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Edwards, Jorge

La comisión que formó el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, para estudiar y darle un informe sobre la acusación de plagio contra el decano de la Facultad de Derecho, el señor Roberto Nahum, me parece intachable, del más alto nivel intelectual y ético: Humberto Giannini, Igor Saavedra y Eduardo Rosselot. Y su informe, después de un poco más de una semana de reuniones, fue lapidario: el señor decano cometió plagio académico al transcribir —palabra más bien suave para referirse al acto de copiar— una tesis del alumno Cristóbal Jimeno y publicarla como libro propio. No es demasiado difícil comprobar una acción de esta naturaleza: basta con cotejar algunas páginas y comprobar que el texto del plagiario no hace ninguna referencia al autor del texto plagiado. Si hubo mala información, injusticia deliberada, errores en el cotejo, el señor Nahum tendría que dar una explicación inmediata, clara y detallada, a la opinión pública. Si hubo mala fe en la comisión o en la rectoría, podría recurrir a los tribunales de justicia. Pero el señor Nahum amenaza con querellas, recursos penales de todo orden, y no explica nada. Siento decirlo, y no me gusta llegar al terreno de las acusaciones personales, pero la forma como ha reaccionado no convence a nadie. Si dicen por ahí que uno de mis libros, de mis ensayos, de mis crónicas, es un plagio de algo, comienzo por demostrar que no es plagio, que el trabajo anterior es diferente del mío, y después, si tengo la paciencia, el ocio, el dinero, la suficiente afición a perder mi tiempo, recurro a los tribunales.

Los demás acusados en este mismo asunto han sido los alumnos en toma. La prensa ha sido casi unánime para sostener que no era la manera legal, jurídica, civilizada, de resolver el problema. Al tratarse de alumnos de la facultad de derecho más importante del país, su conducta resultaba particularmente escandalosa. Puede que sí, pero el argumento de la prensa, de la mayoría de los medios, de muchos de los líderes de opinión, tampoco termina de convencerme. Voy a tratar de explicar por qué. La acción de Roberto Nahum tiene relación directa con temas de fondo de la vida de hoy entre nosotros: la propiedad intelectual, la ética del pensamiento y de la creación, el derecho de autor, el respeto del trabajo ajeno. Y estos derechos, estos respetos, estas conductas, son mal protegidos y hasta mal entendidos a todos los niveles en el Chile de ahora. Por un lado, nos hemos convertido en uno de los paraísos mundiales de la piratería, y poca gente, incluso entre los creadores literarios, intelectuales, artísticos, para no hablar de los funcionarios de la cultura, parece inquietarse demasiado por el asunto. Es uno de los aspectos más débiles, más criticables, del balance de los gobiernos de la Concertación, y da la impresión de que nadie, comenzando por los candidatos presidenciales de todos los sectores, se interesa en sacarlo a relucir.

Por ejemplo, en los últimos meses se ha discutido en nuestro Parlamento un proyecto ambicioso, amplio, de ley de propiedad intelectual. Casi todas las indicaciones, tanto de representantes del oficialismo como de la oposición, han tendido a quitarle fuerza al derecho de autor, a crear excepciones de todo orden, por razones sensibleras, simplistas, superficiales: regalarles, por ejemplo, libros a los ciegos, a los lisiados, a los niños pobres, a los ancianos. No me opongo a que se regalen libros, todo lo contrario, pero la preocupación primordial de un Estado serio debería consistir en que existan libros, y para ello es necesario que existan editoriales sólidas, que publiquen e incluso que exporten sus producciones, bibliotecas bien provistas, dotadas de presupuesto, grandes programas de discusión y análisis literario ameno, llevado con gracia, en las televisiones. Asistí hace alrededor de un año a un gran congreso de editores iberoamericanos. Al emplear el adjetivo de iberoamericano se intentaba incluir a las lenguas española y portuguesa. Tuve el honor de hacer en la Casa de América de Madrid uno de los discursos inaugurales, junto al presidente del Gobierno Español y al presidente internacional del gremio. Después llegaron los representantes de la burocracia cultural nuestra y sostuvieron más o menos, de un modo confuso, que los responsables del precio de los libros en Chile, y por lo tanto de su escasa circulación y de nuestros bajos niveles de lectura, eran los editores y los diversos profesionales del tema. Uno de los participantes en la reunión, cabeza de las asociaciones editoriales del Brasil, lo cual no es poco decir, se me acercó y me comentó en forma textual: todos sabemos que el problema de fondo del libro en Chile es la piratería y el IVA, uno de los más altos del mundo, y los funcionarios de ustedes no dijeron una sola palabra a este respecto. Me pareció bastante extraño.

Los cantantes, los actores, los músicos, los escritores, nos hemos movilizado para crear conciencia sobre estos temas. Hemos asistido a las deliberaciones del Congreso en Valparaíso. Nos hemos quejado en todos los tonos, hemos conversado con medio mundo, hemos desplegado enormes carteles encima de la Costanera, frente a los impávidos automovilistas. Cada encuentro ha sido divertido, alegre, imaginativo, pero la verdad es que las clases dirigentes nuestras, grises, estólidas, repetidoras de lugares comunes, expertas en la sordera voluntaria, en la amnesia no menos voluntaria, nos han hecho muy poco caso.

A raíz de todo esto, me he dicho de repente, en estos días, que a lo mejor la toma de la Escuela de Derecho de la calle Pío Nono, la de mis viejos años de estudiante universitario, podría servir para llamar la atención sobre estos problemas de arrastre y de estructura de nuestro mundo. Al fin y al cabo, esto de que un decano de Derecho transcriba, como se dice en forma tan púdica, y publique como suya una tesis de uno de sus alumnos, sólo puede ocurrir en nuestro lamentable subdesarrollo. No sería concebible en España, en Francia, en los Estados Unidos (en el Imperio, como dice Hugo Chávez y como repiten sus imitadores). Un rector de Salamanca, de La Sorbona, de Oxford, de Princeton, habría actuado en forma mucho más tajante y rápida. Tampoco es concebible que las obras de la editorial Gallimard, de Seix Barral y Alfaguara, las de los grandes sellos musicales, se vendan a gritos en las esquinas de París, de Barcelona, de Nueva York. Si esto sucediera, me imagino que algunos gobiernos caerían. Aquí somos débiles, provincianos, llorones. Por eso, aunque les aconsejo a los estudiantes de leyes que respeten las leyes y sigan siempre los caminos legales, también me parece justo, en medio de la mediocridad dominante, quebrar una lanza de papel y de tinta a favor de ellos.