Hay insatisfacción con la marcha de la economía. Unos piden que suban los sueldos, tan golpeados por las inclemencias de la inflación. Otros claman por una intervención del Banco Central a favor de un dólar más alto. Y lo más interesante, son cada vez más las voces que abogan por rebajas tributarias. ¿Está enferma la economía chilena?, ¿qué medicinas necesita?

La visión oficial fue presentada con elocuencia por el timonel de Hacienda en el reciente seminario de ICARE. Estamos bien, nos dijo, dadas las circunstancias. Se vendría una tormenta financiera internacional, lo que coincide con los sombríos pronósticos efectuados últimamente por Ben Bernanke, el nervioso piloto del Banco Central de los Estados Unidos. Chile, nos tranquiliza el ministro, está bien apertrechado de ahorros y reservas para encarar el mal tiempo, pero no se le puede pedir que marche más rápido.

Que llueve torrencialmente sobre Wall Street está fuera de discusión, pero el resto del mundo goza todavía de relativo buen tiempo. Aunque el escenario más probable es de una desaceleración en la economía mundial, los países emergentes, con China a la cabeza, seguirán siendo un factor de dinamismo. Mientras tanto, el cobre y otros precios de exportación no dan señal de fatiga alguna. En la medida en que dure la bonanza minera, Chile seguirá disfrutando de condiciones externas extraordinariamente favorables.

La paradoja es que la bonanza no se está sintiendo con claridad en la actividad económica. Cuando ella se iniciaba, cuatro años atrás, pareció que Chile retomaba la carrera del desarrollo acelerado, pero ahora languidecemos en torno al 4,5% de crecimiento anual, las expectativas se han venido abajo y el clima político se ha enrarecido. Ocurre que las consecuencias de la bonanza son asimétricas. Mientras el Estado se enriquece gracias a los inéditos ingresos del cobre, la actividad económica privada encara los exorbitantes costos de la energía, la fuerte caída del dólar, el agobiante peso de los impuestos y las regulaciones, y la enervante ineficiencia de los servicios públicos. De allí la impaciencia de los dirigentes políticos y gremiales. Aunque la generalidad de las medidas propuestas crean más problemas de los que pretenden resolver, tienen un trasfondo válido: buscan reequilibrar la distribución de los frutos de la bonanza entre el opulento Estado y el sufrido chileno medio.

Es innegable que la administración de la riqueza fiscal ha sido prudente. La regla del superávit estructural ha permitido acumular ahorros que se estima totalizarán más de US$ 30.000 millones al fin del año. Su saludable propósito es precaver para los años de vacas flacas. Pero, la suma acumulada supera con creces lo necesario para ello. Por ejemplo, para cubrir el riesgo de una caída de 50% del cobre respecto de sus precios de largo plazo, mantenidos durante tres años consecutivos, sólo harían falta ahorros equivalentes a la mitad de lo previsto para fin de año. Hay abundancia de recursos fiscales, los dirigentes públicos y gremiales lo saben, la creciente demanda de medidas no puede sino recrudecer, con la temporada electoral que se avecina.

La tendencia natural de la coalición gobernante es a atender esas demandas, abriendo las compuertas del gasto público. La regla fiscal vigente ha servido para moderar presiones, pero ha sido suficientemente flexible como para admitir una expansión del gasto superior al 7% real anual desde 2004. Hacia el futuro, los fuertes compromisos que demandan la reforma a la previsión y los variados subsidios en estudio hacen improbable que el ritmo de la expansión fiscal amaine. Y como ha quedado palmariamente demostrado, los subsidios y otras erogaciones públicas no siempre llegan a donde deben llegar. Sea por la "ideología de la corrupción" denunciada tiempo atrás por un connotado ex dirigente de la Concertación, por el "desorden brutal" revelado por un ex ministro del ramo por el caso de las subvenciones educacionales o por la "cultura del despelote (sic)" hecha ver ni más ni menos que por el contralor de la República, lo cierto es que hace agua la receta habitual de atender los problemas mediante el simple expediente del desembolso fiscal.

Por eso es que la alternativa de rebajar impuestos ha tomado sorprendente popularidad. El gobierno ha reaccionado aliviando los tributos a los combustibles y al crédito, pero con cuentagotas. Entre los políticos, hoy concita cierto apoyo la reducción del IVA: ¿será ésta la próxima medida?

La rebaja del IVA es una forma rápida y directa de transmitir al sector privado parte de la riqueza fiscal: alrededor de US$ 800 millones al año serían devueltos a los contribuyentes por cada punto de reducción de la tasa, aliviando el bolsillo de los consumidores y aflojando temporalmente las alzas del IPC. Pero tiene un gran defecto: sería un contraindicado factor de expansión de los gastos de consumo. Precisamente, lo que hay tras el ingrato despertar de la inflación es una muy fuerte expansión del consumo. Para contener la demanda y las alzas de precios, el Banco Central ha debido elevar los intereses y tolerar un dólar bajo. Los IPC de marzo y abril están siendo pasajeramente atenuados por la rebaja del impuesto a la gasolina, pero sería engañoso pensar que por ese fácil atajo, o con la reducción del IVA, vamos en verdad a poner la inflación en vereda.

En cambio, la abundancia de los ahorros fiscales permite programar una reforma tributaria orientada a estimular la inversión y la productividad. Una vez separados los fondos fiscales razonablemente necesarios para protegernos de una eventual caída del cobre, hay recursos suficientes como para dar inicio a una rebaja gradual de los impuestos a la renta de las personas y a las rentas reinvertidas de las empresas. Es cierto que ello redundaría en un menor ahorro fiscal, pero favorecería el ahorro privado. El efecto revitalizador de la inversión y la productividad de una buena reforma tributaria está debidamente documentado en el Chile de los ochenta.

Anteayer en el Senado, según versiones de prensa, la izquierda y la derecha unidas demandaron del Banco Central un dólar más alto. La intervención del Banco Central puede justificarse puntualmente para orientar las expectativas del mercado. Pero procurar que éste mejore persistentemente las condiciones de competitividad de los exportadores es pedir peras al olmo. Mejor harían los honorables en dirigir su encendida retórica hacia el gobierno, exigiéndole paliar los efectos del dólar barato mediante una reforma tributaria a favor de la inversión y la productividad.