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Alejandro Ferreiro

Alejandro Ferreiro
“Gobierno” de las empresas públicas: Buscando la misión

El gobierno de una empresa corresponde al conjunto de prácticas y procedimientos con que su dirección aspira a la mejor concreción de su objeto. Es, por tanto, un medio para cumplir un fin. Cuando hablamos del gobierno corporativo de las sociedades anónimas que emiten valores al público, no resulta complejo identificar la finalidad de su gobierno corporativo: crear valor y distribuirlo equitativamente entre todos sus accionistas. La claridad y consenso acerca de los fines de una sociedad anónima abierta favorece el debate acerca de cuál es la regulación que mejor los promueve. En los últimos años, las reformas a los gobiernos corporativos privados han apuntado precisamente a fortalecer la concreción del segundo fin —la equidad en la distribución— por medio de un conjunto de regulaciones orientadas a proteger al accionista minoritario.

Hoy en Chile se abre un debate sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Un proyecto de ley se ha presentado al Parlamento y muchas de sus disposiciones apuntan a profesionalizar la gestión de las empresas y a dar espacios en sus directorios a personas independientes del gobierno de turno. Lo anterior es, sin duda, positivo, pero no será suficiente mientras no se aclare previa y explícitamente cuál es la finalidad propia de las empresas estatales, cómo se mide su cumplimiento y cómo resulta funcional el nuevo esquema legal propuesto a esa función.

La cuestión es compleja, políticamente sensible, pero, finalmente, inescapable.

Algunas premisas:

Primero, una empresa estatal debiera tener una función distinta o adicional a la mera generación de utilidades y esa función no podría ser desempeñada adecuadamente por una privada. Si así no fuera, desaparecerían tanto la justificación teórica de la empresa estatal, como también el límite conceptual entre la naturaleza y ámbitos propios de la empresa privada y la pública.

Segundo, esa función “social” debiera ser explícita, susceptible de medición objetiva y, sujeta a contabilidad separada. Aquí comienzan algunas complejidades y confusiones. De hecho, en pocas leyes de empresas estatales se explicitan tales fines, ni menos los indicadores de su cumplimiento. Tampoco existe la práctica de financiar por el fisco de modo explícito los “déficit” de caja que la “función social” de la empresa genera. Por ello, y cuando se analiza un balance de una empresa pública en la que se confunden fines sociales y productivos es casi imposible evaluar el verdadero desempeño de su dirección. Siempre será posible argumentar que utilidades pobres o pérdidas se explican por la función social, pero como ella no es clara ni cuantificable, ese argumento bien puede esconder también una pobre gestión. Si, por otro lado, la empresa pública se esmera sólo en la generación de utilidades, la implícita razón “adicional” que justificaría su existencia, recibirá escasa atención.

La confusión, ambigüedad o superposición de objetivos entorpece cualquier control y mejora de la gestión.

De aprobarse el proyecto de ley de gobierno corporativo, los directorios de las empresas públicas estarán formados por profesionales de excelencia y algunos independientes del gobierno. Todos ellos estarán dotados de las capacidades profesionales para cumplir su misión… en la medida en que ésta sea clara.

El gobierno corporativo, por muy “bueno” que sea, seguirá siendo siempre un medio para cumplir un fin. Sin objetivos claros, de poco servirá mejorar la capacidad de concretarlos. El desafío político, técnico y legislativo que subyace a este proyecto de ley consiste, entonces, en avanzar en el sinceramiento y explicitación de los fines de las empresas públicas y de los indicadores de su cumplimiento. Sin aquello, todo sistema de control de gestión resultará imperfecto, y todo gobierno corporativo carecerá del sentido de misión estratégica que toda organización requiere.

El ejercicio no es simple: en algunos casos descubriremos que la “función social” de la empresa ya no existe o es irrelevante, y que su presencia en manos del Estado obedece más a razones históricas o políticas, que conceptuales. Aquí, y si se descartase privatizar, la empresa deberá someterse a estrictas exigencias de eficiencia operativa. En otros casos, explicitar la “función social” y los indicadores de cumplimiento será técnica y políticamente complejo, pero ese será el único medio de poder medir el desempeño de su gobierno corporativo. En suma, mejorar la capacidad de cumplir los fines es positivo. Tener claros cuáles son éstos, imprescindible. n

5 Comentarios publicados

Posteado por: pesimista 28/04/2008 16:08 [ N° 1 ]	Estado empresario??????? centremosnos en Codelco, si el fisco vende Codelco y destina la plata a educación, exista una probabilidad no menor que la plata la pierda, ya que si no es buen empresario tampoco es buen educador. Pedro Sanchez dice que los niños de 4 básico en escuela rural no leen de corrido, seguiran sin leer de corrido aunque la plata se invierta en educación por que su medio es muy malo y cuando me refiero a medio me refiero a su hogar. El Estado sabe esto o al menos lo sospecha y por lo tanto no arriesga su capital que son las empresas públicas para proyectos que si bien tienen un altisimo retorno como la educación pero que a la vez presentan un altísimo riesgo de fracasar. Con el cobre nunca fracasara

Posteado por: RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ 24/04/2008 16:17 [ N° 2 ]	ESTO FALTA EN EL ESTADO Escuchamos hablar de “ irregularidades “ entonces hay que inistir en una auditoria de status. La Auditoria de Status.- Se la define como la auditoria para investigar e indagar los enriquecimientos ilícitos de los empleados y ejecutivos en el acometimiento fraude interno , que se reflejan en los informes de responsabilidad legal.( Felix Campoverde ) La Auditoria de Status, esta siendo cada vez más requerida por los gobiernos corporativos de las entidades públicas y privadas, debido a que muchas empresas están perdiendo su posición financiera patrimonial por los fraudes internos que realizan sus propios empleados y directivos por malversación de fondos, y la apropiación indebida de bienes o servicios. El fraude interno en las empresas se ha extendido en el mundo y es el más difícil de investigar y penalizar, las modalidades son tan variadas que van desde las más sencillas e ingenuas como la destrucción o pérdidas de documentación, hasta las más sofisticadas, en la creación de artificios contables financieros juegos con las cuentas contables de activos y pasivos y de resultados, es decir toda una reingeniería en uso de los medios disponibles como los avances de la tecnología; esto va mucho mas lejos de nuestra propia imaginación, por el solo hecho de ocupar un cargo directivo tomando decisiones donde la confianza depositada por sus directivos y por la sociedad ya no es un valor real peor un deber y responsabilidad el código de ética que de deba cumplirse. Desde luego la lealtad de los empleados hacia las empresas se ha deteriorado, y los empresarios y directivos tienen un nivel muy bajo de conciencia del problema. Esto les impide tomar medidas sencillas y de fácil aplicación para disminuir esta pérdida de rentabilidad y confianza. Saludos Rodrigo González Fernandez WWW.CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM

Posteado por: Mapuche Araucano 03/04/2008 18:33 [ N° 3 ]	¿Usted?... el que hipoteco las empresas públicas en beneficio de Microsoft.

Posteado por: carlos kinast feliú 01/04/2008 23:41 [ N° 4 ]	Los políticos están desprestigiados, pero reinan sin contrapesos dentro de un Sistema que los Blinda. Asumen como saqueadores irresponsables en las empresas públicas, libres de sanciones. La autoridad hace un escandaloso Abandono de Deberes y Vista Gorda. Los políticos en Chile son una casta privilegiada, ignorante e inepta que se preocupa de la politiquería y el cuoteo y no del bienestar de los ciudadanos comunes y corrientes. Las empresas estatales son el botín de los políticos de turno. En Chile los delincuentes mandan y el Estado atado por una mala interpretación de los DDHH, obedece. Los políticos están pajareando o bien están preocupados de sus beneficios y prebendas El cuantioso robo a EFE de 1.450 millones de dólares es un botón de muestra, es insólito, más aun cuando las autoridades no son sancionadas ni asumen la responsabilidad que les cabe. El ladrón o despilfarrador llegó al botín vía cuoteo y pitutos, aprovechándose de un descarado Abandono de Deberes de las máximas autoridades e turno. Los chilenos comunes y corrientes fueron saqueados Lo racional es jibarizar el Estado, partiendo por transformar las empresas estatales en S.A. abiertas aunque el Estado despilfarrador mantenga inicialmente el 51 % de la propiedad accionaria. Esto permitiría que las Empresas estatales sean fiscalizadas como las empresas privadas. El Estado y los políticos en general son despilfarradores compulsivos, debido a que en su mayoría nunca han trabajado. Son parásitos y zánganos organizados en partidos políticos que profitan de una institucionalidad que los blinda y protege. Los Operadores son los nuevos reducidores

Posteado por: Pedro Sánchez 01/04/2008 14:18 [ N° 5 ]	Cual es la "funciòn social" de una empresa como por ejemplo Codelco...no será mejor privatizarla e invertir dicho dinero en una verdadera funciòn social como por ejemplo comprar el estatuto docente y ponernos por fin las pilas con la educaciòn de este país (al ojo un 50% de los niños de una escuela rural de 4to basico no leen de corrido)asi nos vamos a quedar para siempre atràs