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Es urgente la clarificación de todas las circunstancias que rodean el caso de Germán Cofré Martínez, falsamente imputado como «detenido desaparecido» y a cuya familia el Estado otorgó diversos beneficios, precisamente por la condición que a él se le atribuía. La importancia del asunto excede con mucho la de un simple nuevo ejemplo de subsidios estatales erróneamente asignados o de eventuales actuaciones dolosas por parte de los involucrados, pues —junto con poner en tela de juicio la eficiencia de distintos servicios y reparticiones— cuestiona le fe pública en un tema doloroso y de particular trascendencia.

A estas alturas, existe un amplio consenso respecto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar. Dicho acuerdo —más allá del legítimo debate sobre las causas y responsabilidades en el fenómeno de violencia política vivido desde fines de los años ’60, y aun respecto del modo de enfrentarlo judicialmente— se ha traducido en un casi unánime apoyo a las iniciativas para otorgar reparación a los familiares de las víctimas, y una progresiva conciencia nacional respecto del drama de los detenidos desaparecidos. Todo ello, a su vez, ha sido en buena medida fruto del trabajo de dos instancias, la llamada Comisión Rettig y su continuadora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (precisamente la entidad que incluyó a Cofré en la nómina de desaparecidos), que permitieron conocer un catastro creíble de los distintos casos, llegando a establecer un número de 3 mil 197 víctimas de violencia política entre los años 1973 y 1990.

Sería, sin duda, tremendamente injusto descalificar toda esa valiosa labor a partir de un caso puntual, máxime considerando que esos organismos no contaban con atribuciones como las del Poder Judicial (por ejemplo, citar bajo apercibimiento a testigos) para realizar su trabajo. Pero precisamente por ello se hace necesario esclarecer la situación de Cofré, los antecedentes con que contaron los comisionados para incluirlo en su listado, los resguardos que entonces se habían tomado para evitar situaciones dolosas y las posibilidades de que pudiera haber otros casos similares. En la medida en que haya una respuesta oportuna, clara y tranquilizadora en esta materia, se evitará una erosión de la confianza pública cuya gravedad es percibida incluso por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, uno de los primeros organismos en condenar esta situación.

Anexo a ello, resulta lamentable constatar también cómo un asunto de impacto público vuelve a poner en evidencia debilidades de nuestro aparato estatal. El hecho de que la persona en cuestión haya conseguido renovar su cédula de identidad existiendo una declaración de muerte presunta, sin que aparentemente las autoridades hayan advertido el caso, es a lo menos sorprendente y exige explicaciones de parte de distintos organismos públicos. Por otra parte, bastante ya se ha dicho respecto de las deficiencias del trabajo del Servicio Médico Legal, que en 1995 atribuyó erróneamente las identidades (entre ellas la de Cofré) de los restos exhumados del Patio 29 en el Cementerio General, un asunto que al revelarse en 2006 generó escándalo público y que ahora muestra otra arista de sus dramáticas consecuencias.