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Hay dos maneras de interpretar el acuerdo sobre educación al que recientemente llegaron las principales coaliciones políticas del país. La primera es hacerlo desde el escepticismo, argumentar que una golondrina no hace verano y recordar que a los pocos días los mismos que suscribieron el acuerdo estaban sacándose los ojos en la discusión sobre las platas para Transantiago. La segunda es creer que nuestra clase política es capaz de tener momentos de grandeza, en que la visión de Estado predomina sobre el cálculo pequeño y ayuda a lograr grandes acuerdos.

Durante muchos años me tocó trabajar con políticos, tramitando leyes, buscando acuerdos y soluciones a problemas concretos. De esa experiencia adquirí una visión considerablemente más positiva sobre su capacidad de llegar a acuerdos y entender las prioridades del país. Por eso estoy convencido que el acuerdo sobre educación no sólo enaltece a la clase política chilena, sino que puede ser el comienzo de un cambio de envergadura para el país.

El acuerdo sobre educación significa que por primera vez en 27 años el sistema político en su conjunto ha entendido que el Estado no puede limitarse a ser la caja pagadora de los sostenedores de colegios y los profesores. El énfasis que se pone en el aseguramiento de la calidad de la educación significa que el Estado debe exigir más por los recursos que aporta, fijar estándares, identificar a quienes no están logrando los resultados esperados y tomar acciones correctivas en el interés de los alumnos. La prohibición de la selección en la educación básica significa concebir a la educación no como un mecanismo de selección, sino como un sistema capaz de democratizar el conocimiento, de preocuparse de todos sus alumnos y cerrar las brechas que las diferencias sociales se empeñan en crear entre ellos.

Pero el acuerdo sobre educación puede ser más que un momento de lucidez política. El cambiar nuestra forma de entender la educación también puede comenzar a cambiar nuestra forma de entender el rol de las personas en el desarrollo del país.

Durante cerca de un siglo, Chile ha basado su desarrollo en los recursos naturales. Con distintos énfasis, tecnología y emprendimiento hemos vivido de la minería, de la agroindustria, de la pesca, de los bosques. Esta estrategia nos permitió crecer e insertarnos en el mundo, pero en los últimos años hemos empezado a reconocer también sus limitaciones. El crecimiento basado en la explotación de los recursos naturales agudiza la desigualdad, genera problemas de sustentabilidad ambiental y enfrenta rendimientos decrecientes.

La alternativa a los recursos naturales para un país como Chile, con altos costos de transporte y ahorros limitados, está en sus recursos humanos, su gente. Es la productividad de las personas la que genera competitividad; es la gente la que innova y desarrolla proyectos; el capital humano puede estar distribuido bastante más equitativamente que el capital financiero o la propiedad de recursos naturales; hay industrias completas que se pueden desarrollar sobre la base del talento de las personas. Pero para pensar en una alternativa de este tipo tenemos que ir más allá de los discursos y aun del acuerdo sobre educación. Una estrategia de desarrollo basada en los recursos humanos requiere de una estrategia para desarrollar y enriquecer los recursos humanos del país.

Esto demanda, en primer lugar, hacerse cargo de los desafíos que plantean los cambios que se quieren en el sistema escolar. La educación no se genera en las leyes, en el Ministerio de Educación, en las oficinas de los sostenedores, en el presupuesto, en los planes y programas o en la prueba Simce, sino en la sala de clases. Para tener una educación de calidad necesitamos que en cada sala de clases se desarrolle un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad y para eso necesitamos condiciones favorables de trabajo y buenos profesores.

En los últimos años hemos avanzado bastante en lo primero, pero poco en lo segundo. De hecho, hoy en día a nuestro sistema educacional no es que le falten buenos profesores, es que le están faltando profesores, y punto. Los diversos incentivos para el retiro de profesores municipales de mayor edad unido a la desvalorización de la profesión docente han llevado a que hoy no tengamos buenos profesores para reemplazar a los que se van en áreas críticas de la enseñanza. Hoy se titulan anualmente sólo 200 profesores de matemáticas y ciencias y a los profesores de inglés se los llevan los institutos y las empresas.

Por otra parte, tenemos que hacernos cargo de la enorme presión que el aumento de la cobertura de la educación media está generando sobre la educación superior. En los próximos diez años el número de licenciados de educación secundaria crecerá a casi un 10% anual. La mayor parte de esos egresados espera seguir estudios superiores, pero hoy éstos sólo cubren a un tercio de la actual población en el tramo de edad correspondiente. Hoy ya somos críticos de la calidad de muchas universidades e institutos profesionales, pero ¿cómo será esa calidad con el doble o el triple de alumnos? ¿Quién les hará clases?

La enorme presión que se cierne sobre el sistema educacional no se va a aliviar con el lento proceso de formación de nuevos profesores ni con cambios en el Estatuto Docente. Este es un problema en el que se juegan las esperanzas de una generación completa de jóvenes chilenos y sus familias y requiere de soluciones audaces y pragmáticas. Sostengo que, para enfrentar este problema, Chile debe atraer profesionales calificados de otras partes del mundo, llevarlos a sus escuelas, universidades, institutos profesionales, centros de capacitación y empresas. Esta es una estrategia que no es nueva para nuestro país ni es extraña hoy en el mundo. Países como Australia y Nueva Zelanda tienen hoy políticas para promover la inmigración selectiva de profesionales calificados y fortalecer los sistemas que forman a sus propios profesionales. No veo razón para que Chile no se plantee un desafío similar.

Del mismo modo, debemos hacernos cargo de la enorme desigualdad en la distribución de recursos humanos calificados en el país. En la actualidad, dos tercios de los profesionales que no pertenecen a servicios públicos están concentrados en la Región Metropolitana. Esto significa que mientras en Santiago hay uno de estos profesionales por cada 30 personas, en el resto de las regiones hay un profesional por cada 82 personas. Esta enorme desigualdad requiere políticas activas para atraer profesionales a regiones, apoyando a las universidades y centros educativos locales, pagando parte del crédito universitario a los profesionales que se radiquen en regiones.

Pero una estrategia de desarrollo basada en los recursos humanos no debe mirar sólo a los profesionales, sino al conjunto de las personas. Un país con una elite profesional altamente calificada y una masa semianalfabeta puede ser tan desigual como uno con una desigual distribución de la propiedad de la tierra. Para enriquecer la formación y capacitación de las mayorías se requieren sistemas de formación modular y continua, que permitan desarrollar competencias como producto del estudio y del trabajo. Para responder a esta necesidad ya existe una propuesta. En el Congreso descansa desde hace cinco años un proyecto sobre certificación de competencias laborales. Los parlamentarios podrían aprovechar el impulso del acuerdo sobre educación y despachar esta ley que es imprescindible para la igualdad de oportunidades educativas en el país.