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Ya en otras columnas me he referido al desinterés por la política. Lo anterior no es una percepción personal, sino que se ha transformado en una realidad nacional.

Muchas generaciones de jóvenes ya no se inscriben en los registros electorales. Destacados emprendedores y profesionales miran con desdén la actividad pública, siendo un tema que sólo están dispuestos a abordar con una severa crítica y en una conversación meramente social. Existen, sin embargo, en todos los sectores, aquellos que aún miran la política como una manera de servir o de realización personal, entendiendo que desde ahí pueden hacer su aporte al país. Existen también muchos otros que, sin la política, son incapaces de ganarse la vida, generar fuentes de empleo o validarse a sí mismos en el competitivo sector privado.

Agrava aún más el desprestigio de la actividad pública el absurdo discurso que pretende hacer incompatible el ser exitoso en los negocios y en la vida empresarial con la decisión de colaborar con el país desde la política. En esto último, la Concertación está haciendo su nuevo aporte de mediocridad y de manifiesto doble estándar, al menos en muchos de ellos que se mantienen en total mutismo.

En efecto, desde La Moneda se ha elaborado un discurso tendiente a que sólo parece legítimo y aceptable dedicarse a la cosa pública si se carece de recursos, si sólo se es asalariado y, en lo posible, ojalá nunca se haya emprendido la difícil misión de montar una empresa, dar trabajo o arriesgar el propio capital. Qué decir si al interesado le ha ido muy bien y cuenta con importantes recursos.

Ello constituye un pecado de lesa humanidad. Se dirá, con total pequeñez de alma y mente, que sólo trabaja para y por sus intereses. Como se advertirá, el discurso, fuera de ser absurdo, es totalmente hipócrita. No es desconocida la actividad empresarial que involucra a muchísimos personeros del oficialismo, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, actividad que muchos de ellos desarrollan en forma legítima y honesta. Lo grave, sin embargo, es que guardan cómplice silencio. No vaya a ser que les afecte la ley del fideicomiso ciego, que por cierto no comparten.

Dista mucho de aquella actitud la de Sebastián Piñera. Por una parte, porque sus intereses son totalmente declarados y públicos, y segundo, porque aun cuando no cumple en la actualidad ninguna función en el aparato del Estado, ha manifestado desde ya su interés de dedicarse por completo a asumir la Presidencia de Chile y, en razón de aquello, ir desprendiéndose de sus activos en importantes empresas dentro del país.

La Concertación, en cambio, desde la época del Presidente Lagos prometía la ley del fideicomiso ciego, la que, por cierto, jamás ha pretendido sacar adelante, pues no le conviene fijar reglas que sabe Piñera ha estado dispuesto a acatar de inmediato.

Por el contrario, la falta de dicha ley permite atacar al presidenciable de la Alianza y, por otro lado, no incomodar a muchos integrantes de Gobierno que deberían sujetarse de igual modo a dicha norma.

Con ley de fideicomiso ciego o sin ella, es un privilegio que un hombre destacado en lo académico, aventajado en inteligencia y exitoso empresario esté dispuesto a asumir la primera magistratura del país.

Ello honra la actividad política y, qué duda cabe, es un fuerte estímulo para que destacados hombres y mujeres de nuestro país estén dispuestos a poner sus talentos y un tiempo de sus vidas al servicio de Chile.