Cuando ya asomaba marzo su desagradable rostro y se propagaban los temores a la crisis financiera internacional, a la sequía y consiguiente desabastecimiento eléctrico y al repunte de la inflación, el Gobierno nos ha sorprendido con una saludable rebaja tributaria. La situación económica es delicada y hay cierto riesgo que se provoque una contraproducente desmoralización entre los empresarios o los consumidores. La reducción anunciada para los impuestos a la gasolina y al crédito está acertadamente dirigida a evitar ese riesgo. Desgraciadamente, el golpe vitamínico ofrecido por el Gobierno es algo tardío y puede resultar insuficiente.

El giro que ha tomado la economía mundial es inquietante. Estados Unidos se debate al borde de la recesión por obra de una grave crisis inmobiliaria. Hasta ahora esta calamidad no ha comprometido mayormente al resto de la economía norteamericana y al mundo, pero el temor es que las grandes pérdidas de riqueza que sufren sobre las personas y los bancos termine hundiendo a la economía global en una depresión. Tenemos experiencia en Chile de lo que cuesta reparar los daños que ocasionan los terremotos financieros. Pero también aprendimos en los años ochenta que con una tasa real de interés suficientemente baja y un tipo de cambio suficientemente competitivo la economía real puede echarse a correr con sorprendente rapidez. Pues bien, esa es la receta que parece estar aplicando Estados Unidos - que ha llevado virtualmente a cero los intereses reales de corto plazo y estimulando una fuerte depreciación de su moneda- y ello permite abrigar, pese a las incertidumbres de la hora, una visión cautelosamente optimista sobre la futura marcha de la economía mundial.

Mientras tanto, el dinamismo de las potencias emergentes, con el dragón chino a la cabeza, y la desvalorización del dólar, empujan a los precios de los minerales y otros productos básicos a valores inusitadamente altos. El cobre acaba de romper la barrera de los cuatro dólares por libra. Aunque suene paradójico, en esta coyuntura Chile es un ganador neto: aunque compra combustibles y alimentos más caros, vende el cobre, el molibdeno, la celulosa y otros productos a precios espectaculares. El efecto combinado son ganancias adicionales por más de 10 mil millones de dólares sobre un año normal.

El gran beneficiario es el Fisco, que recibe los excedentes de CODELCO y recauda los impuestos que paga la gran minería privada. El sector privado, en tanto, exceptuando la minería, vive días difíciles. Debe vérselas con el alza de los costos energéticos - exacerbados por la falta de gas y la posible sequía- , la fuerte caída del dólar en los últimos seis meses y la creciente presión de los costos laborales. Gracias al uso masivo del crédito, la demanda interna se ha mantenido vigorosa y ello ha beneficiado al comercio, la construcción y otros sectores de servicios. Pero el repunte inflacionario ha llevado al Banco Central a pisar el freno y paulatinamente ella se hará sentir en esos rubros.

El paquete tributario anunciado es una manera de transferir una cuota de la riqueza fiscal a las personas. Son $50 menos de impuesto por litro de gasolina, suficientes para neutralizar el alza que habría ocasionado el elevado precio del petróleo, que ya se empina sobre los 100 dólares por barril. Por razones de prudencia fiscal, la reducción es temporal (dura dos años) y condicionada a que el crudo no caiga significativamente. Estás precauciones son reveladoras quizá de las dificultades que se prevén a futuro a consecuencia del fuerte tren de gasto público en que estamos embarcados.

El paquete tributario contempla también la eliminación del impuesto al crédito para la pequeña empresa y la aceleración del calendario de reducción gradual establecido para los restantes deudores. Dicho impuesto encarece artificialmente el crédito y desalienta la inversión. Su abolición ha sido planteada reiteradamente como una de las reformas "microeconómicas" todavía pendientes. El programa económico de la Alianza en el 2005 - en el cual me tocó participar como coordinador de los Talleres Bicentenario- contenía idéntica medida. Que finalmente esa propuesta vaya a ser realidad demuestra que, aunque con lamentable demora, el tren de nuestra modernización económica todavía avanza.

El Gobierno ha estimado oportuno incluir un contraproducente incremento en el IVA que grava la adquisición de viviendas nuevas de valor superior a UF 2.000, esto es, las que demandan los sectores de ingresos medios y altos. En la actualidad, estas compras no están afectas a dicho impuesto y las empresas constructoras reciben la devolución parcial del IVA pagado sobre sus insumos. La justificación para este tratamiento especial es que la adquisición de viviendas se considera inversión y no consumo. El argumento es discutible por cuanto la vivienda ofrece a su propietario a través del tiempo un flujo de servicios que es asimilable al consumo. Pero en cualquier caso, la modificación anunciada, cuya aplicación tendría lugar a partir del próximo año, perjudica el crecimiento de un sector -la construcción- que en la coyuntura actual podría jugar un rol preponderante.

Dos días después de los anuncios, los mercados fueron remecidos por la inesperada alza del IPC en febrero (que se empina sobre el 8% en los últimos 12 meses) y el débil crecimiento de la actividad económica (que marcó sólo 3.4% en igual período). Aunque ambos indicadores están contaminados por factores puntuales (el IPC, por ejemplo, registró exageradamente el incremento mensual de las cuentas de electricidad), la coyuntura macroeconómica es compleja. El crecimiento está acotado por restricciones reales de capacidad productiva. La inflación sigue recogiendo el efecto del alza mundial de los alimentos, pero es también empujada por el exceso de demanda interna y los costos laborales. Las expectativas de inflación han comenzado a alejarse de la meta oficial -el mercado prevé ahora tasas de inflación iguales o superiores a 4% por los próximos cinco o diez años- y el dólar ha continuado descendiendo hacia niveles peligrosamente bajos. La misión del Banco Central es mantener la inflación a raya y, en las circunstancias actuales, ello puede exigir un alza adicional de los intereses. El Gobierno puede colaborar conteniendo el gasto público y promoviendo rebajas tributarias que fortalezcan el ahorro y la competitividad. Mientras no haya voluntad política para hacer bien las tareas pendientes, la vitamina que promete el ministro Velasco se quedará corta.