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Fontaine, Juan Andrés

La única manera segura de financiar la protección social y las inversiones públicas que ofrecen las candidaturas presidenciales es con un crecimiento vigoroso de la actividad económica y el consiguiente aumento de los ingresos fiscales. Pero como el crecimiento acelerado exige trabajo arduo y muy bien hecho, subir los impuestos puede parecer atractivo. La candidatura de la Concertación aboga por más y más Estado, y sabe que, tarde o temprano, ello significaría más y más impuestos. En su variante díscola, representada por la postulación del diputado socialista Enríquez-Ominami, aunque plantea ciertos cambios tributarios interesantes, a fin de cuentas también favorece una mayor tributación. ¿Tiene en verdad Chile espacio para elevar la carga tributaria sin dañar su capacidad de crecimiento?

Es frecuente justificar tal pretensión aduciendo que la recaudación tributaria en Chile, equivalente a más de 18% del PIB el 2008, según la Dirección de Presupuestos, es comparativamente baja y representa la mitad de la observada, en promedio, entre los países más avanzados, pertenecientes a la OCDE. Esta comparación es incorrecta. En primer lugar, porque es menester excluir de esta última a las imposiciones para la seguridad social, que en nuestro caso no constituyen un impuesto. Esto implica deducir en nueve puntos porcentuales la tasa comparable de la OCDE, a 27% del PIB. En segundo lugar, porque esos países son considerablemente más ricos que Chile. Muchos de ellos, cuando exhibían nuestro nivel de desarrollo, tenían tasas tributarias similares o inferiores a la nuestra. Es el caso de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, España, Italia, Grecia y Portugal. Ellos optaron luego por satisfacer la creciente demanda por bienes públicos ampliando la burocracia estatal y los impuestos. Nosotros, y con buenas razones, hemos preferido la provisión privada —pero financiada con imposiciones obligatorias— de la previsión y, parcialmente, la salud. Otros ejemplos de bienes públicos que no se financian con impuestos son la infraestructura concesionada y los programas educacionales o culturales solventados con donaciones privadas y el correspondiente crédito tributario. Nótese que ambos provienen de acertadas leyes aprobadas durante los gobiernos de la Concertación, que convendría extender a otros rubros.

A diferencia de lo que muchos sostienen, en Chile los impuestos que soportan las empresas no son bajos: equivalen a 4,5% del PIB, más elevados que el 3,9% del promedio de la OCDE. Es cierto que la tasa de 17% de primera categoría es comparativamente baja —aunque superior al 12,5% que ha ayudado a Irlanda a ponerse a la cabeza de Europa—, pero su aplicación acá es más amplia y uniforme que en otros países.

La gran diferencia entre la carga tributaria observada en Chile respecto de los países desarrollados no está en las empresas, sino en las personas naturales. En efecto, éstos recaudan nada menos que ocho puntos adicionales sobre el PIB: seis puntos por mayores impuestos a la renta y dos por bienes de consumo, IVA incluido. Ello es posible en tales países, sin recurrir a tasas tributarias exorbitantes, sólo porque cuentan con una distribución de la renta más pareja y extraen mucho más recaudación de los sectores de ingresos medios. Mucho aclararía el debate político que quienes nos proponen emular la trayectoria de creciente gasto público y elevados impuestos de, por ejemplo, los países europeos, nos contaran toda la historia: allá es la clase media la que soporta una carga tributaria mucho más pesada que la nuestra.

Últimamente, la idea de una tasa plana de impuestos a la renta, o “flat tax”, ha encontrado adeptos en variados sectores. Pero la verdad es que en Chile prácticamente ella ya existe y a tasa cero: de acuerdo al SII, más del 80% de los contribuyentes pagó cero impuesto a la renta en el año tributario 2007. En cambio, un mero 0,6% —unas 60.000 personas— cayeron en los tres tramos superiores de la tabla, cuyas tasas marginales van desde 32 a 40%. Como estímulo a la iniciativa personal, sería positivo moderar y aplanar dicha escala, pero, admitamos, los números involucrados restan prioridad al tema.

En cambio, hay que alertar que las propuestas de “flat tax” suelen traer consigo un alza del impuesto a la renta de las empresas, para igualarse al tramo superior aplicable a las personas. En mi opinión, tal reforma sería un error. Nuestra estructura de impuestos grava con un 17% a las utilidades retenidas o reinvertidas, mientras que hace a las utilidades distribuidas sumarse a los restantes ingresos del accionista y tributar según las (elevadas) tasas de impuestos personales, previo descuento de lo pagado a nivel de la empresa. Este diseño tributario ha servido enormemente para estimular el ahorro empresarial (que así se salva de la doble tributación que sufren los ahorros personales), para favorecer el financiamiento de las empresas vía capital propio en lugar de endeudamiento (y esa fortaleza patrimonial vaya que nos ha ayudado a sortear recesiones como la actual) y para impulsar la inversión, especialmente entre las empresas medianas y pequeñas, con acceso más limitado al crédito. Nótese que, como el 17% cobrado a las empresas es un mero anticipo a lo que eventualmente pagará el accionista, sus incrementos (o reducciones) no alteran sustancialmente los ingresos estructurales del fisco y no permiten solventar gastos públicos permanentes.

Se arguye que el alza e igualación de tasas tributarias de personas y empresas lograría mayor equidad horizontal. Nada impide establecer un incentivo tributario semejante, aplicable a todos los contribuyentes de los impuestos personales. Se argumenta también que la igualación de tasas terminaría con cierta elusión de impuestos amparada por la estructura actual. El SII cuenta con todas las atribuciones para fiscalizar y castigar los abusos que puedan efectuar los inescrupulosos. Y, desde luego, si éstas fuesen insuficientes, habrían de ser reforzadas. Pero la argucia más común, que es hacer pasar consumos propios por gasto de alguna sociedad personal de inversión, afecta directamente la base imponible y en modo alguno se contrarrestaría elevando la tasa aplicable a las rentas de las empresas.

Entre 1984 y 1990, la tasa del impuesto sobre las utilidades retenidas bajó desde 40% a cero y favoreció el notable incremento en el ahorro privado, desde 15% a 20% del PIB. Luego, dicha tasa fue elevada paulatinamente hasta el 17% actual, lo cual puede haber contribuido al reciente debilitamiento del ahorro privado, hasta tan sólo 13,5% el año pasado. Si en verdad queremos reanudar la carrera al desarrollo necesitaremos elevar la inversión y las exportaciones, lo cual no será posible sin un importante incremento en el ahorro, capaz de sostener bajos los costos de capital y alto el valor real del dólar. Elevar la tributación sobre las utilidades reinvertidas es una idea contraproducente.