El enfrentamiento entre Zelaya y los poderes Legislativo y Judicial se había prolongado por semanas. Estaba en disputa la insistencia del Presidente en organizar una consulta el domingo pasado, en la que se les preguntaría a los hondureños si aprobaban un referéndum en las próximas elecciones generales de noviembre para decidir la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema y el Congreso declararon ilegal la consulta, y se sucedieron protestas a favor y en contra de la misma. Cuando las FF.AA. se negaron a llevarla a cabo, Zelaya destituyó a su comandante en jefe, quien luego fue restituido por la Corte Suprema. Las medidas del Presidente fueron rechazadas incluso por su propio partido.

Hasta ahí la crisis, en lo formal, no era sustancialmente diferente a otras que derrocaron a Jorge Serrano en Guatemala, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, y Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador. Con diversos matices, todos fueron destituidos tras enfrentarse con sus congresos, y con el beneplácito de sus Fuerzas Armadas. El gobierno designado en Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, afirma que lo que ocurrió allí no constituye un golpe, porque siguen funcionando los tres poderes del Estado. Sin embargo, no se le puede dar otro nombre a la violenta destitución de Zelaya, en donde soldados encapuchados irrumpieron en su residencia y lo trasladaron a Costa Rica en pijamas. Desde el fin de la Guerra Fría que no se veía en el continente un derrocamiento de un Jefe de Estado con la participación protagónica de uniformados, salvo dos intentos fallidos en Venezuela, uno de ellos liderado por el propio Hugo Chávez y el otro en su contra, tras su elección.

La otra diferencia de esta crisis ha sido el acercamiento de Zelaya a los países del Alba y la férrea defensa que ellos le han expresado. Venezuela incluso ha amenazado con el envío de tropas a Honduras. Sin duda la caja de resonancia que este grupo maneja ha elevado el volumen y la estridencia del rechazo universal al derrocamiento, incluido el del Presidente Obama en Washington y el de la ONU, que exigió por aclamación que Zelaya fuera restituido. Pero gobiernos como los de Chávez, que impulsan reformas constitucionales que eliminan la separación de los poderes del Estado, sofocan toda oposición política y restringen la libertad de sus poblaciones —por no decir nada del régimen unipartidista de Cuba—, carecen de mínima autoridad moral para reclamar contra la inconstitucionalidad del derrocamiento de Zelaya. Tampoco han faltado los mandatarios como Cristina Fernández, de Argentina, cuya oferta de acompañar al por ahora destituido Jefe de Estado durante su regreso a Honduras parece un obvio intento de desviar la atención de su derrota en las parlamentarias del domingo.