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El 29 de abril, el Ejecutivo ingresó al Congreso un mensaje modificando la ley sobre medidas alternativas a la pena privativa de libertad. La iniciativa amplía el catálogo de sanciones (reclusión nocturna, remisión condicional y libertad vigilada), incorporando tres nuevas (reparación del daño causado, trabajos comunitarios y monitoreo electrónico), estableciendo algunos impedimentos para otorgar la libertad vigilada respecto de ciertos delitos y perfeccionando las normas que regulan el incumplimiento de las sanciones. Estas propuestas no asestarán un golpe serio a la delincuencia.

En efecto, ¿cuán innovadora es la iniciativa? Muy poco. La “reparación del daño causado” ya existe en el nuevo proceso penal, además de tener una tímida regulación en la ley de responsabilidad juvenil. Lo mismo ocurre con los “trabajos comunitarios”, que ya se aplican en la ley sobre violencia intrafamiliar, en la de violencia en los estadios, en la de drogas y a los adultos que transgredan la ley de menores. Por último, el “monitoreo electrónico” se encuentra subutilizado y se contempla sólo como sustitutivo de la reclusión nocturna.

Esta iniciativa debiera ser más profunda, partiendo por revisar con prolijidad si las medidas actuales o aquellas que se proponen son adecuadas al tipo de infractor, si existe presupuesto suficiente para implementarlas, si los índices de reincidencia son más bajos con relación a las penas vigentes y si se podrá sostener programas de capacitación que habiliten realmente para la reinserción.

El catálogo de medidas alternativas debería ampliarse sólo si se cumple los requisitos señalados. Esto obliga a reparar las dificultades que presentan las actuales sanciones, para después evaluar la posibilidad de extender el uso aislado de algunas medidas vigentes pero dispersas en la legislación (trabajos comunitarios, reparación del daño, internación parcial con programa de reinserción social, asistencia obligatoria a centros de rehabilitación), como también la introducción de sanciones nuevas que han sido eficaces en la experiencia comparada (monitoreo electrónico, libertad vigilada intensiva, días-multa). Sólo decisiones consistentes, con efectos perdurables, serán para la ciudadanía una señal de seriedad. Y medidas que vayan más allá del elemento punitivo no sólo contribuirán a reducir los niveles de delincuencia, sino también permitirán la adecuada reinserción de los autores de ilícitos.