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Ferreiro, Alejandro

Se ha anunciado por el Ministro de Hacienda el envío al Congreso de un nuevo proyecto de reforma y modernización al mercado de capitales, conocido como MK III. Los anuncios de sus contenidos fueron bien recibidos por el mercado. Las dudas apuntan más bien a la viabilidad de su pronta aprobación en el Parlamento. Cabe preguntarse, ¿por qué ha resultado necesario volver al Parlamento con propuestas de reformas legales al mercado financiero, siendo que eso ya había ocurrido en 2001 y en 2004, sin considerar los proyectos de reforma a los gobiernos corporativos públicos y privados? Pareciera que el mercado necesita reformas permanentes, y que sin ellas corre el riesgo de quedarse atrás o perder dinamismo. La necesidad del reformismo crónico es validado incluso por los actores del mercado: de hecho, no se conocen voces que reclamen —como habría sido esperable en otros sectores— por una supuesta incertidumbre o inestabilidad de las reglas del juego. Lo que se reclama, más bien, y paradójicamente, es una supuesta lentitud para adecuar la ley a las necesidades del presente.

Es cierto, pocos mercados son más dinámicos que el de capitales. Con vértigo poco usual en otros sectores, emergen aquí a diario nuevas opciones de instrumentos financieros y nuevas necesidades regulatorias. Su carácter global obliga a la rápida incorporación de tendencias y estándares internacionales. El mercado requiere adaptaciones periódicas que casi siempre escapan a las atribuciones propias del regulador. Por ello se recurre a la ley, la misma que una vez modificada suele quedar obsoleta a poco andar. Este fenómeno, ya observado en la última década con las “sagas” de MKI, II y III, no puede sino agudizarse en el futuro.

La ley, por su parte, aspira a una cierta fijeza, a una mínima estabilidad. No es propio de su esencia una vigencia tan fugaz. No es razonable legislar hoy sobre materias que requerirán cambios a poco andar y de manera casi permanente. Ello conlleva utilizar mal el tiempo de los parlamentarios y arriesga, si ellos no se allanan a seguir el ritmo de los cambios propuestos, a generar cuellos de botella regulatorios. Es necesario pensar en modos más eficientes para mantener acualizada la regulación.

Por ello resulta promisorio el anuncio de la creación de una Comisión de Valores y Seguros, órgano de dirección colegiada que reemplazará a la actual SVS. Si la composición de la Comisión incluyera a personas de alta excelencia profesional, indiscutida reputación y el respeto a los equilibrios políticos necesarios, sería posible pensar en dotarla de más atribuciones normativas que las que hoy se reconocen a la SVS. En efecto, es comprensible la reticencia de algunos sectores a conceder mayores atribuciones normativas a un órgano de conducción unipersonal y de confianza política de La Moneda. Pero esas sospechas debieran dar paso a la confianza si tales atribuciones se ejercen por un órgano colegiado, de excelencia, representativo y designado con participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ello permitiría descargar al Congreso de las reformas menores, de alcance más técnico o reglamentario que político, reservando sólo lo esencial a la discusión legislativa. También podría, de modo razonable y expedito, garantizar la más pronta adecuación del marco normativo a las necesidades de un mercado que, si lo queremos global y moderno, debe tener siempre regulación de vanguardia.

Es conveniente aprovechar la discusión de este MK III, y en particular de la propuesta de crear una Comisión de Valores y Seguros, para pensar el modo en que evitamos la necesidad de retornar al Congreso para proponer un MK IV en un par de años más. Una nueva distribución entre las materias propias de la ley y de las normas que puedan emanar de la futura Comisión puede ser una innovación institucional que ayude a este propósito.

La composición colegiada de la Comisión le permitirá, además, despejar dudas acerca de un eventual sesgo político en la supervisión futura del mecanismo de fideicomiso ciego que se discute actualmente en el Congreso para personas de gran fortuna que asuman cargos de alta responsabilidad pública. Del mismo modo, reforzará la confianza en la aplicación de sanciones y permitirá contar con diversidad de especialistas y profesionales para regular un mercado cada vez más complejo. Si vamos a apostar por la creación de un nuevo “gobierno corporativo” para regular y supervisar los mercados de valores y seguros, parece lógico reconocer atribuciones equivalentes a ese nuevo status, en especial aquellas que nos permitan contar siempre con una regulación más flexible, moderna y oportuna.