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Recientemente, el Consejo Asesor de Educación Superior ha propuesto eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), porque sería un subsidio regresivo que reciben mayoritariamente las universidades con mayores recursos, como la Chile, la Católica y de Concepción, líderes en el ranking de instituciones que reciben estos recursos.

El AFI es un aporte que entrega el Estado y que consiste en el financiamiento de la matrícula de los alumnos de primer año con los mejores 27.500 puntajes en la PSU, dineros que se traspasan a las universidades. A cambio, el Consejo Asesor propone subsidiar a aquellos planteles que logren captar a estudiantes de escasos recursos. Se propone, por lo tanto, reemplazar un subsidio a la calidad por un subsidio a la equidad.

Durante su funcionamiento, el AFI ha incentivado la competencia entre universidades en busca de una mayor calidad en la enseñanza, toda vez que, en la lucha por captar estos recursos, han mejorado sus estándares, con la finalidad de atraer a los mejores estudiantes. Así es como la U. de Chile, la UC y U. de Concepción fueron las que más años de acreditación institucional obtuvieron cuando postularon al proceso en 2004: por siete años las dos primeras y hasta 2010 la última.

Por su parte, el AFI ha logrado también, indirectamente, una mayor equidad, ya que muchas universidades, para captar a estos mejores alumnos, traspasan parte de los recursos que obtienen de este subsidio a aquellos “alumnos AFI” de escasos recursos, a través de becas y otras facilidades de financiamiento.

Sin perjuicio de que es importante que se avance en materia del acceso de los estudiantes de escasos recursos, es un error hacerlo a costa de un subsidio que incentiva la calidad. El hecho de que sean las universidades con mayores recursos las que reciben el AFI se explica porque, por la lógica de este subsidio, estos recursos los reciben los planteles de mejor calidad, para lo cual requieren contar con cuantiosos recursos. No existe, por lo tanto, ninguna razón que justifique la eliminación del AFI y, por el contrario, existen motivos suficientes para mantenerlo. Su fin desincentivaría la competencia por la calidad que hoy en día se da entre las universidades, y a cambio, muchas se concentrarían en la captación de la mayor cantidad de alumnos de escasos recursos, lo que afectaría indudablemente la calidad de la educación superior.