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Fontaine, Juan Andrés

Por arreglos a su fachada, en estos días están tapiadas las ventanas del imponente gabinete del ministro de Hacienda. Pero ello no puede impedirle ver y sentir el desconcierto que reina afuera. El semestre ha terminado con raquíticas cifras de crecimiento económico y un verdadero Chaitén inflacionario parece haber entrado en erupción. Se derrumban las expectativas y los mercados. ¿Ha perdido Chile el rumbo? El timonel de la política económica puede y debe demostrar que no.

En ausencia de las reformas microeconómicas necesarias, el crecimiento económico ha sido pobre porque la capacidad productiva está copada. Ello se manifiesta especialmente en el sorprendente estancamiento de la producción minera y de buena parte de la industria. Esta última está también sufriendo las alzas de los costos de la energía. Puntualmente, además, la actividad económica del primer semestre estuvo influida por la falta de lluvias y la menor generación hidroeléctrica. El PIB se encamina a crecer 4% o algo menos este año, notoriamente por debajo de las expectativas y del incremento de la demanda.

Mirando hacia adelante, no hay por qué ser fatalistas respecto del crecimiento de la capacidad productiva. La inversión, aunque todavía muy insuficiente, está creciendo fuerte y se concentra mayoritariamente en cruciales proyectos mineros y energéticos. Además, la generación de empleos se mantiene sorprendentemente dinámica. Es la productividad la fuente más importante del crecimiento, la que sigue languideciendo. Como acaba de recordarnos el profesor Arnold Harberger, la productividad depende principalmente de los ahorros de costos introducidos por los empresarios en respuesta a las señales de precios. En esta materia, las recientes decisiones gubernamentales han provocado fundado desconcierto.

En una economía de mercado, los precios son libres para reflejar la verdadera escasez relativa de los productos. En Chile, hay unos pocos precios sujetos a controles o subsidios, pero en general los gobiernos habían procurado evitar que se administren con criterio político. Por ejemplo, desde 1990 el salario mínimo legal se fijaba según la evolución de la productividad laboral y la inflación esperada, aunque ello significara enemistarse con la reverenciada CUT. Tal práctica se ha quebrado con el reciente reajuste de 10,4%, que en nada responde a dicho criterio y sólo se explica por razones políticas. El alza del salario mínimo margina injustamente del mercado laboral a los jóvenes, limita la creación de empleos en la pequeña y la mediana empresa y, en las circunstancias actuales, echa carbón a la hoguera de los reajustes salariales y expectativas inflacionarias.

Otra señal desconcertante proviene de los subsidios a los combustibles. El fondo del petróleo, creado a comienzos del gobierno anterior, perseguía sólo estabilizar los precios de los derivados del petróleo sin alterar su tendencia, dictada por el mercado internacional. La última modificación legal hace caso omiso tanto de la racionalidad económica como del precepto constitucional contra la discriminación arbitraria y da lugar a un enjambre de impuestos y subsidios diferenciados que desfiguran por completo la estructura de precios relativos en el sector. Las rebajas de precios introducidas por esta vía desconocen la necesidad de que ellos reflejen los costos de contaminación y congestión asociados al consumo de combustibles y carecen de toda lógica distributiva, porque benefician mayoritariamente a los sectores de ingresos medios y altos. De nuevo, su justificación es puramente política.

Un precio clave de la economía es el tipo de cambio. En abril pasado, el Banco Central decidió aprovechar la ocasión que le brindaba un valor del dólar claramente inferior al de largo plazo para reforzar su posición de reservas internacionales. La magnitud del programa anunciado, la compra de US$ 8.000 millones durante el año, es muy contundente, y ha sido ejecutado metódicamente mediante la adquisición de US$ 50 millones diarios. Contrariamente a lo predicho por los escépticos, esta masiva intervención ha secado el mercado cambiario local y contribuido a una fuerte depreciación del peso. Es positivo que la acción del Banco Central haya ayudado a superar una excesiva apreciación del peso. Pero el dólar ya ha regresado a un rango de equilibrio e insistir en la aplicación del rígido calendario anunciado es inconveniente. Paradójicamente, el alza del dólar está anulando los efectos de los nuevos subsidios a los combustibles y alimentando la inflación. El Banco Central no debe temer que su credibilidad se vea perjudicada si debe revisar el programa anunciado.

La principal preocupación del momento es la inflación. Como es sabido, su estallido fue detonado por las alzas internacionales del petróleo y los alimentos. Pero la fuerte demanda interna ha permitido traspasar fácilmente esos costos al consumidor final. Hay múltiples indicaciones de que el virus inflacionario ha contagiado a casi toda la canasta del IPC y que las expectativas inflacionarias de corto y mediano plazo se han desanclado. El mes pasado, el Banco Central finalmente rectificó su posición y sorprendió con un alza de 50 puntos en la tasa de interés, pero no logró aquietar las turbulentas aguas financieras. Afortunadamente, las últimas declaraciones de su presidente revelan que ahora sí está consciente de la delicada situación que encara y preparado para tomar las medidas necesarias para doblegar las encabritadas expectativas de inflación.

El Banco Central cuenta con las atribuciones y los instrumentos para cumplir autónomamente su rol de centinela de la estabilidad. Pero la tarea será menos ardua, requerirá de un alza más moderada de los intereses y provocará una desaceleración menos intensa en la actividad económica si es acompañada de un giro restrictivo en la política fiscal. Desgraciadamente, el desempeño presupuestario del presente año ya presenta creciente incertidumbre. En los primeros cinco meses de año, el gasto público aumentó un 14% real, mientras los ingresos caen en un sorprendente 3%. Hay fuertes subsidios a los combustibles y al Transantiago no incluidos en esas cifras. La autoridad económica debe demostrar convincentemente que este año todo está en regla y preparar para el 2009 un presupuesto fiscal realista y austero. Específicamente, y más allá de las recomendaciones que obtenga de la respectiva comisión de expertos respecto al cobre de largo plazo, comprometerse a acotar el aumento del gasto público a un ritmo no superior al del PIB potencial, esto es, de 4,5 a 5% real anual. Es la hora de demostrar que en la conducción económica chilena todavía prima la racionalidad económica por sobre las consideraciones de la política contingente.