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Vial, Gonzalo

TRANSANTIAGO. Leo que el ministro de Transportes se reúne reservadamente con la Alianza y la Concertación, para conciliar puntos de vista sobre las urgentes e inmensas inyecciones de dinero que el Transantiago necesita (El Mercurio, 6 de julio).

Entiendo que no se pueda poner obstáculos, cerradamente, a los recursos indispensables para que los santiaguinos no sufran el único empeoramiento todavía posible de su sistema de viajes urbanos, a saber: quedarse a pie.

Pero el acuerdo a ese respecto debe ser PROVISORIO y TEMPORAL. No puede bendecir, me parece, el CONCEPTO del Transantiago, so pena de que por años y años sigamos echando plata a su tonel sin fondo... y para nada.

Pues ese concepto es el de un sistema en que el monopolio del transporte santiaguino se divide por lotes geográficos entre varias pero no muchas empresas operadoras, privadas. Esto exige que un organismo externo decida respecto de cada cual los recorridos (barrios que se atienden, puntos de salida, puntos de llegada), número de buses por cada uno, frecuencias, tarifas.

Anticipo lo que será la descripción teórica de ese organismo externo: “independiente”, “público”, pero “no burocrático ni político”, “ágil”, “tecnificado” (incluso “supertecnificado”), etc. Pero no nos hagamos ilusiones, se tratará de UN ENTE ESTATAL MAS, sobre todo si el sistema ha de ser —como ya parece un hecho inevitable— gruesamente subsidiado por el fisco.

El Estado reemplazará al mercado, pues, en la movilización santiaguina. El Estado resolverá si se atiende a la población Los Pajaritos, de La Pintana, con cuántos y cuáles recorridos, frecuencia y buses de cada uno, pasaje a pagar, etc.

Una de las pocas profecías de cuyo cumplimiento esta columna puede jactarse es la que sigue: cuando, no muchos años atrás, Ferrocarriles del Estado, EFE, anunció que retomaba ciertos recorridos de pasajeros, se dijo aquí, inmediatamente, que sería un desastre. Y lo fue; hoy, según la Contraloría, su patrimonio es negativo; debe más que lo que tiene. EFE excede el siglo de vida, en cuyo curso NUNCA ha prestado buen servicio sino por cortos períodos (generalmente de grandes administradores) y a costos insoportables y pérdidas astronómicas que pagaban y pagan todos los chilenos. ¿Por qué? Porque EFE era, como sigue siendo, del Estado, y consecuentemente la política entraba y entra a enredarla... el siglo XIX, el XX y el XXI.

Con la política, llegan inexorablemente el exceso de personal y de gastos, los contratos y adjudicaciones —inútiles, o de montos inflados— para amigos y correligionarios, el maltrato impune del material, los robos igualmente impunes, los subsidios electoreros, etc. Y como remate y consecuencia, la ineficacia, el mal desempeño de su tarea propia. “El cáncer de la política”, dijo un director de Ferrocarriles, allá por los años 10 del siglo pasado. Si abierta o disimuladamente tenemos un Transantiago estatal, adolecerá per secula seculorum del mismo cáncer, de la misma o progresivamente peor ineficacia, y de la misma pérdida de cargo del fisco.

De paso, leo que parte importante del subsidio se justifica como financiamiento del pase escolar. ¿Y por qué éste no se subsidiaba a las vilipendiadas micros amarillas?

TRANSANTIAGO (II) Entre las “diez condiciones de la Alianza para aprobar platas del Transantiago” (El Mercurio, 8 de junio), figura: “5. Establecer un sistema de control de la evasión CON INSPECTORES FISCALES”.

La evasión, se sabe, es del 20%. Un inspector fiscal es un caballero que se sienta a una mesa, y les pide papeles a sus infortunadas víctimas. Si no le traen todos los papeles, las multa.

¿Qué hará un inspector a bordo de un bus abarrotado, con un posible evasor de pasaje que no le dé la hora... no le muestre su cédula de identidad, ni siquiera su BIP? ¿Cómo le pasará el parte, si no sabe quién es? ¿Llamará a Carabineros? ¿Qué destino tendrá el cobro de esos partes?

Y la pregunta clave, nuevamente: ¿por qué las micros amarillas no tenían un 20% de evasión?

ABOGADOS. Hay una polémica sobre el supuesto exceso numérico de abogados, y sobre la también supuesta mala calidad de los estudios universitarios que conducen a esa profesión. Participan miembros de la Corte Suprema, decanos de Escuelas de Derecho, destacados juristas especializados en litigios y tribunales, etc. Proponen diversas medidas, v.gr.: que la Suprema examine a los abogados antes de otorgarles el título; que ella deje de otorgarlos, y los den las universidades respectivas, para que el tribunal máximo no se responsabilice; que el examen se haga por comisiones ad hoc que las escuelas designen en conjunto, etc

Hay en esto dos temas distintos:

1. El número de los recibidos de cualquier profesión no debe alarmarnos. No hay regla fija para establecerlo, ni se puede predecir su demanda futura. Hace no tantos años, los profesionales especializados en carbón eran la hez de la tierra, nadie los contrataba, nunca más se emplearía ese mineral obsoleto, desplazado por el petróleo, etc. ¿Y hoy? A comienzos de los años ’40 del siglo anterior, en España, el “paro profesional” —el exceso de titulados, su falta de demanda— era EL problema del país. Vino después la liberalización económica que con el turismo y las remesas de emigrados a sus familias desataron un violento crecimiento. Y, naturalmente, los profesionales “en exceso”… FALTARON.

El paso por la universidad y adquisición de un título habilitan —es una experiencia conocida— para mucho más que el ejercicio profesional. Un distinguido educador chileno, me parece que Premio Nacional del rubro, es ingeniero químico. Y también era ingeniero químico otro gran educador español de los años ’70 del siglo XX, experto de las Naciones Unidas que trabajó en 140 países.

A menudo —aunque no digo sea éste el caso de nadie, hoy— quienes auspician “cuotas” de profesionales buscan restringir la competencia, para mantener así alto el nivel de honorarios.

O bien desean proteger a los actuales y futuros alumnos de derecho, de que mañana no hallen trabajo. Por favor, son adultos, tratémoslos como tales. Que, informándose bien, decidan por sí mismos.

2. En cuanto a que los estudios de derecho actuales puedan ser de mala calidad, la sola sospecha me subleva, me indigna. En verdad, cabe exclamar ante ella: ¡no hay derecho!

Pues la inmensa mayoría de los estudiantes hoy y abogados mañana vienen de universidades ACREDITADAS conforme a la ley respectiva, dictada hace dos años, o de las comisiones ad hoc de 1999, que esa misma ley convalidó. Y la “acreditación” es un CERTIFICADO DE CALIDAD que otorga el Estado. ¿Cómo pensar, entonces, que los estudios de derecho de esas universidades puedan ser de mala calidad, hasta el punto de que quienes, según ellas, estén habilitados para recibir su título de abogado, de todos modos deban someterlo a un examen previo de extraños? ¡A dónde vamos a parar!

Y la Ley de Acreditación no es cualquier cosa, sino fruto meditado y precioso de un acuerdo Gobierno/Oposición. Así que dejemos de preocuparnos de la calidad de los estudios de derecho. Está acreditada, vale decir, garantizada.

INEXACTITUDES. Y luego nos encontramos con un montón de inexactitudes sobre la Universidad XX (El Mercurio, 7 de julio), que en octubre de 2007, según el diario, despidió a TODOS los académicos de su Departamento de Educación. Los reorganizadores del mismo declaran cosas que sin duda han sido mal recogidas: que en el departamento reinaba “completo caos”, “no había información de lo realizado”, “los profesores enseñaban lo que querían”, etc.

Pero seguramente hay un malentendido, porque resulta que la Universidad XX ESTABA ACREDITADA POR CINCO AÑOS cuando ocurrieron los hechos. Y es obvio que ninguna universidad que necesita despedir a su Departamento de Educación completo puede hallarse con acreditación anterior y vigente. Luego, los hechos aducidos seguramente no son efectivos.

TRAGEDIA. El Mercurio publicó una biografía política del actual presidente del PPD. Se relata allí cómo, durante la campaña de 1999, tuvo duros enfrentamientos con los jefes de la candidatura Lagos, diferencias que lo perjudicaron en la conformación del gobierno de éste: “Sólo pudo aspirar a la Embajada de Suecia, pese a que había solicitado el cargo de representante en la FAO”. Enterándose de estas amarguras uno comprende lo duro que para los personeros de la Concertación debe resultar la posibilidad de dejar el gobierno después de veinte años, el 2010.

“NINGUNEO”. Un columnista de El Mercurio (29 de junio) me incluye entre quienes “ningunean” a la gente... hablan de personas sin señalar su nombre. Efectivamente, no me gusta dar nombres, pero no por “ningunear” a nadie, sino porque el objeto de esta columna es tratar hechos e ideas sin referirse ni menos juzgar a personas. Referencia nociva, porque aparta del interés por la cosa misma objeto de discrepancia —que es la que importa— para llevarlo a uno de dos tipos posibles de distorsión y distracción:

—Convertir la disputa en una pelea personal y “picada”. “¿Viste lo que me dijo Fulano? ¿Viste lo que le contesté?”.

—Enfatizar las dotes amables del contradictor, haciendo olvidar lo que sostiene. Que Zutano sea simpático o tenga una sonrisa encantadora no mejora nada el error que defiende.