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Solari, Ricardo

La decisión de la UDI de declarar la economía chilena en crisis se justifica en la obvia pretensión de trasladar los costos políticos de la inflación y del bajo crecimiento al gobierno de la Presidenta Bachelet. Destacados economistas de distintas sensibilidades han relativizado con poderosas razones esta calificación de la economía actual. No entraré aquí en una discusión de orden técnico, pero ella no parece haber importado esta vez a los dirigentes gremialistas. Lo que contaba era el alarmismo.

Sin embargo, las encuestas indican que la excesiva declaración de la UDI no está mal encaminada en sus objetivos. La opinión pública sostiene mayoritariamente que la conducción económica del país está en la dirección errada. Es sabido que la inflación castiga a quienes toca manejar el Gobierno y la economía en períodos de su alza. El ciclo político-electoral —municipales en octubre de este año y presidenciales en diciembre del próximo—, sin duda, será influido por el alza de precios y la pérdida de poder adquisitivo de la población. Buena parte de los debates parlamentarios e intelectuales de la segunda mitad del siglo pasado tuvieron que ver con la inflación y sus efectos sobre la población, en especial sobre los trabajadores. Y lo mismo puede decirse sobre las demandas y dinámicas sociales —paros generales, manifestaciones y protestas—. La oposición sabe todo esto y es, por tanto, candoroso pedirle que no intente sacar ventaja de esta difícil coyuntura.

Luego, esta declaración de la UDI —que pasa de la economía a diagnosticar la crisis del país— revela la visión con que una parte de la derecha entiende su tarea de lograr la alternancia o el desalojo.

De todos modos, y por muchas razones, el Gobierno no puede ser autocomplaciente ante la actual situación: ni en las explicaciones que ofrece a los ciudadanos, ni en las medidas para mitigarla, ni en el ataque frontal a sus causas. Como ha dicho el economista Joseph Ramos, “el punto es que no sólo hay problemas, sino que hay recursos para abordarlos”, al tiempo que llama a una política de acuerdos, tanto para reimpulsar el crecimiento como para atajar la escalada inflacionaria.

Ni el Gobierno ni los partidos de la Concertación pueden considerar aceptable un crecimiento de 4% con este precio del cobre. Ni pueden descansar en la política de alza de tasas domésticas decretada por el Banco Central para detener una inflación que tiene un considerable componente importado. Es más, la consecuencia inevitable de una continuación en el alza de tasas tendrá efecto sobre nuestros tímidos niveles de actividad interna. Por esa vía es inevitable una caída en el empleo. Por otro lado, aquellos que consideran que el incremento sostenido del gasto fiscal —más allá de la regla actual del superávit— es la panacea para el crecimiento deben tener en cuenta las lecciones de nuestra experiencia histórica.

Pero es evidente que hay sectores de la población que sufren más agudamente que el resto los efectos de la inflación. Respecto de ellos se requiere una política eficiente y, por sobre todo, oportuna. La inacción, tanto en el plano mediático como en términos de medidas efectivas orientadas a la población más afectada, tendrá efectos negativos para la popularidad del Gobierno. Pero más grave que eso es una oleada de pesimismo y alarma cundiendo entre la población, y el imperio de una visión negativa sobre el futuro. Por eso, nunca ha sido más importante que hoy ilustrar y materializar cuanto antes, en favor de los chilenos, las ventajas de nuestras actuales fortalezas fiscales y sus virtudes contracíclicas.