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U na de las funciones de mayor relevancia de las municipalidades, y en especial del alcalde y el concejo, es el desarrollo urbano, el “hacer ciudad”, actuando sobre múltiples variables de tipo urbanístico. Estas tienen una particularidad común: afectan la calidad de vida de las personas, sus actividades diarias, su toma de decisiones, el modo en que utilizan el tiempo, incluso, su estado de ánimo y los aires de optimismo o pesimismo con que enfrentan la vida.

En este plano, el papel que cabe a las entidades locales es fundamental. Conocedoras como nadie del tejido social y las realidades concretas en que se desarrollan los planes e iniciativas urbanísticas, la influencia que éstas ejercen en los vecinos de los distintos barrios y sectores es vital.

Dentro de las herramientas para el desarrollo urbano, sobresale la facultad de aprobar los planes reguladores comunales y sus modificaciones, en los cuales se definen cosas tan importantes como lo que se puede o no construir en un lugar determinado, el tamaño o magnitud de tales construcciones, los usos o actividades que se podrán o no desarrollar. También puede incluir características del espacio público, calles, plazas, parques y demás elementos que dan forma a lo que denominamos “barrios”.

Sin embargo, junto con reconocer la importancia de tales facultades es necesario llamar la atención sobre las carencias del sistema, dado que significan obstáculos que impiden una acción más eficaz y oportuna. En otras palabras, “lomos de toro” que es necesario remover, por innecesarios o poco concordantes con las necesidades actuales.

Carencias que por lo demás tienen un origen común: corresponden a un ordenamiento legal e institucional de hace más de 70 años, cuando el país era otro.

Modernizar el sistema puede parecer como algo utópico, o poco relevante frente a la atracción de proyectos concretos y cortes de cinta, motivo por el cual es escasa la disposición a actuar sobre estos temas de fondo, “lo que no se ve”, y que sin embargo tiene un enorme poder multiplicador. Cambios que posibilitarían entrar a una nueva etapa de las ciudades chilenas.

Por ello es que valoramos la decisión de abordar ahora estas materias por parte del Ejecutivo mediante un proyecto de ley para modernizar nuestra Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materias de gran relevancia para los gobiernos locales y, por supuesto, para la ciudadanía.

Permitir el desarrollo de acciones conjuntas público-privadas, estableciendo normativas de condiciones por parte de quienes construyen, incluidas obras de compensación o mejoramiento del espacio público, asociado a los proyectos y la posibilidad de establecer reglas de diseño en determinados lugares, resulta un eje fundamental en los objetivos futuros de cada planificación urbana.

Modernizar el sistema puede parecer como algo utópico, o poco relevante frente a la atracción de proyectos concretos y cortes de cinta, motivo por el cual es escasa la disposición a actuar sobre estos temas de fondo, “lo que no se vé”, y que sin embargo tiene un enorme poder multiplicador. Cambios que posibilitarían entrar a una nueva etapa de las ciudades chilenas.

Por ello es que valoramos la decisión de abordar ahora estas materias por parte del Ejecutivo mediante un proyecto de ley para modernizar nuestra Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materias de gran relevancia para los gobiernos locales y, por supuesto, para la ciudadanía.