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Señora Directora:

El Consejo para la Transparencia tiene como función ser el ente fiscalizador del cumplimiento de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, y es la instancia creada para los reclamos de las y los ciudadanos frente al silencio o la negación de información pública de parte del Estado.

Nos parece de toda importancia que quienes integran este Consejo reconozcan las inequidades que existen en el país respecto de que no todas las personas tienen la misma posibilidad de ejercer sus derechos frente al Estado y la empresa privada, y tener la posibilidad de acceder a la información pública no escapa a esta realidad.

Al momento de solicitar información a los servicios públicos, estas inequidades se pueden manifestar en prejuicios y conductas discriminatorios, entre otros, por motivos de género, etnia y clase.

Frente a este escenario es imprescindible que el Consejo para la Transparencia pueda defender de mejor forma los intereses y derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Un grupo que se halla en esta situación son las personas pobres, y en Chile, como en el resto del mundo, las mujeres presentan una mayor tasa de pobreza en relación a los hombres. Según la Casen de 2006, el 14,3% de la totalidad de mujeres es pobre, y el 13% de los hombres.

La propuesta presentada por la Presidenta Bachelet sin duda está conformada por profesionales capaces y de prestigio, pero deja fuera la participación de las mujeres, quienes representamos el 50% de la población del país. Incluir una mujer con las capacidades necesarias aumentaría significativamente las posibilidades del Consejo de hacerse cargo de las inequidades existentes, al menos en temas de género.

Andrea Sanhueza

Directora Ejecutiva

Corporación Participa