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Sorprendió a algunos que, durante el último debate presidencial, el candidato Sebastián Piñera, en lugar de dar una respuesta afirmativa, señalara que, en caso de ganar los comicios, estudiará la conveniencia o no de que Chile apoye la reelección de José Miguel Insulza al frente de la OEA. Hasta entonces, los indudables méritos de Insulza —un político cuya trayectoria pública suscita transversal respeto—, junto a un cierto nacionalismo superficial —no muy distinto del que aflora cada vez que un chileno participa en una competencia deportiva— parecían haber vuelto este tema parte del repertorio de lo «políticamente correcto», donde simplemente no cabía otra opción que el respaldo decidido a la continuidad del actual secretario general hemisférico. La respuesta de Piñera el lunes dejó claro que el asunto, a lo menos, tiene aristas dignas de analizarse.

Cuando el ex ministro del Interior fue postulado para la OEA por el entonces Presidente Lagos, su candidatura se planteó como una apuesta por la revitalización de ese organismo. Se trataba además de una señal de compromiso con la región, en momentos en que se alzaban voces internacionales criticando a nuestro país por supuestamente desentenderse de ella. En esos términos, la candidatura generó verdadero consenso nacional, con todos los sectores apoyándola. Ya al frente de la OEA, efectivamente Insulza ha procurado cumplir el objetivo de reactivarla, mejorar su administración interna y asumir un nuevo protagonismo, con algunos logros frente a crisis que amenazaban a gobiernos democráticos. También, sin embargo, se ha hecho evidente la poca capacidad del organismo para actuar cuando son los propios gobiernos electos popularmente los que violan las libertades públicas (el caso de Venezuela es emblemático), lo que ha redundado en críticas para el secretario general por su supuesta debilidad frente al chavismo. Y aún más cuestionamientos le generaron sus actuaciones en la crisis hondureña, donde la rigidez de la postura adoptada por la OEA minimizó sus posibilidades de contribuir a una solución.

Situaciones como aquellas deben considerarse al hacer un balance de la gestión Insulza y evaluar la pertinencia de su continuidad. Tal como al plantearse su primera postulación, él mismo debiera explicitar ahora los objetivos para esa eventual segunda etapa, pero además precisando de qué modo buscará superar las debilidades evidenciadas, lo que exige reformas profundas en el organismo. Desde el punto de vista de Chile, en tanto, corresponde analizar de modo realista en qué medida el rol de un connacional en la entidad hemisférica compromete al país y lo obliga a mayores grados de involucramiento en situaciones potencialmente conflictivas, si bien sopesando aquello con la ya señalada e innegable necesidad de dar señales integradoras. La propia «campaña» para la nominación del secretario general tiene aristas complejas, como ya ocurrió en la primera candidatura de Insulza, que tuvo como efecto colateral un lamentable distanciamiento de México, que postulaba a su canciller.

Por cierto, poco han contribuido a la consideración de éste como un verdadero asunto de Estado algunas actuaciones del propio secretario general, quien nunca ha renunciado a seguir siendo un actor político interno. Si ello podía ser explicable cuando su nombre era mencionado como presidenciable, imágenes como la de él en diciembre haciendo campaña arriba de un camión junto al abanderado oficialista parecen del todo contraproducentes.