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Solari, Ricardo

Corren rumores de que el Tribunal Constitucional habría acogido la solicitud de 31 diputados de la Alianza en el sentido de impedir la distribución de la píldora del día después en consultorios públicos. La ministra de Salud llamó a la calma y a esperar el fallo, pese a lo cual sostuvo que una decisión de esa naturaleza daría por tierra con cincuenta años de acción estatal en el área de la planificación familiar.

El asunto es muy serio y tiene demasiados aspectos polémicos como para dejarlo pasar por alto. En primer lugar, que asuntos de naturaleza estrictamente personal —porque se trata de decisiones individuales, como son todas aquellas vinculadas a la sexualidad—, que son extremadamente complejos, pasen a ser determinados por la imposición de un ente de la naturaleza del Tribunal Constitucional. La explicación de por qué se metió en este embrollo y no se declaró incompetente, como a mi juicio correspondía, es que se trata de políticas publicas y hay recursos y medios del Estado involucrados en una acción que podría tener efectos negativos respecto de disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la vida, eventualmente amenazado por la decisión del Ejecutivo.

Pero si el tribunal se arroga atribuciones para limitar derechos individuales a partir “de una duda científica razonable”, cabe preguntarse qué legitimidad tiene un órgano compuesto por ocho abogados y una abogada para dirimir precisamente una cuestión científica de esa complejidad. He escuchado decenas de veces al doctor Horacio Croxato, que ha dedicado toda su vida a la investigación en fecundidad —una parte muy importante en la Pontificia Universidad Católica— señalar que una inmensa evidencia garantiza que no hay duda alguna respecto de que la píldora no es abortiva.

¿Qué legitimidad tiene un tribunal compuesto por 8 hombres y sólo una mujer para decidir sobre asuntos que desafortunadamente en el Chile real, sin educación sexual de verdad y adicionalmente machista, afectan dramáticamente a decenas de miles de mujeres?

Pero además, y con la mejor disposición a escuchar otros argumentos y ser persuadido, investigo y me encuentro que toda esta discusión es privada, entre cuatro paredes, en secreto, a la chilena, al modo como no queremos que sea Chile.

Si bien es cierto que la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional es un derecho de la minoría, el tribunal sabe que la política pública en juego es una decisión de un gobierno elegido por la mayoría de los ciudadanos. Y si aquí no podemos decidir los individuos y si la mayoría tampoco importa y si los que deciden sobre dudas científicas no son científicos, ¿en qué mundo estamos?

Cuentan los rumores que además el tribunal se habría explayado sobre otros métodos anticonceptivos de uso común en nuestro país hace muchas décadas. Mismos métodos que se utilizan en América del Norte, la Unión Europea, Rusia, China, Oceanía y todo el resto de América Latina. No quiero creer que esto sea posible, porque allí habríamos transitado de lo controversial a lo derechamente pintoresco.

Una de las criticas que también se ha formulado es que uno de los miembros del tribunal habría realizado informes en derecho previos y negativos a la píldora, cuestión que establece una obvia inhabilidad, pese a lo cual igual —y a diferencia de otro integrante del mismo Tribunal que sí se inhabilitó— no lo hizo. Este asunto debería despejarse categóricamente.

Espero que todos éstos sean rumores, porque al final los que pierden son siempre los mismos, los pobres, los que no tienen acceso a la atención privada de salud y a los fármacos onerosos que se ofrecen en las farmacias, a los viajes al extranjero.

Al final, este tipo de decisiones, se tome por el motivo que se tome, promueve el contrabando y la acción clandestina.

Insisto, ojalá todas estas hipotéticas decisiones del Tribunal sean eso: sólo rumores.