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Fontaine, Juan Andrés

Mala ha sido la semana que termina. De acuerdo a Adimark, la confianza del consumidor está a su nivel más bajo desde el verano del 2003, en plena crisis Corfo-Inverlink. De acuerdo al Informe de Competitividad Mundial 2008, Chile exhibe un desempeño económico reciente comparativamente pobre. De acuerdo al Banco Central en su Informe de Política Monetaria, tendremos este año un menor crecimiento y una inflación más alta que lo antes previsto. En tanto, se anuncian más alzas de precios en productos básicos y los intereses de largo plazo dan un brinco. ¿Podrá el mensaje presidencial del próximo 21 levantar los ánimos tan explicablemente decaídos?

Estamos marchando lento no porque nos falte financiamiento —las cuentas fiscales y externas siguen muy holgadas— ni porque la demanda sea insuficiente. La raíz del problema es la falta de capacidad productiva disponible y utilizable dadas las restricciones energéticas y la pérdida de competitividad de amplios sectores de la producción nacional. En presencia de dichas dificultades, no sólo nuestro crecimiento del año actual será inferior al que esperábamos —dice la autoridad monetaria—, sino que nuestro crecimiento potencial ha sido dañado. Pero, nótese que esa limitación habría sido perfectamente superable si, con la debida antelación, las políticas públicas hubieran abordado con convicción y eficacia el desafío de impulsar la inversión y la productividad. Es la hora de la resignación, parece decirnos el Banco Central, y tiene razón. Pero también de enmendar rumbos y volver a poner a Chile en la pista de crecimiento de alta velocidad.

Ante la desaceleración económica, muchos abogan por políticas fiscales o monetarias más expansivas para estimular la demanda. Pero, no hay evidencia alguna de que esté allí la falla. Durante el primer trimestre, mientras el PIB se estima habría crecido algo por sobre el 3% respecto de igual período del año anterior, el aumento de la demanda interna ha sido del orden de 9% real. En parte, esa demanda se satisface con las importaciones, cuyo valor crece de acuerdo a los últimos datos más de 30% en doce meses, aun excluyendo combustibles. Pero también presiona sobre la capacidad productiva y contribuye a la fuerte inflación reinante.

Hay que tomar en serio el regreso de la inflación. No es cierto que obedezca sólo a las alzas de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, sobre los cuales nada podríamos hacer. Hoy ostentamos incómodo octavo lugar en cuanto a mayor inflación entre los 42 países que reporta regularmente el semanario The Economist. Las alzas externas han repercutido más en Chile precisamente porque la demanda está muy fuerte. Ello impide que otros precios y márgenes se ajusten a la baja y permitan mantener el IPC bajo control.

En su informe, el Banco Central denota alguna preocupación por un eventual enfriamiento de la demanda de consumo. En efecto, es probable que algo de ello esté ocurriendo a consecuencia precisamente de las alzas del costo de vida y el deterioro de las expectativas. Pero es inevitable si en verdad queremos detener la escalada inflacionaria.

Acertadamente, el Banco Central ha reiterado su compromiso de rebajar paulatinamente la inflación hasta el 3% a lo largo de los próximos dos años. Estando la capacidad productiva virtualmente copada, no se ve qué beneficio podría reportar el postergar la estabilización. En cambio, el aumento de las expectativas de inflación está ya causando un dañino incremento en el costo del crédito de largo plazo. Los políticos que abogan por una política monetaria más suave para ganar popularidad pueden llevarse una sorpresa. Los deudores —que hoy son muchos— también votan, y nada más irritante para ellos que una UF sobre los $20.000 o el alza de los intereses de sus tarjetas de crédito.

Aunque cueste, el compromiso antiinflacionario del Banco Central le exigirá mantener una política monetaria dura. En su informe parece confiado en que de aquí a dos años cumplirá su cometido sin necesidad de nuevas alzas en los intereses. El mercado discrepa: prevé que la inflación se mantendrá sobre 5% por los próximos 24 meses. De persistir esa expectativa, la autoridad debería elevar las tasas nominales y reales. Ese riesgo ha comenzado a revelarse en los intereses de mediano y largo plazo, de gran importancia para el financiamiento de la inversión y la vivienda. Esta semana, dichas tasas subieron abruptamente, impulsadas por el anuncio de una demasiado voluminosa emisión de bonos por parte del Banco Central para financiar sus compras de dólares.

La expansión de la demanda y la inflación han tenido un combustible fiscal. Es cierto que el superávit presupuestario es amplio, pero ello refleja principalmente los exorbitantes ingresos provenientes del cobre. Mientras tanto, en el primer trimestre el gasto público presupuestario se ha incrementado en un impresionante 14% real respecto de igual período del año anterior. En los próximos meses, la ley de presupuestos vigente obligaría a una significativa reducción de ese ritmo, pero es dudoso que ello resulte políticamente factible. Mientras tanto, ciertas partidas extrapresupuestarias, como los subsidios a los combustibles y al transporte, crecen sostenidamente. ENAP reconoce US$ 200 millones a cobrar al fisco por efecto de la estabilización de los precios de las gasolinas. Otros US$ 200 millones que en enero pasado fueron aportados al fondo que subvenciona el diésel y demás combustibles, con el petróleo a US$ 125 por barril, se hacen agua. El funesto Transantiago engulle más de US$ 30 millones mensuales. Suma y sigue. Nuestra bien reputada política fiscal está ya despertando críticas en Wall Street, como pudieron comprobar el ministro de Hacienda y varios parlamentarios en esa suerte de viaje de estudios que hicieran recientemente a la capital financiera mundial.

En un acto sin precedentes, el Senado ha planteado al Ejecutivo un conjunto de medidas concretas para reanudar el crecimiento acelerado. Aunque la iniciativa es loable, el conjunto carece de la coherencia necesaria para configurar un programa viable. Muchas de ellas harían aun más expansiva la política fiscal, agregando más leña a la hoguera inflacionaria, con la consiguiente alza de los intereses y del dólar. Desde luego, son interesantes las propuestas destinadas a rebajar impuestos, pero su financiamiento inevitablemente requeriría contener la expansión fiscal.

Ahora la palabra la tiene la Presidenta. El próximo 21 tendrá la oportunidad de clarificar su estrategia para los casi dos años que restan de su mandato. ¿Deberemos conformarnos con el crecimiento del 4 a 5% de que nos habla el Banco Central? ¿Hay medidas fiscales o reformas microeconómicas en preparación para impulsar el crecimiento sin ceder en el compromiso con la estabilidad de precios? ¿Cómo conciliar las urgencias electorales de la temporada que se inicia con las exigencias del realismo económico? ¿Cómo recrear un clima empresarial propicio a la inversión, la productividad y el empleo?