defensa de intereses corporativos— una discusión que es necesaria y que afecta a un factor decisivo de la vida nacional.