• 
  

• Columnistas



• Columnistas Permanentes


• Aldunate, Rafael (9)
• Altamirano, Juan Carlos (17)
• Bitar, Cristina (33)
• Concha, Andrés (5)
• Edwards, Jorge (68)
• Errázuriz, Margarita María (24)
• Ferreiro, Alejandro (27)
• Fontaine, Juan Andrés (27)
• Garretón, Oscar Guillermo (33)
• Melnick, Sergio (25)
• Montes, Leonidas (10)
• Silva, Ernesto (2)
• Silva, Luis Eugenio (3)
• Solari, Ricardo (30)
• Valente, José Ramón (23)
• Vial, Gonzalo (70)
• Walker, Ignacio (16)
• Debate de Ideas (Cambio de gabinete)


• Allamand, Andrés (1)
• Escalona, Camilo (1)
• Los Think Tanks


• Aninat, Cristóbal (1)
• Arraztoa, José Antonio (1)
• Flores Vargas, Miguel (1)
• También Escribieron


• Cruzat Valdés, Manuel (1)
• Herrera Verdugo, Arturo (1)
• Rodríguez Guarachi, Eduardo (1)

Ferreiro, Alejandro

Se necesitan dos para bailar tango. Y al menos dos para coludirse. Dado que aún no se conocen los carteles compuestos por un sólo actor, parece claro que alguien miente en el oscuro caso de las farmacias. Desde luego, quien confiesa haberse coludido con otros, revela un ilícito colectivo que abarca a todos los concertados. El reconocimiento de haber participado en una colusión es, a la vez, confesión y denuncia. Y como la confesión conlleva costos de imagen y procesales importantes (desde luego releva la necesidad de probar, lo que siempre ha sido la principal traba para desbaratar y sancionar carteles), sorprendería mucho que no fuera veraz en aquello que supone denuncia de conductas de terceros. Los aludidos intentarán probar lo contrario, pero si el cartel existió y Fasa se decide a colaborar aportando pruebas, será posible generar convicción de culpabilidad en los tribunales que deban fallar la materia.

La denuncia de Fasa sorprende por muchas razones. Entre otras, porque no se realiza bajo la protección de la figura de la delación compensada, que permite acordar rebajas sustanciales —y en algunos países la amnistía total— por ofrecer las pruebas sin las cuales la sanción del cartel no habría sido posible. Fasa no sabe si le rebajarán la pena, pero se arriesgó a confesar en la expectativa de que el tribunal respaldará el acuerdo o “conciliación” alcanzada con el fiscal nacional económico. Así debiera ocurrir, supongo, puesto que, de lo contrario, se acabaría todo incentivo para que a futuro otros prefieran denunciar carteles a perseverar en ellos. Por eso, la sorprendente denuncia de Fasa se produce a pesar de la legislación vigente, y no gracias a ella.

En 1993 Estados Unidos estableció un programa de amnistía o de delación compensada para favorecer la denuncia de carteles. La Unión Europea lo hizo en 1996. Siguiendo la tendencia, Brasil, Canadá, Noruega, Suiza, Japón, Corea del Sur y México reformaron sus legislaciones en este sentido en lo que va corrido de esta década. Todos los países de la OCDE, salvo Turquía, cuentan con sistemas de delación compensada.

¿Y en Chile? En junio de 2006, el gobierno de la Presidenta Bachelet presentó el proyecto de ley que, fortaleciendo en varios aspectos nuestra institucionalidad defensora de la libre competencia, incluye una regulación moderna y eficaz de la delación compensada. En diciembre de 2007 el proyecto pasó de la Cámara al Senado. Desde entonces no ha tenido mayores avances. Varios legisladores —en especial de la UDI— han manifestado reparos a la utilización de la delación compensada para combatir carteles, señalando que sólo debería aplicarse a “delitos graves” como el narcotráfico o lavado de dinero.

Pero la experiencia internacional es abrumadora y en buena parte del mundo los carteles están sufriendo golpes formidables e inéditos gracias a los incentivos para denunciar que permiten obtener la prueba condenatoria dura y concluyente, siempre tan esquiva en estos casos. En esta década las multas en Europa casi cuadruplican lo observado en la anterior. En 2007 las autoridades del viejo continente aplicaron la mayor multa histórica (992 millones de euros) al cartel formado por los fabricantes de ascensores Thyssen, Kone, Otis y Schindler. Ya supimos lo ocurrido en Estados Unidos con la colusión del transporte de carga aéreo.

¿Y en Chile? Pese a los esfuerzos de la Fiscalía, las condenas son excepcionales. Sólo en el llamado “caso del plasma” la Corte Suprema confirmó —aunque rebajando las multas— las sanciones aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDLC). En general, y más en la Corte Suprema que en el TDLC, la exigencia de pruebas condenatorias que eliminen toda duda razonable de culpabilidad impide condenas en base a indicios o presunciones. El exigente estándar probatorio exigido por la Corte Suprema refuerza la necesidad de la reforma legal que permita a la Fiscalía ofrecer el tipo de pruebas concluyentes que sólo un ex integrante de cartel puede aportar.

Si de verdad queremos sacar conclusiones útiles acerca del “caso farmacias”, debemos canalizar el descontento generado hacia la adopción de medidas eficaces para combatir los carteles. No hay excusas ni argumentos válidos para dilatar más la aprobación de la delación compensada. A estas alturas, su ausencia en la legislación chilena resulta inexplicable para quien aspira a ingresar a la OCDE y debilita innecesariamente la defensa de la libre competencia. Los únicos que pueden temer con esa medida son los carteles vigentes, puesto que, de existir amnistía o delación compensada, cualquiera de los que hoy participan en la colusión puede ser el delator de mañana. Garantizo que de aprobarse esa norma muchos carteles que hoy existen se disolverían automáticamente.

Por cierto, y mientras no se apruebe la ley, sería mejor que las iras del público, los medios y los políticos sean algo más indulgente respecto de Fasa. Mal que mal, sin su confesión, la posibilidad de hacer justicia en este caso sería menor. Pero más importante aún, es siempre preferible contar con arrepentimientos eficaces, aunque tardíos, que con carteles solapados e invulnerables.