Los resultados de la encuesta CEP que conocimos ayer, y la devoción que ella genera en nuestro mundo político, abrieron la puerta a una lectura eminentemente presidencial de las cifras, más que a la evaluación del actual Gobierno.

Obviamente que es sólo una encuesta, una foto del momento, pero da una idea clara de que, si bien hay muchos interesados en asumir una candidatura hacia La Moneda, son pocos los que realmente logran un desempeño que les permita asegurar o acercarse a ese objetivo. Al mismo tiempo, la desesperación de algunos y el nerviosismo de todos habla de cómo, más allá de la voluntad de los partidos y de sus dirigentes, termina siendo la ciudadanía, a través de su opinión y preferencias, la que finalmente resuelve quiénes son verdaderamente candidatos con opción de ganar.

Las evaluaciones positivas de Michelle Bachelet, con un 83%, y de Laurence Golborne, con un 68%, más allá de ponerlos en un lugar muy por encima del resto de los medidos en la encuesta, demuestran que la cercanía y credibilidad que ambos comparten les permiten sintonizar mejor con la ciudadanía, lo que se constituye en una importante ventaja. Sobre todo, cuando ésta desconfía y demuestra su enojo con la clase política tradicional... lo que no deja de ser curioso, tratándose de una ex Presidenta de la República y de un actual ministro de Estado.

Pero esta posición de privilegio de la que disfrutan provoca reacciones diversas al interior de sus conglomerados. No todos aplauden: hay quienes miran con recelo, al ver afectados sus propios intereses.

Para la Concertación la buena evaluación de la ex Presidenta Bachelet y su primer lugar en las encuestas pueden terminar de liquidar las aspiraciones de los candidatos menores o de aquellos que tratan de asomarse más allá de su sombra. El silencio implacable respecto de si va a ser o no candidata pone a la coalición opositora en la incómoda posición de que, a pesar de ser la única figura con posibilidades de competir o ganar la elección, todavía no saben si podrán finalmente contar con ella para la contienda. Bachelet y su silencio no dejan espacio ni siquiera para aquellos candidatos jóvenes, como Claudio Orrego, que siguen en la estrategia del pedir permiso y ni siquiera han logrado concitar apoyo relevante en su propio partido, o como Andrés Velasco, que apostaba a ser la segunda figura mejor evaluada de la Concertación y sin embargo ha sufrido una dura caída, siendo desplazado al quinto lugar en esa lista. De persistir la actual situación, ninguno de los dos logrará llegar siquiera a las primarias opositoras, que a estas alturas, por lo demás, se encuentran en franca duda.

La postura adoptada por Marco Enríquez-Ominami, de no esperar la decisión de nadie y apuntar directamente a la primera vuelta, habla de que está dispuesto a competir contra las fuerzas inmovilizadoras de la Concertación y enfrentar incluso a Bachelet. Y precisamente esta demostración de fuerza es la que explica en gran medida que él no haya desaparecido del mapa presidencial.

En la Alianza, por otro lado, pese a que se había hecho costumbre hablar de los tres ministros candidatos —Golborne, Allamand y Longueira—, la encuesta CEP muestra que cada vez va a costar más seguir haciéndolo: sus resultados evidencian que ellos no están ni en las mismas condiciones de partida, ni en el mismo nivel de apoyo, pese a que han copado la agenda durante semanas con discusiones sobre los mecanismos, los tiempos y sus intenciones en materia presidencial. El tiempo para la especulación se acaba, la encuesta CEP marca la partida de esta carrera y les impone una urgencia evidente a los ministros Allamand y Longueira, quienes, para seguir siendo considerados presidenciables, deberán demostrar que la distancia que hoy los separa del ministro Golborne no es insalvable. Cómo lograrlo antes de que vuelvan a ser evaluados luego de la elección municipal es sin duda un desafío complejo. Más aún si deben hacerlo respetando su propia condición de ministros. 

La última encuesta CEP, dada a conocer ayer, ratifica, como si aún fuera necesario, que si M. Bachelet fuese hoy candidata a la Presidencia de la República resultaría con toda probabilidad vencedora. El dato es sobre todo consistente si se toma en cuenta la naturaleza abierta de la pregunta, orientada a registrar más un deseo del entrevistado (“¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o él próximo Presidente de Chile?”) que una preferencia electoral. Tanto es así que, cómo no destacarlo, resulta sorprendente la transversalidad ideológica de este deseo popular, ya que Bachelet se impone ante su hipotético rival Golborne incluso en el campo de este último: el 28% de quienes se posicionan en la derecha y centro-derecha del eje prefieren a la ex Presidenta antes que al actual ministro (23%). Para rematar este verdadero plebiscito, constatemos que la actual líder de ONU-Mujeres se impone en todos los niveles socioeconómicos, incluyendo el “alto” (21% contra un 18% de Golborne). En cuanto al resto de los aspirantes a la Primera Magistratura, pocos son espontáneamente mencionados (y cuando eso ocurre, es con marcas entre paupérrimas y ridículas), y varios ni siquiera han penetrado en la retina del elector, y menos en su corazón.

Lo anterior es una muy buena noticia para los opositores a la actual administración, pero es también constitutiva de un extraño dilema, ya que ni siquiera un plebiscito tecnológico como esta encuesta bastará para despejar en el corto plazo la generalizada voluntad concertacionista de introducir algún tipo de mecanismo de genuina competencia para legitimar políticamente una candidatura que ya está consagrada socialmente. Es una verdadera paradoja, y ésta se resuelve mediante el descubrimiento de las formas correctas de consagración de la candidatura de Bachelet: primaria, primera vuelta o deserción (simultánea o por separado) de quienes desean competir sin que el resultado se parezca a un asesinato en serie cometido por los partidos. Nuevamente, un asunto de formas, ya que es a través de ellas que la política se realiza en el día a día, para bien o para mal.

Pero, ¿cómo explicar este duradero y masivo sentimiento de adhesión a Bachelet tras más de dos años de abandono de la Presidencia y, junto a ella, del país? Claramente, no acudiendo a las confusiones que encierra la noción de “carisma”, un recurso que responde a situaciones de crisis (por algo, Weber pensaba en la figura del profeta como paradigma) y no al encanto personal del líder. Todo indica que no es sólo un buen recuerdo lo que se encuentra involucrado, sino también una cruel comparación con el Presidente Piñera, quien, encuesta tras encuesta, es percibido por los entrevistados como cada vez más distante. Lo anterior confirma la solución de continuidad que debiese acompañar la entronización política de Bachelet, suponiendo el uso de las buenas formas: retorno tardío a Chile bastante después de las elecciones municipales, en el entendido de que este largo tiempo debiese ser aprovechado para construir un cemento programático, ojalá sustentado en un proyecto histórico de largo aliento de la centroizquierda.

Es sobre estas bases sociales y políticas que Bachelet podría aprovechar un potencial de reinvención personal en el cual pocos han reparado, para enfrentar una elección que sabemos será de todos modos competitiva: transformar el buen recuerdo en futuro a través de la explotación de recursos nuevos de la ex Presidenta, asociando los atributos adquiridos de excelencia global y mundial con sus ventajas ya conocidas de proximidad.

Qué duda cabe: todos los ingredientes para una nueva oferta presidencial (en el pleno sentido del término) se encuentran disponibles, pero nada garantiza que los partidos y el conservadurismo casi reaccionario de buena parte de las élites concertacionistas sepan, quieran o busquen ratificarla en estos nuevos términos.

La discusión conceptual es útil, pero no es posible dejarla sólo en sede académica, pues lo esencial es la opción de política pública que posean quienes por mandato ciudadano deben cautelar en la cotidianidad el orden público.

El tema no es fácil, y requiere de un ejercicio intelectual y fáctico diario para quienes deben responder por el orden público, pues la comunidad los mira y juzga. Desde la recuperación democrática el debate ha estado instalado en la agenda pública y los gobernantes deben constantemente rendir cuenta de éxitos y fracasos en esta materia.

Siendo un concepto con elementos de permanencia en el tiempo, pero también mutante —lo que lo hace de suyo complejo—, es altamente discutible que la autoridad encargada pueda argüir que tiene protocolos de acción inmutables destinados a conseguir su mantención y vigencia. Da la impresión que el actual encargado tiende a cometer el error descrito y los hechos recientes parecen acreditarlo.

El gobierno de Sebastián Piñera en esta materia está en rojo, al debe, más todavía si partió de la presunción común —que no comparto— que estima que los gobiernos de derecha tienden a ser mejores en “orden público” versus los gobiernos de centroizquierda. Pero la realidad ha terminado por destruir esta presunción: ¿Alguien podría sostener con fundamento que los gobiernos de la Concertación tuvieron graves problemas con la mantención del orden público? Me parece que no.

En cambio, hoy sí se puede sostener que el Gobierno ha tenido y tiene serios problemas a la hora de ser evaluado en esta materia. Esto no resulta sólo del hecho, indesmentible, de que hay mayor y más permanente presencia ciudadana en la calle. A mi juicio, a eso debe agregarse incapacidad de anticipación, de diálogo oportuno y de entender que los “protocolos” no son inamovibles ni intransables, sumado a la tendencia a confundir participación con desorden.

El Gobierno, en particular el ministro del Interior y Seguridad Pública y quienes en esta materia le responden (Carabineros, intendentes, gobernadores), debe ser capaz de revisar constantemente sus estándares de acción y reacción.

Por otro lado, quienes estamos en la oposición debemos ser especialmente rigurosos a la hora de parecer dar aval de legitimidad social a cualquier acción que altere el orden público. Ello sería altamente irresponsable, en particular para quienes prontamente esperan estar al otro lado del mostrador, por voluntad del soberano. 

En los últimos meses, distintos actores políticos han intentado instalar la noción de que esta administración busca imponer una determinada visión de sociedad por medio del uso ilegítimo de la fuerza pública. Más allá de tratarse de una acusación irresponsable e infundada, evidencia un desconocimiento malintencionado de la legitimidad del Gobierno e inflinge un grave daño a nuestra institucionalidad democrática.

Desde mediados del año pasado a la fecha, la cantidad de personas dispuestas a generar hechos de violencia, aprovechando toda clase de convocatorias, aumentó sostenida y preocupantemente. Y si buscamos cuál es la gran diferencia entre el escenario forjado por las fuerzas democráticas en el período 1990-2010, comparado con el que se ha ido asentando ahora, ésta es sin duda la falta de una condena unánime y decidida al uso de la violencia.

Oposición y oficialismo construimos y respetamos un consenso básico, que emanaba de un diagnóstico común acerca de la polarización y violencia previa al 11 de septiembre de 1973, como una de las causas relevantes del quiebre democrático. Este consenso condujo a quienes insistían en alzar la vía violenta como expresión política a transformarse sólo en una minoría bulliciosa e irrelevante.

Hoy, la falta de repudio político a la violencia, siempre ciega y sin destino, ha validado frente a un porcentaje no menor de la población, hechos no tolerados durante más de 20 años, tales como bloqueos de rutas, destrucción de escuelas públicas y personas lesionadas. Me atrevo a denunciar como irresponsable el silencio de una parte de la clase política evidenciado en 2011 y que se torna intolerable este 2012.

En 2011, las alteraciones del orden público crecieron un 161% (respecto de 2010), la cantidad de Carabineros heridos aumentó en un 1.393% y, lamentablemente, sólo el 0,09% de los detenidos por alteración al orden público en la Región Metropolitana quedó en prisión preventiva. Esta es la segunda ausencia que agrava el problema: la falta de condena judicial.

Como Gobierno hemos asumido la tarea de apoyar el fortalecimiento policial, a través de políticas públicas que mejoren la capacidad operativa de las instituciones. Además, hemos aportado trabajo de coordinación intersectorial, tal como se apreció en el último Día del Joven Combatiente y, adicionalmente, promovemos un proyecto de ley de Orden Público que tipifica con mayor precisión esta clase de ilícitos, lo que debería significar una mejora en materia de persecución penal y condena judicial.

Cuando se insiste en representar la falsa imagen de un Estado policial en acción, sólo queda reiterar que en Chile se vive bajo un Estado de derecho, propio de naciones con una democracia sólida. 

Hace casi 5 años, en septiembre de 2007, el ex canciller Juan Gabriel Valdés afirmaba que el respaldo que Chile —en la ONU— entrega anualmente al reclamo argentino de soberanía debía “ser reforzado, promoviéndose una posición común subregional y latinoamericana de apoyo a la Argentina”.

Hoy día, enero de 2012, la posición común por la cual abogaban los patriotas latinoamericanos es una realidad. Ello no sólo obedece a una genuina solidaridad con los legítimos e irrenunciables derechos argentinos de soberanía; la región es hoy consciente de que la contumaz negativa británica a negociar, en tanto avanza en la explotación ilegal de recursos naturales renovables y no renovables, afecta y afectará intereses centrales de nuestras naciones.

En estos días, el Reino Unido —ante el creciente aislamiento internacional de su posición— ha desplegado un notable esfuerzo retórico orientado a deformar tanto la esencia del diferendo de soberanía conocido como «Cuestión Malvinas», como sus ilegales actividades de explotación en espacios marítimos argentinos. Representantes británicos aluden a un supuesto derecho de autodeterminación de la población isleña. Omiten señalar que el principio de autodeterminación no es aplicable a esta cuestión que, como afirmó el actual embajador de Chile ante la ONU, constituye un caso “especial y particular que se diferencia de otras situaciones coloniales debido a la existencia de una disputa de soberanía entre dos Estados”. El principio de autodeterminación no es aplicable a la Cuestión Malvinas, pues ello vulneraría el principio de integridad territorial de los Estados; en este caso, la integridad territorial argentina. Esto se relaciona con el origen de esta cuestión, con el despojo que sufriera la Argentina en 1833, con el inicial desalojo de las autoridades y pobladores argentinos allí establecidos y su reemplazo por súbditos de la potencia ocupante, así como con la persistencia de una política deliberada de mantener una población caracterizada por su “britaneidad”. Al propugnar la aplicación del principio de autodeterminación a este caso, el Reino Unido pretende burlar el proceso de descolonización, impidiendo la solución de la disputa de soberanía.

Otro aspecto del británico ejercicio sofista refiere a la intención de camuflar el afán de multiplicar la depredación de recursos naturales en mares argentinos, creando al efecto un pretendido pabellón, a todas luces ilegal. Y, además, catalogar de “bloqueo” a medidas y decisiones —nacionales y regionales— que apuntan a salvaguardar derechos soberanos (la reciente decisión del Mercosur y Estados asociados no impide el ingreso a puertos de la región de embarcaciones que enarbolan banderas legítimas y abastecen a las Islas: ¿dónde está el “bloqueo”?). La Academia define así el vocablo «sofisma»: “Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso”. Es la definición misma del más reciente episodio del británico ejercicio sofista: acusar a la Argentina de “colonialista”, siendo que de los 16 territorios no autónomos que aún quedan en el mundo, 10 están bajo dominio colonial del Reino Unido, en tanto mi país jamás poseyó ni pretendió poseer colonias.

La comunidad internacional ha determinado que el único modo de poner fin a la Cuestión Malvinas es la solución negociada del diferendo entre la Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los objetivos y disposiciones de la Carta de la ONU (entre ellos, el principio de integridad territorial), así como los intereses (no los deseos) de la población isleña. Argentina está dispuesta al diálogo. ¿Por qué no lo está el Reino Unido?

Argentina, acompañada por Chile, América Latina y la amplia mayoría de la comunidad mundial, no renunciará jamás a sus derechos de soberanía, al tiempo que mantendrá su actitud constructiva para alcanzar, por vía de la negociación, una solución pacífica y definitiva a esta anacrónica situación de colonialismo británico en suelo americano, que en el siglo XXI no resulta concebible. Algo que el Reino Unido se niega a escuchar y a aceptar.

Chile y el Reino Unido son países amigos desde los primeros años de la independencia chilena. Yo personalmente llevo dos años acá y he forjado lazos estrechos con esta tierra y su gente. Pero si bien me siento muy cercano a Chile, no voy a ocultar la decepción de mi gobierno ante la medida tomada por Chile, junto a los países que integran el Mercosur y sus asociados, de negar el acceso a sus puertos a barcos con bandera de las Islas Falklands.

Chile tiene una posición distinta a la nuestra acerca de la soberanía del Reino Unido en las Falklands y la respetamos. Pero creemos que, en definitiva, son los isleños, y no Londres ni Buenos Aires, ni otros, los que deben determinar el futuro político de las Islas.

Imponer a los isleños un futuro político sin tener en cuenta sus deseos, pretendiendo que otros puedan velar por “sus intereses” sin preguntarles, equivaldría exactamente al tipo de “colonialismo” que algunos profesan rechazar. ¿Sobre qué base democrática podría alguien dictaminar que los ciudadanos de las Falklands no tienen derecho de autodeterminación?

El Reino Unido moderno rechaza el colonialismo y, con él, todo intento de ignorar el principio de la autodeterminación. Las Falklands no son una “colonia”: son un Territorio de Ultramar moderno y autogobernado, reconocido como tal por la Unión Europea. Sus principios democráticos de gobierno se reflejan en su propia asamblea elegida y en su Constitución, que garantiza la plena libertad de expresión, incluso para abogar por un cambio respecto de la soberanía de las Islas. Y si alguien no me cree, que pregunte a alguno de los 200 chilenos residentes, que representan más del 6% de la población civil.

En las Falklands hay una comunidad que ha vivido en las islas por generaciones durante casi 200 años, y a la cual corresponden los mismos derechos políticos y democráticos que Chile y el Reino Unido han luchado por salvaguardar. Ya nació en las Islas el primer ciudadano de novena generación y este grado de arraigo nos habla de antepasados cuya presencia allí se remonta más atrás de lo que pueden exhibir muchos ciudadanos de países de América del Sur.

Estoy consciente de la importancia que tienen para Chile las relaciones con su vecino, y apoyamos las iniciativas para promover la integración y el comercio entre ambos países.

No tenemos nada contra Argentina. Y mientras no se ponga en duda la soberanía de las Falklands, el Reino Unido está siempre dispuesto a conversar: sobre una administración conjunta de los recursos pesqueros; exploración de hidrocarburos y sobre cómo reforzar los vínculos aéreos y marítimos entre las Islas y Sudamérica. Pudimos discutir esos temas en los noventa, y debiéramos ser capaces de hacerlo ahora.

Lamentablemente, las administraciones recientes de Argentina han tenido un enfoque menos constructivo. Se retiraron de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, lo que podría causar serios daños a esos recursos. Argentina se retiró del acuerdo de 1995 sobre cooperación en materias de exploración petrolera y está obstruyendo la labor de las empresas que operan en aguas de las Islas, contraviniendo con ello los principios del libre comercio internacional.

Argentina dificulta a los barcos pesqueros de las Falklands su trayecto a Uruguay y ha amenazado con cortar el único vínculo aéreo entre las islas y América del Sur, el vuelo semanal de LAN desde Punta Arenas. Esta política argentina equivale a un bloqueo económico incipiente: busca intimidar a la población de las Falklands, cuya posición el gobierno británico respalda y siempre resguardará, alejando con ello aún más la probabilidad de que los isleños sientan respeto por la posición argentina.

Espero que los recientes hechos no pongan en riesgo la cooperación regional con las Islas. Participar de una política argentina contra la economía de las Falklands sería indigno de cualquier país respetuoso del derecho internacional y de los principios del libre comercio.

Las Falklands y Chile han disfrutado de una relación beneficiosa desde fines de 1800, y los vínculos humanos, en particular con Magallanes, han enriquecido a ambos pueblos. El gobierno británico seguirá haciendo todo lo posible por mantener su excelente relación con Chile y fomentar los vínculos que han contribuido a la prosperidad de ambos pueblos, pues creo que ése es el rol de un país amigo.

Malas noticias para los partidarios del Gobierno, sin duda. Y especialmente descorazonantes para los pesimistas, aquellos seres que ven en cada suceso la confirmación de sus peores temores.

Para otros en cambio —entre quienes me cuento— esta encuesta viene a confirmar, por ahora, una cosa y sólo una: que este gobierno no está siendo popular. Una obviedad (y una simplificación) del porte de una catedral, lo sé. Pero, aun así, cierta.

Porque aunque muchos en la oposición quieran sacar cuentas alegres y tener otro motivo por el cual brindar este año nuevo, la verdad es que, ni esta encuesta dice que se esté haciendo un mal gobierno, ni tampoco garantiza que la oposición tenga asegurada su vuelta al gobierno el 2014. Si así fuera y las continuidades de las coaliciones se aseguraran por la aprobación de los mandatarios en las encuestas, Eduardo Frei estaría hoy en La Moneda y no cayéndose del sondeo sobre personajes públicos, con una evaluación positiva del 23%.

Curiosamente, esta baja aprobación no ha impedido que el Gobierno haya llevado adelante su programa. De hecho, y sin ir más lejos, éste fue un muy buen año en materia legislativa. Mientras las calles ardían y su popularidad bajaba, el Gobierno se dio maña para aprobar el posnatal de 6 meses, para eliminar el 7% de los pensionados, instaurar el Ingreso Etico Familiar y además hacer realidad la inscripción automática y el voto voluntario, incorporando al padrón electoral 4,5 millones de potenciales nuevos electores.

 Todo esto, mientras el país se mantenía en una senda de crecimiento sólida, el desempleo caía a niveles del 7% y se percibían algunas mejoras relevantes en gestión de áreas tan sensibles como la salud y la eliminación de las listas de espera Auge.

¿Quiere decir esto que la popularidad no importa? Por supuesto que no. Importa. Y mucho. Los partidarios de la Concertación lo saben lo suficientemente bien, al punto que con un 16% de aprobación y todos sus líderes jóvenes con aprobaciones irrelevantes, suspiran aliviados, y católicos, ateos y agnósticos elevan sus oraciones para que la silente Michelle Bachelet no los abandone.

Ahora, que la popularidad importe mucho, no implica que sea lo único que importe. En los tiempos que corren, la imagen parece serlo todo y el contenido pesa cada vez menos. Y se nos olvida que gobernar dice relación con el fortalecimiento de la democracia y con mejorar la calidad de vida de las personas en el largo plazo a través de buenas políticas públicas. Dos cosas que sí ocurrieron en este duro 2011. Porque aunque la cuña de la “letra chica” haya sido eficiente para la oposición, la letra grande dice con claridad que es en este gobierno de Sebastián Piñera y no en otro que las madres que den a luz podrán estar más tiempos con sus hijos, los pensionados podrán disponer de más recursos, las familias pobres ver aumentada su dignidad y muchos jóvenes que hoy descreen de la política y del sistema podrán empezar, quizás, a participar.

No poca cosa para un supuesto año terrible.

Para muestra, un botón: las expectativas económicas son malas (55% piensa que el país está estancado y sólo un 20% piensa que su situación económica va a mejorar); la aprobación del Gobierno empeoró respecto de julio cayendo de 26% a 23%; y el estado de ánimo de los encuestados es más bien de preocupación (48%), enojo (43%) e indignación (39%) más que de esperanza (26%) y orgullo (19%).

Para consuelo del Gobierno, hay que señalar que la encuesta CEP tiene el suficiente rezago como para conjeturar que el ánimo de hoy no es el mismo que en noviembre, cuando se vivió uno de los períodos más conflictivos del debate educacional.

En buenas cuentas, desde que se aprobara el presupuesto de Educación hasta ahora no son pocas las actividades y anuncios que ha realizado el Gobierno que permiten suponer que el ambiente debiera haber mejorado para éste.

Pero la encuesta también nos entrega información relevante sobre otros aspectos.

En primer lugar, visualizamos una gran paradoja: los encuestados creen que las instituciones y el país están mal; sin embargo, no tienen miedo de que lo que está ocurriendo sea el inicio de una crisis institucional. Han descubierto que las marchas —en la medida que sean pacíficas— son medios políticos legítimos: un 62% está de acuerdo en “que los estudiantes organicen marchas para protestar” y a la vez un 79% está en desacuerdo con que “los estudiantes marchen por lugares no autorizados”.

Lo anterior se ve además refrendado por los resultados de la encuesta La Segunda-UDD respecto del balance que hacen las personas sobre el año 2011.

En concreto, más de un 84% declara que en lo familiar el presente año fue bueno y muy bueno, un 72% lo manifiesta respecto de lo económico, y un 69% y 76% en lo laboral y sentimental respectivamente. Sin embargo, en lo político sólo un 25% señala que el 2011 fue muy bueno y bueno.

¿Qué sucede, entonces? Que las personas están separando claramente estos dos mundos —el institucional y el personal— y que en buenas cuentas exigen estándares éticos de coherencia entre el discurso y la práctica mucho mayores. Lo complicado en todo esto es que dichos estándares también se los apliquen a ellos mismos, es decir, que todo este reclamo no sea sólo un mirar la paja en el ojo ajeno y no en el propio.

Estos antecedentes permiten suponer que lo que se viene en materia política exigirá mucha más convicción y sentido pedagógico. Y esto, por contradictorio que parezca, es precisamente porque no se puede gobernar a punta de cálculos electorales y sin plantear a la ciudadanía el significado y alcances de las políticas públicas que se lleven a cabo.

Asimismo, no se puede seguir con una política pirotécnica que sólo busca reaccionar y rasgar vestiduras ante el advenimiento de los hechos. A la larga la población valorará mucho más la seriedad de las medidas de gobierno en tanto ellas anticipen y respondan a sus propios planes. Es decir, una política más marcada por la contingencia requiere de un Gobierno mucho más responsable y menos determinado por la misma. En este contexto, los cambios en el gabinete pueden ser una oportunidad, sobre todo en lo que respecta a Educación, con la incorporación de una figura como Harald Beyer, notable por su claridad de conceptos en esta materia..

Un segundo punto tiene que ver con los liderazgos: queda en evidencia que Michelle Bachelet y Laurence Golborne están lejos del resto de los actores políticos en términos de evaluación positiva. Si bien en el caso de Bachelet la diferencia es significativamente mayor respecto de quienes le siguen en la Concertación (en este caso se trata de Carolina Tohá, mencionada sólo por un 2% como la figura más importante del conglomerado), la distancia en el caso de Golborne con el resto es también importante (Andrés Allamand, quien le sigue, es mencionado como la figura más importante sólo por un 5%).

Más allá del verdadero desplome del Gobierno y de la derecha en todos los ámbitos (declive de la identificación en ese lado del eje, desaprobación del Gobierno y del Presidente, desapego por la Coalición por el Cambio, etc.), lo realmente interesante se encuentra en otra parte.

Por primera vez se les pregunta a los chilenos cómo se sienten “acerca de como están las cosas en el país”: 48% se siente preocupado, 43% enojado y 39% indignado, lo que contrasta con los bajísimos porcentajes que registran alternativas más positivas, como el sentirse orgulloso y esperanzado. Casi se podría decir que en estas respuestas hay algo así como una iracundia contenida, lo que se confirma con las respuestas recogidas por una histórica pregunta sobre comportamientos que la literatura científica califica como participación política no convencional.

Contrariando todas las apariencias, no estamos en presencia de un pueblo movilizado: la encuesta CEP no registra un incremento de la actividad manifestante, tampoco un aumento de la firma de peticiones, ni menos de la asistencia a reuniones políticas o el haberse involucrado en campañas de recolección de fondos para causas sociales o políticas. Un resultado algo contra-intuitivo, ya que razones para manifestar o movilizarse de algún modo en este periodo hubo de sobra.

De lo anterior no se sigue, sin embargo, una representación de despolitización. Muy por el contrario: contra la ignorante e irritante tozudez sobre lo que aquí se juega por parte de la UDI, resulta aleccionador constatar que el 60% de los encuestados declara que “el binominal debe cambiarse” (un aumento de 15 puntos respecto de hace un año), un dato lo suficientemente elocuente como para convencerse que la reforma electoral es social y políticamente pertinente. Junto con esto, lo que se confirma y profundiza es una desafección a gran escala con todas las instituciones públicas, es decir con aquellas que hacen posible la vida en común, partiendo por la propia “democracia”: el 29% de los chilenos cree que funciona “mal o muy mal” (un aumento de 16 puntos en un año), a lo cual se suma un declive de la confianza en el Gobierno (22%), en el Congreso (13%) y en los partidos políticos (7%).

Sería fácil y hasta deprimente continuar con el inventario, incorporando a una “oposición” cuyo desempeño es también abrumadoramente criticado.

Llegó la hora de emprender el camino de reformas políticas cuyo adjetivo puede tener mala fama, lo que no invalida la necesidad de nuevos arreglos institucionales. ¿Cuáles? Desde la reforma del binominal hasta el financiamiento de los partidos, pasando por modificaciones al pesado presidencialismo chileno, el control de la injerencia del dinero en política y la incorporación de mecanismos vinculantes de democracia directa.

¿Para qué incursionar por esta ruta que podría suponer redistribución del poder hacia, quizás, nuevas fuerzas y en cualquier caso nuevos “rostros”? Para canalizar el malestar hacia una forma más amable de organización del poder político.

¿Serán suficientes estas reformas? No, porque el malestar también tiene que ver con instituciones privadas, como la Iglesia Católica, el empresariado o los medios de comunicación, es decir con algo tan intangible como las elites sociales, culturales y económicas: y para dar cuenta de este malestar con las elites, lo que debe ser sometido a escrutinio público es el “modelo”, esto es la forma organizada que distribuye sistemáticamente prestigio, autoridad, riqueza y estatus, a la vez que garantiza una forma de dominación. 

Si los últimos meses los estudios de Adimark habían dado un respiro, mostrando una tímida recuperación, el CEP ha puesto un serio signo de interrogación sobre tales cifras. Es cierto que no es lícito comparar estudios con metodologías diferentes, pero lo significativo ahora es que no estamos sólo ante números distintos, sino frente al hecho más fundamental de tendencias en sentido contrario: Adimark mostrando un giro hacia la recuperación y el CEP ilustrando una profundización del deterioro. Con seguridad, los sociólogos tendrán aquí un bocado para deleitarse durante un tiempo con el análisis comparado y las disquisiciones ‘técnicas’.

Pero el caso es que este año negro para el Gobierno termina hoy día en un complejo y amargo aguadero de fiesta, con la aprobación del Presidente Piñera cayendo a un escuálido 23% y la desaprobación empinándose al 62%.

Números realmente para tiritar y que dejan en evidencia no sólo el arrollador efecto que ha tenido este 2011 problemático, sino también que todo lo que se hizo para intentar revertir el cuadro ha sido completamente ineficaz. De nada parece haber servido el cambio de gabinete de hace unos meses, la mayor densidad política aportada por los nuevos ministros; ni el posnatal, ni la eliminación del 7%, ni el ingreso ético familiar. Ni siquiera el evidente desgaste de la movilización estudiantil durante las últimas semanas habría tenido un efecto positivo sobre la imagen de un Presidente y un Gobierno que, a estas alturas, parecieran estar condenados a la desafección y al descontento hagan lo que hagan.

En rigor, si hay una conclusión general que sacar de estas cifras, es que el diagnóstico y las vías de intervención sobre esta ‘enfermedad crónica’ no han dado en el blanco.

El Gobierno y el Presidente lo han ensayado ya prácticamente todo, han jugado sus cartas hasta el punto de quedar casi sin repertorio, y la cura de su mal no se ve por ninguna parte. Afirmar en estas circunstancias que ‘al Presidente los chilenos simplemente no lo quieren’ resulta ya demasiado benigno. Hay aquí un mar de fondo, denso e indescifrable, al cual el Gobierno se ha visto arrastrado sin apelaciones y del que no hay esperanza de que pueda salir en el corto plazo. Más aun, cuando miembros de su gabinete terminan esta semana yéndose para la casa ‘por razones personales’, es decir, por cansancio, desgaste, aburrimiento o lo que sea, pero, en definitiva, dejando en el aire una delicada sensación de estar finalmente ‘tirando la esponja’.

El Gobierno podrá verse tentado a asociar sus dificultades a un cuadro de deterioro general, donde las instituciones y fuerzas políticas de un lado y de otro se han visto arrastradas por el descontento. Pero es en verdad un consuelo ‘pírrico’, en la medida en que todo este clima de malestar ocurre precisamente en el escenario de la alternancia, cuando se suponía que el cierre de un ciclo histórico y el comienzo de otro abriría las puertas a nuevas energías y liderazgos. Nada de eso ha ocurrido: la gente se siente irritada y lo que es más grave, insegura, en un momento en que el país se prepara para recibir los embates de una economía mundial en serias dificultades. Y el problema es que la falta de confianza en las autoridades e instituciones no hace sino profundizar a la larga el clima de desánimo y desconcierto.

¿Será posible seguir apostando a que los logros de gestión al final terminarán por ser reconocidos y valorados por la ciudadanía? ¿Puede un Gobierno sostenerse en la mera constatación de que sus opositores están en una situación todavía peor en las encuestas?

Difícil. Sobre todo, cuando lo que se avecina es el inicio de un nuevo periplo electoral, donde la lógica de las expectativas se entronca con la evaluación de lo realizado y donde el futuro no puede desvincularse sin más de las percepciones que la gente tiene sobre el presente. En definitiva, una caja de Pandora…

Sus logros son evidentes. Hicieron caer a uno de los ministros estrella del gabinete, instalaron el rechazo al lucro en la educación como sentido común, provocaron el divorcio definitivo de la ciudadanía con el Presidente Piñera, forzaron al Gobierno a comprometer medidas que hasta hace poco parecían concesiones imposibles e hicieron que la Concertación tomara definiciones que la llevan a romper conceptualmente con la continuidad del modelo educativo que sólo perfeccionó pero no cambió en sus dos décadas de gobierno.

Nadie discute que el movimiento tiene una base gremial reivindicativa, la asfixia económica de buena parte de las familias con hijos universitarios. Pero también es indiscutible que ha construido un proyecto de sociedad, una imagen más o menos nítida del país en el que quisieran vivir y por el que se disponen a luchar.

Esta es la primera generación sin miedo desde los años 70, decidida a poner en cuestión las bases mismas del modelo de desarrollo chileno, que extrema el choque de expectativas cada vez más iguales con oportunidades cada vez más dispares. Que convierte en intolerables los niveles de desigualdad a los que generaciones previas se terminaron acomodando.

Más allá del modo en que los estudiantes cierren este ciclo de movilizaciones y los avances concretos de su agenda de cambios, asistimos a la emergencia de una nueva generación política, que más temprano que tarde le dará un saludable golpe de renovación y cambio al sistema político chileno. Han develado que la política chilena está varios grados más a la derecha —en lo económico, social y cultural— que la sociedad, cuyos cambios no se han reflejado en transformaciones relevantes.

Si continúa paralizada por el miedo al cambio verdadero sin entender la profundidad de lo que ocurre, la derecha volverá a ser minoría por mucho tiempo en Chile. Si los partidos de centro e izquierda no reaccionan a tiempo poniendo su ideario y sus prácticas en fase con los cambios que ha experimentado la sociedad chilena, la nueva generación política terminará encontrando sus propios cauces institucionales.

El apoyo que los partidos de la Concertación dieron a la convocatoria a paro de la CUT —finalmente un fracaso, pues la mayoría de los chilenos sí fue a trabajar— se enmarca dentro de las acciones que la oposición ha resuelto impulsar, luego de que se impusiera al interior de esa coalición la decisión política de intentar demostrar que la centroderecha no es capaz de garantizar gobernabilidad.

Recordemos que durante la última elección ésa fue la campaña del terror soterrada que impulsaron sectores de la Concertación: si ganaba la derecha, el país sería ingobernable y, por lo tanto, más valía un gobierno mediocre o más malo, pero que permitiera vivir en paz y tranquilidad.

Esta tesis es doblemente falsa. Primero, porque las grandes manifestaciones ciudadanas —que básicamente han sido de los estudiantes— se habrían producido exactamente igual en un gobierno de la Concertación, ya que su origen proviene de ese período y su causa es justa, toda vez que el país aumentó a un millón 15 mil el número de estudiantes en la educación superior, pero sólo el 16% recibe una beca parcial y otro 39% tiene que recurrir a créditos que, por sus altos intereses y formas de cancelación, resultan impagables, lo que genera frustración e impotencia en los padres y también en los alumnos.

En segundo lugar, porque el fracaso del paro de la CUT es una demostración de que los chilenos no se tragan las peticiones demagógicas de sus dirigentes y se dan cuenta de que el país avanza, genera empleos, enfrenta con tranquilidad la crisis económica mundial, pero, simultánea y legítimamente, exigen al Gobierno que estos beneficios lleguen a la clase media y que los defienda de los abusos y atropellos de que son víctimas en sus derechos como consumidores y usuarios de empresas privadas y servicios públicos.

Estamos en un punto de inflexión para ambas coaliciones, pensando en la próxima elección presidencial. Si el Gobierno saca adelante con planteamientos concretos un cambio en la calidad y financiamiento de la educación y pone atajo a los abusos en los derechos ciudadanos, el próximo Presidente será de la Coalición por el Cambio. Si la Concertación cambia en 180 grados y se transforma en un actor que colabora con el Gobierno en resolver las demandas ciudadanas, se le abre la puerta para una opción presidencial viable. Si Gobierno y oposición hacen su pega bien, estaremos frente a una elección estrecha, pero en ambos casos se habrán resuelto problemas importantes y el país habrá ganado.

Es aventurado emitir juicios sobre eventual comportamiento electoral cuando falta un año para la próxima municipal y más de dos para las presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, hay algunas ideas que desde ya es posible plantear.

La primera de ellas, aunque sea casi grotescamente evidente, es la de que, de mantenerse la situación actual de alta movilización social, los próximos procesos electorales serán un desastre para el Gobierno, a quien los votantes atribuirían la mayor responsabilidad, sin perjuicio de lo cual también habría un castigo importante para todo el resto de la clase política. Pero además creo que, aun si el Gobierno logra destrabar el conflicto educacional y encontrar una salida, también pagará un costo importante. Y es que ya está instalado en la ciudadanía el convencimiento de que, si se hay una solución a los problemas, ella será producto, no de la voluntad de La Moneda, sino de la presión social; la mejor prueba de ello es la constatación de que, a mayor cantidad de marchas, mayor ha sido la cantidad de propuestas que ha debido hacer el Ejecutivo. Pero incluso al margen de las dificultades producto de las movilizaciones, el Gobierno enfrentará las elecciones de 2012 y 2013 acumulando en su balance un conjunto de pasivos que ya la gente tiene internalizados: está claro que con la llegada de la derecha al poder no hubo un cambio en la forma de gobernar; el gran pilar de su campaña, la promesa de terminar con la delincuencia, ha derivado en un fracaso, graficado en que hasta le asalten la casa a la hija del Presidente; los conflictos de intereses han dado una tónica y las criticadas sillas musicales siguen operando. En resumen, la revolución de expectativas que desató Sebastián Piñera antes de ser electo ha derivado en un conjunto de fracasos ya incorporados al historial de este gobierno.

Por cierto, nada de lo anterior significa que automáticamente a la Concertación le vaya a ir bien. Son muchos los problemas que ella debe enfrentar. Desde luego, tiene que resolver con urgencia qué tipo de oposición va a ejercer, asunto que —a un año y medio de asumido el Gobierno— aún no aclara. Es evidente que necesita ordenarse, pero además reinventarse y hacerse cargo de desafíos y temas nuevos que hoy marcan la agenda ciudadana, pues hasta ahora su rol ha sido solamente contestatario y ello está lejos de ser suficiente. No debemos obviar que en el cuadro chileno actual se está generando un espacio para el surgimiento de candidatos parlamentarios y eventualmente un presidenciable que no obedezcan a ninguna de las dos grandes coaliciones. Si ellos llegaran a tener éxito, nosotros, como Concertación, seríamos en parte responsables por no haber sabido ocupar creativamente dicho espacio.

La combustión, igual que ayer, ha tenido una preparación implacable y cuidadosa, facilitada por nuestras propias falencias y defecciones: la deificación de Salvador Allende, la descalificación moral de todos los que permitimos el gobierno militar, el descrédito del Parlamento y los partidos, el anatema de la Iglesia Católica, el desprecio a las FF.AA. y de Orden, la demolición de la familia y la glorificación de cuanta protesta sea posible.

Como en tiempos de Alessandri y Frei M., no faltarán parlamentarios —cuya tardanza e irresponsabilidad intelectual queda simbolizada en el propio hijo del segundo— jugados a desestabilizar al Gobierno y a subvertir el orden institucional, en un doble juego que opera desde el pasillo del Congreso hasta la barricada callejera. Ellos van a soplar las llamitas de todos los derechos y demandas insatisfechas, pero cuidadosamente preservadas durante los últimos 20 años. Ellos avivarán los ventarrones ideológicos de la izquierda globalizada, modelo 2011, tan parecidos a los de Francia 1968.

Dos noticias adicionales para los que miran con expectación deportiva las primeras lenguas de fuego de esta crisis. Una mala, la revolución no va sólo contra el Gobierno, o la Alianza, o aun la clase política, sino contra todo el sistema y cada uno de los actores sociales y económicos de la transición que está concluyendo. Otra, si no buena, representativa, al menos, de una oportunidad para que los políticos responsables de derecha, izquierda o centro nos agrandemos, porque el natural cuerpo de bomberos para conjurar este amago es el Congreso Nacional. No estuve en el de 1973, incapaz de manejar y apagar un incendio que se extinguió recién en 1990. Ruego a Dios estar ahora en uno que sí sea capaz.

No corresponde catalogar de convulsión social las legítimas demandas que la sociedad chilena exige al sistema político desde la calle. Muy por el contrario, la ciudadanía nos está señalando una necesidad de cambios que por vía democrática los actores de la política debemos atender. Lamentablemente, este gobierno no ha tenido el buen criterio político y no ha visto lo que es evidente. Pero aún tiene tiempo de enmendar el rumbo.

Para ello hay que abordar lo que la ciudadanía está diciendo en cada manifestación pública, y es que estamos conviviendo en una sociedad profundamente desigual, abusiva y donde se requiere a la brevedad de una mayor y verdadera participación democrática que ponga fin a estas injusticias. En este marco se hace necesario hacer una apertura al diálogo en áreas básicas que nos demanda la ciudadanía: una nueva Constitución, un nuevo Código del Trabajo, una reforma educacional, una nueva institucionalidad que defienda a los consumidores y el vínculo de energía y medio ambiente. Sin duda alguna que para sostener este esfuerzo fiscal en materia social debe realizarse una profunda reforma tributaria que ponga el acento, por fin, en las personas. Es así como la oposición se hará parte de un diálogo fecundo, sobre la base de propuestas, de un contenido que nos allanará el camino para entendernos.

En materia educacional, para algunos la forma de enfrentar el problema es legitimando el lucro, y para otros ?como los socialistas? es fortalecer un Estado que asegure a los estudiantes una educación de calidad y gratuita y, obviamente, sin lucro.

Esta polaridad evidente ha denotado que las instituciones políticas son aún insuficientes y requieren de una solución de emergencia. Por ello, insistimos en la necesidad de realizar un plebiscito vinculante en esta materia, que sancione legítimamente estas diferencias. Preguntar al soberano legitima las decisiones que haya que tomar. Claramente, si las instituciones mejoran su prestigio y adhesión, tendrán la legitimidad suficiente en el futuro para resolver estos problemas, pero hoy día un plebiscito es una alternativa necesaria y adecuada.

Ahora el Gobierno tiene la palabra. Esperamos que la declaración de intenciones de mejorar su gestión en este ?segundo tiempo? sea realmente efectiva. La ciudadanía los está esperando.