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Ayer miércoles comenzó la tramitación en el Senado del proyecto de Ley General de Educación. Para adelantar algunas de las ideas que podrían discutirse es conveniente analizar el paso de la iniciativa por la Cámara de Diputados y las indicaciones que presentaron allí algunos parlamentarios de la Concertación. Específicamente hay dos temas relevantes que, con alta probabilidad, surgirán nuevamente en el debate en el Senado.

1. Padres vs. Estado. El primero en el que conviene detenerse es la indicación de un grupo de diputados radicales que buscaba reemplazar en el proyecto la frase que establece que corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos, por otra que decía —textualmente— que “el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de educar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país”.

A todas luces esta indicación deja ver una visión estatista de la educación al estilo del antiguo Estado docente. Esta concepción muestra al Estado —y no a las familias— como el principal responsable de la educación de las personas. De ello puede derivarse una limitación no sólo a la libertad de enseñanza de los establecimientos particulares, sino que también una restricción a la libertad de los padres para escoger el establecimiento educativo de sus hijos.

Afortunadamente la indicación fue rechazada por toda la Alianza, 10 DC y un PPD, aun cuando recibió el apoyo cerrado del PR, el PS, el PPD y 2 DC

2. Igualdad de trato y capacidad de elección. Una segunda indicación fue la presentada por el diputado Carlos Montes (PS) acompañado de parlamentarios de todos los partidos de la Concertación. Entre sus propuestas están contenidos una serie de temas controvertidos que afectan en su esencia el sistema vigente.

Un primer aspecto de la indicación buscaba romper la igualdad de trato entre establecimientos municipales y particulares subvencionados, y eliminar el sistema actual de subvención, en virtud del cual el aporte fiscal para todo tipo de establecimientos es el mismo. Romper esa igualdad de trato implica afectar a 47% de la matrícula nacional que hoy asiste a colegios particulares subvencionados. También significa dañar la capacidad de elección de los padres, pues éstos, al decidir, saben que hoy el Estado no tiene una preferencia especial por un tipo de educación, sino que se abandona completamente en la decisión de ellos. En cambio, si el Estado favorece a unos más que a otros, limita la posibilidad de una elección verdaderamente libre.

Más asombroso resulta el segundo tema que abordaba la indicación. En efecto, textualmente establecía que debería “contarse con escuelas (públicas) a lo largo de todo el territorio, cuya matrícula deberá representar, a lo menos, el 50% de los estudiantes de cada región”. Esta propuesta limita gravemente la capacidad de elección de los padres, al obligar que la matrícula de la educación fiscal alcance a lo menos el 50% de los estudiantes en cada región. De este modo, al parecer, se pretende que, si en una región no se alcanza dicho porcentaje, o bien se obliga a los padres a escoger establecimientos municipales o se disminuye forzosamente la matrícula privada, tomando estudiantes de un establecimiento y trasladándolos a otro. Como puede apreciarse, ambos escenarios son tremendamente dañinos para los derechos de las personas.

Esta indicación también fue rechazada. Toda la Alianza, 6 DC y 2 PPD lograron conformar una mayoría. Por apoyarla estuvieron 12 PS, 11 PPD, 3 PRSD, 5 DC y un “colorín”.

Las dos propuestas analizadas, sumadas a otras más, muestran una Concertación que, aunque dividida, tiene a un alto número de parlamentarios apoyando iniciativas que concentran el poder de las decisiones individuales en el Estado, aun poniendo en riesgo la libertad misma de las personas. Puede anticiparse que discusiones similares surgirán en el Senado, con resultados inciertos para la libertad y el futuro de la educación.