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Lo principal está resuelto: el Presidente electo volvió ayer al lago Ranco habiendo definido casi totalmente la estructura de su gabinete y el modo de plasmar los criterios de excelencia y no cuoteo comprometidos en la campaña. El martes —día del anuncio— se podrá evaluar qué tanto logró Sebastián Piñera satisfacer sus autoimpuestas exigencias y qué reacción tendrán los partidos que lo apoyan. Los mismos que, aunque han insistido en su pleno respeto a la autonomía del Mandatario, han vivido esta semana en permanente alerta. Seguramente, y hasta el anuncio, ese nerviosismo irá en aumento, a medida que se acumulen trascendidos, especulaciones y algunas señales concretas: las reuniones y llamados que en las próximas horas realizaría Piñera a sus elegidos.

Son días contradictorios, en que se ha visto al Presidente electo en deportivas imágenes veraniegas, pero también recibiendo visitas claves (por ejemplo, la de su probable ministro de Hacienda, Felipe Larraín), trabajando con su equipo de instalación y aun regresando a Santiago para un asunto de Estado y principal desafío de nuestra política exterior: la reunión con la actual Mandataria para informarse de la contramemoria que se presentará en La Haya.

Esa cita —cuyos protagonistas se trataron mutua y respetuosamente de «Presidenta» y «Presidente»— y las señales que allí se dieron —de continuidad en la línea de defensa ante la demanda peruana, no descartándose la mantención de algunos de los principales rostros a cargo— hablaron de unidad y espíritu de colaboración.

Pero, y otra de las contradicciones que se han visto, la semana también tuvo una cara menos amable, con acusaciones mutuas entre el actual gobierno y la Alianza, e incluso situaciones de difícil presentación pública.

Partidos en alerta. “Sería un error grave constituir una tecnocracia y prescindir del enfoque político”, advirtió Carlos Larraín, a propósito del inminente anuncio del gabinete, explicitando inquietudes que cunden tanto en RN como en la UDI. Allí algunos temen que sus propuestas hayan sido poco consideradas por Piñera y que al final predominen figuras de escasa trayectoria política. El riesgo, advierten, es caer en errores como los de la primera etapa de Bachelet, quien intentó marcar autonomía de las colectividades, pero al final tuvo que incorporar a ministros pedidos por su coalición para re-enrielar su gobierno. Eso, con la diferencia de que, mientras la actual Presidenta partía con un Congreso favorable, la próxima administración se inicia sin mayorías parlamentarias, lo que hace aun más necesaria una cuota de bagaje político. A ello se agregan las aprensiones que despierta la posibilidad de que en el gabinete se designe a distintos empresarios, como señalan ciertos trascendidos, donde algunos ven el riesgo de proyectar una imagen de poca diversidad para una administración cuya cabeza es él mismo uno de los emprendedores más destacados del país. A todas esas inquietudes no es ajena también una preocupación más prosaica: la de partidos a los que, tras dos décadas fuera del poder, resulta difícil resignar sus aspiraciones. En cualquier caso, y aun siendo fiel a su decisión de no caer en cuoteos, el Presidente electo deberá encontrar una forma de equilibrarse en este tema. De que tiene plena consciencia de ello da cuenta hoy Rodrigo Hinzpeter (su probable nombre en Interior), llamando a la calma a las colectividades y asegurando una decisión criteriosa.

¿Amarres desamarrados? No era la primera vez que el gobierno se involucraba en una millonaria campaña publicitaria para destacar sus programas sociales (ya hubo una el año pasado, en pleno período preelectoral), pero llamar a una licitación (por $150 millones) que pretendía mantener dicha propaganda hasta el 19 de marzo (aun luego de traspasado el poder a Piñera) pareció demasiado, incluso a miembros del propio Ejecutivo, al punto que dieron marcha atrás: ahora la campaña culminará el 10. Otro episodio de vuelta atrás fue lo ocurrido después de las denuncias opositoras sobre funcionarios a contrata en distintas intendencias, en cuyas renovaciones aparentemente se intentó eliminar la cláusula que permitía despedirlos antes del 31 de diciembre de este año, lo que hubiera dejado a la nueva administración impedida de removerlos, aun cuando fueran de confianza. El ministro (s) del Interior, no sin antes acusar de “histeria” a la Alianza, aseguró que ese cambio no se hará, de modo que el próximo gobierno contará con la suficiente flexibilidad para la conformación de sus equipos. Se trata de episodios que, amén de poco estéticos, dan cuenta de la particular tensión de un cambio político como el que se aproxima. A dicha tensión también contribuye la insistencia de los partidos oficialistas en pedirle al gobierno dejar enviados al Congreso (aun cuando no los alcanzará a tramitar) proyectos políticamente emblemáticos, como el de la AFP estatal, pese a que en el propio Ejecutivo no hay acuerdo respecto de su utilidad: una suerte de simbólico «amarre» legislativo para el próximo período.

La Presidenta logra un 83% de aprobación según la encuesta Adimark y es hoy el principal liderazgo de una golpeada Concertación, donde se la ve como carta para 2013, mientras el PS anuncia la decisión de «defender» su figura y no repetir el «síndrome Lagos». La extraña paradoja de marcar su peak justo el mes en que su coalición fue derrotada es objeto de hipótesis. Otros números del sondeo dan pistas: mientras la Presidenta es ampliamente «querida» y se aprueba el manejo económico y las relaciones exteriores, se califica deficientemente áreas como salud, educación y delincuencia. No parece aventurado estimar que las personas apostaron a que en estos temas Sebastián Piñera puede hacer una mejor gestión y que será en ellos donde se jugará el éxito o fracaso de un gobierno que empieza a configurarse.