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Es improbable que la ciudadanía acoja bien el lineamiento reiterado por algunos sectores de la Concertación en cuanto a rechazar la política de grandes acuerdos que ha postulado desde la noche misma del 17 de enero el Presidente electo, a descartar que sus militantes puedan aceptar cargos de responsabilidad en su gobierno, e incluso a amenazar con exigencia inmediata de renuncia a quienes los aceptaren. No resulta convincente aducir una incompatibilidad absoluta e insalvable para asumir responsabilidades políticas si se es de oposición, pues en democracias maduras y sólidas, como la estadounidense, el Jefe del Estado llama en diversas ocasiones a figuras connotadas de la oposición a cargos incluso del primer plano (de hecho, Barack Obama ratificó como secretario de Defensa a Robert Gates, designado por George Bush), sin que eso confunda al gobierno ni a la oposición. Aleccionador es también el caso de Francia. Allí el Partido Socialista siguió un camino parecido al que algunos quieren adoptar en Chile y expulsó de sus filas a Bernard Kouchner al aceptar éste asumir como canciller de Nicolas Sarkozy: una dura reacción que en nada ayudó a los socialistas franceses a superar la crisis en que quedaron sumidos tras ser derrotados precisamente por Sarkozy en 2007 y de la cual aún no logran recuperarse.

En algunas voces concertacionistas, el rechazo a participar ha recurrido incluso a presunciones descalificadoras. Según un personero de la DC, su colectividad busca “cambios que hagan justicia social, y no podemos ser parte de una coalición de derecha que lo que defiende son intereses”. Según una figura del PPD, el nuevo gobierno sería “un grupo novato, que se siente inseguro”, y llamar a concertacionistas al gabinete significaría “no entender el mandato que le ha dado la gente”. Parece difícil que estos enfoques expresen la percepción del electorado. Chile ha tenido positivas experiencias de acuerdos de gran alcance en los últimos 20 años, no circunscritos a la sola Presidencia de Aylwin —v. gr., en materias tributarias, en la reforma procesal penal, en educación, en previsión social, e incluso para remontar algunos efectos del desastroso Transantiago—, y ellos siempre han sido acogidos favorablemente por los chilenos. La noción de “unidad nacional” siempre será mejor recibida que el criterio contrario, y el grueso de la población tiende a no aprobar la conflictividad.

Tampoco es necesariamente coherente admitir sólo una eventual colaboración en asuntos internacionales —como ha ocurrido respecto del delegado presidencial para Haití, el ex ministro Juan Gabriel Valdés (PS), ratificado por Piñera en sus funciones con general beneplácito—. Lo internacional es obviamente de primera prioridad, pero muchas materias de política interna también lo son. ¿Cómo recibirían los chilenos un bloqueo concertacionista a una vigorosa política para erradicar la extrema pobreza, por ejemplo, sólo por originarse en el nuevo gobierno?

Tal vez la Concertación, ajena por tantos años a la experiencia de ser oposición, necesite más tiempo para evaluar su nueva realidad y decidir sus rumbos futuros. Entretanto, este énfasis en impedir toda participación de sus militantes en tareas públicas parecería ser indicio de cierta inseguridad relativa a que el “estilo Piñera” pueda seguir permeando sus filas en el centro político. Una ex ministra DC ha graficado esto diciendo que “el candidato que ganó fue porque logró penetrar nuestro electorado, y la DC no logró ser un buen dique de contención”.