Los hechos revelados por la prensa han demostrado que efectivamente algunos diputados han vulnerado la confianza pública. Sin embargo, concentrarse casi exclusivamente en medidas punitivas es sinónimo de atender los efectos y no las causas. El problema de fondo es la desvinculación entre gobernantes y gobernados, y es aquella brecha la que se debiese atender. Las medidas de control son importantes y necesarias, pero en el Congreso reside la esencia de la representación democrática, y cuando un diputado reconoce sin vergüenza que prefiere lustrarse los zapatos a desarrollar su función legislativa, algo malo está ocurriendo con dicho sistema de representación.

¿Cómo resolver esta cuestión? El principal árbitro de la labor parlamentaria debiese ser la ciudadanía. Así, los electores debieran contar con información objetiva y fidedigna respecto de la tarea cumplida. Antes de cada elección, el Congreso podría informar en cada distrito sobre la labor de los representantes. Es perfectamente posible construir un indicador de gestión parlamentaria que incluya el porcentaje de asistencia, producción legislativa, participación en comisiones, patrocinio de leyes e incluso votación en proyectos clave.

 Lo anterior tendría un doble efecto. Primero, se daría a conocer el trabajo de aquellos que efectivamente cumplen con su función pública. Segundo, la ciudadanía contaría con datos objetivos sobre la tarea realizada. Hoy existe mucha información en la web del Congreso, pero no es de fácil acceso para un público no familiarizado. Un ranking de gestión legislativa simple, público e informativo ayudaría mucho.