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Las políticas públicas han llegado a ser la principal unidad de análisis y de operaciones del sector público, en cuya puesta en práctica, sin embargo, subsisten problemas que inciden en resultados insatisfactorios. Uno de estos problemas es la insuficiente articulación entre lo que se busca con ellas y el cómo lograrlo.

Ha sido frecuente en América Latina que gobiernos y partidos enfaticen los objetivos de las políticas públicas, algunas veces inalcanzables, y descuiden, en cambio, los aspectos de su puesta en práctica. Esta separación se da en la demagogia tradicional, pero no es el único caso. También el enfoque neoliberal de los años ochenta fue criticado por su concentración en las orientaciones —el qué—, con prescindencia de los aspectos de implementación. Entonces surgió la preocupación por las reformas “de segunda generación” (y de tercera y de cuarta), que consideraban el cómo hacer las políticas.

Y reapareció así otro problema, el tecnocratismo. Es gestión tecnocrática aquella que reduce las políticas a simplificaciones unilaterales de sus objetivos, planteadas y conducidas por administradores, y centradas en disminuir el gasto fiscal y aumentar los procedimientos burocráticos. Es habitual que las políticas tecnocráticas logren bajo apoyo político y legislativo, pierdan con rapidez su respaldo social y su gobernabilidad se vea erosionada, incluso antes de que las medidas tengan algún efecto.

La demagogia y el tecnocratismo comparten una debilidad, su concentración en algunos aspectos de las políticas públicas, con exclusión de los demás. Por ello ambos son perjudiciales para los países; las sociedades no ganan con autolimitarse a la repetición de consignas para un futuro indeterminado, o con reducir las políticas a opciones marginales en un marco burocrático.

¿Cómo articular de mejor modo el qué y el cómo? Se requiere integrar en un estilo lo que hemos aprendido sobre las políticas públicas. Lo primero es que estén bien estructuradas. Tal estructura debe incluir cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo definido en forma democrática, a ser desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Pero, además de las orientaciones o contenidos, la política debe precisar instrumentos o mecanismos, etapas y metas parciales, definiciones o modificaciones institucionales, así como la previsión de sus resultados.

Por otra parte, se debe dar atención simultánea a los aspectos que conforman las políticas públicas: los políticos, incluyendo la participación decisiva de la ciudadanía y la modernización del trabajo legislativo; los técnicos, incluyendo los administrativos, legales y de gestión; los económicos y financieros, que entreguen opciones para las políticas definidas, y los comunicacionales, incluyendo la amplia información a la ciudadanía y el funcionamiento transparente de la institucionalidad.

Por último, conviene que tanto los factores que componen como los que estructuran las políticas de calidad, sean incorporados en cada fase del ciclo.

En el origen, por la ciudadanía; en el programa, por los partidos; en el diseño y la gestión, por el gobierno, y en la evaluación de las políticas, por evaluadores especializados en los objetivos, los medios y los resultados, superando las evaluaciones exclusivamente financieras.

La ciudadanía ganaría si se dejaran atrás tanto la política populista, que acoge las subjetividades sociales pero las escinde de sus condiciones materiales de realización, como la tecnocrática, preocupada exclusivamente de la operación de los sistemas funcionales de las políticas.

En cambio, convendría que las políticas públicas tuvieran una estructura de calidad y que en ella se dé consideración simultánea a sus diversos aspectos en cada una de sus etapas analíticas.